Diputados del PPD anunciaron que pondrán a disposición del Ministerio Público todos estos antecedentes a fin de que la justicia investigue si existe perjuicio económico y relación de causalidad en este caso y se ejerzan las acciones penales correspondientes.
Los diputados PPD, Enrique Accorsi, integrante de la comisión de Recursos Naturales y Antonio Leal, presidente de la comisión de Economía, denunciaron la utilización fraudulenta de la Ley de Concesiones Mineras por parte de la Sociedad Endesa-Colbún a cargo del proyecto Hidroaysén, como lo había informado El Mostrador.cl.
Los legisladores explicaron que la Sociedad a cargo del proyecto Hidroaysén contrató los servicios de la ex directora de Sernageomin, María Teresa Cañas Pinochet, sobrina del extinto general Augusto Pinochet, para obtener concesiones mineras con la única intención de facilitar el proyecto hidroeléctrico.
Situación que a juicio de los parlamentarios reviste un delito.
«En este caso se pretende utilizar la Ley de Concesiones Mineras, no para explorar o explotar efectivamente recursos mineros, sino que con la única intención de obtener ventajas económicas, ya que al constituirse las concesiones, ya sea de exploración o explotación, se deprecian los terrenos que luego habrá de adquirir la misma Sociedad para el desarrollo de su proyecto», señalaron.
El fraude a la ley en este caso «es evidente, tanto más si se considera que ni Colbún ni Endesa son empresas cuyo giro sea la exploración o explotación de recursos mineros».
«Estamos en presencia de una verdadera puesta en escena, donde la utilización de la Ley de Concesiones Mineras es parte de un artilugio, donde además se engaña al juez que otorga la concesión y donde la sobrina de Pinochet aparece como testaferro del consorcio Endesa – Colbún, ya que es pagada por ellos para obtener las concesiones», manifestaron los diputados.
Para Accorsi y Leal el sólo hecho de solicitar una concesión no es ilegal, pero si se analiza el contexto dentro del cual se solicitan las concesiones por parte de María Teresa Cañas Pinochet, es posible sostener "que estamos en presencia de uno de los primeros elementos de un delito de estafa".
Por ello, anunciaron que pondrán a disposición del Ministerio Público todos estos antecedentes, a fin de que la justicia investigue si existe perjuicio económico y relación de causalidad en este caso y se ejerzan las acciones penales correspondientes.
Finalmente, anunciaron que estudiarán la factibilidad de introducir modificaciones en la Ley de Concesiones Mineras, del año 1982, para evitar que pueda, en lo sucesivo ser utilizada para fines totalmente ajenos para los cuales dicha ley fue creada.
Cabe recordar que actualmente el delito de estafa, dependiendo del perjuicio causado, puede ser castigado con penas de hasta cinco años de presidio.
