«Estamos hablando de una autoridad, cuyos actos son de interés público y que más aún están enfrentando un período de campaña electoral. En esas condiciones se está vulnerado el derecho constitucional a la información de los ñuñoínos», sostuvo Vergara.
Como una situación insólita y grave calificaron los querellantes en la causa que se sigue en contra del alcalde de Ñuñoa Pedro Sabat, por los delitos de falsificación y perjurio, la resolución del Fiscal Felipe Sepúlveda de prohibir el acceso al sumario hasta el 10 de octubre próximo.
Así le fue informado por el propio fiscal al querellante, el concejal PPD Pablo Vergara, quien aseguró que todo lo avanzado hasta ahora se debía a la transparencia del nuevo sistema penal. «Estamos sorprendidos, porque Sabat debía declarar hoy, bajo apercibimiento de arresto y no sabremos si se presentó antes de la citación o definitivamente no llegó y por tanto, no sabemos cual es su situación», manifestó.
Asimismo, sostuvo que la decisión de la Fiscalía no se condice con los principios de transparencia e igualdad ante la ley. «Estamos hablando de una autoridad, cuyos actos son de interés público y que más aún están enfrentando un período de campaña electoral. En esas condiciones se está vulnerado el derecho constitucional a la información de los ñuñoínos», sostuvo Vergara.
Cabe consignar que dicha causa se inició en una querella interpuesta por el concejal PPD, a raíz de la falsificación de un documento con el que Pedro Sabat habría intentado sin éxito, informar a la Contraloría el término de una sociedad con Mario Gómez Puig (con un sueldo de 6 millones de pesos mensuales) quien, además de ser su socio, figura como vicepresidente de la Corporación Municipal de Ñuñoa, lo cual fue estimado como falta a la probidad en el Informe Final de la Contraloría General de la República.
A partir de lo anterior, el concejal Pablo Vergara informó que junto a su abogado Alejandro Chaparro, estudiarán los pasos a seguir, considerando que la principal característica del nuevo sistema penal es la transparencia y carácter público de los actos lo cual debe regir para todas las personas por igual.
