A un año más intenso que lo habitual, los parlamentarios le sumaron la polémica negociación por el aumento salarial para los trabajadores fiscales, entre los que se encuentran. Y pese a que lo sucedido la semana pasada no deja de ser responsabilidad del gobierno, lo cierto es que los legisladores también pusieron su cuota. Al punto que el diputado Patricio Walker (DC) está abierto a la posibilidad de que su indicación, que promueve que un organismo externo al Parlamento sea el que fije las asignaciones, contemple también las dietas legislativas.
La semana pasada es otra de las que debieran quedar en los anales de la historia del Congreso. El reajuste salarial para el sector público no sólo provocó paros, protestas y una pérdida millonaria de recursos para el país, sino también un nuevo proceso de desgaste para la imagen de los parlamentarios.
El hecho de que sean ellos mismos quienes tengan en su mano aprobar o rechazar la propuesta del gobierno, pero que además resulten ser partícipes de quienes serán beneficiados con ella no ha caído nada bien en la opinión pública que observa como en estas materias diputados y senadores actúan como juez y parte en las votaciones.
Tras este episodio nuevamente se abre el debate acerca del desprestigio de la política y la importancia de honrar la palabra empeñada. Pero también el cuestionamiento de hasta qué punto es ético que el Parlamento tenga en sus manos decisiones que lo benefician directamente.
El hecho de que mientras los funcionarios públicos debieron salir a la calle a “defender sus derechos”, los parlamentarios reciban el mismo reajuste sin moverse de su escritorio, pero además operando como intermediarios entre el gobierno y los trabajadores no se ve bien, reconocen incluso fuentes del Congreso. Ello, porque el miércoles los propios representantes de los gremios aseguraron, a quien quiso escucharlos, que no estaban negociando con el gobierno, sino que estaban haciendo lobby con los parlamentarios.
Argumentos dudosos
En este contexto, el cientista político de la Universidad Central, Aldo Casinelli, estima que lo medular del problema pasa por el “cumplimiento de la palabra” de los parlamentarios, que es lo que queda en tela de juicio en este caso. Puesto que cuando el tema se debatió en su primer trámite en la Cámara Baja, un significativo grupo de diputados de la Concertación –los mismos 49 que votaron favorablemente la indicación del Ejecutivo que eximía del reajuste a las autoridades, incluidos los legisladores- se mostraron reacios a aprobar el proyecto si este los incluía como beneficiarios. Aunque en el segundo trámite, los senadores revirtieron lo hecho en la Corporación, aprobando el 10 por ciento parejo para todos los funcionarios públicos.
Casinelli señala que él también “le pondría un signo de interrogación” a la eventual inconstitucionalidad de dicha indicación. Porque, a su juicio, no se le podría criticar a la elite política que aprobara una modificación para quedar fuera de un reajuste que, proporcionalmente, la favorece más que a cualquier trabajador del sector público. Por eso el experto asegura que “lo que más desprestigia a los políticos es decir una cosa y hacer otra distinta”.
El rol de los senadores en esta pasada también merece algún grado de cuestionamiento, porque la defensa que algunos hacen de su votación es que si a ellos no se les hubiera incluido en el polémico reajuste, los funcionarios del Congreso hubieran sido excluidos por extensión. Según fuentes del Parlamento ese argumento no es del todo verdadero. Ello, porque los trabajadores de planta tienen por derecho propio acceso al reajuste. Quienes no entran en este beneficio son los asesores de los congresistas y queda a discreción de cada senador o diputado si se lo hace extensivo a quienes cumplen labores para ellos.
Aunque la polémica no se cerró con la intervención de los senadores que, por cierto, aprobaron en la Sala la propuesta del gobierno sin discusión, respetando así un acuerdo político alcanzado con el Ejecutivo, lo cierto es que pataleos más, pataleos menos de algunos diputados socialistas lo hecho, hecho está.
Making off de un bochornoso espectáculo
Después de varios días de paro protagonizado por el sector público, el gobierno aún no se rendía a ceder ante el reajuste de dos dígitos. Y aunque el miércoles el Ejecutivo había logrado un acuerdo con los diputados de la UDI para que aprobaran el 9,5 por ciento, parejo para todos, y el gremialismo subió a sus socios al carro, finalmente el negocio se cayó. Porque la derecha acordó con los gremios presionar lo que fuera necesario para conseguir, a lo menos, el 10 por ciento.
Pero ese mismo día, mucho más temprano, el ministro Vidal –quien luego se quejó de que lo dejaron solo en esta batalla- ya se preparaba para lo peor. Por eso optó por empezar a conversar con los senadores para asegurar que en la Cámara Alta se llegara a algún acuerdo que dejara a todos conformes.
Alrededor de las 15:00 horas comenzó a merodear por el Comité de la UDI con la finalidad de conversar con el timonel gremialista. Todo indica que llegó a un acuerdo con Juan Antonio Coloma, porque más tarde los diputados gremialistas aceptaron respaldar la propuesta del gobierno. El detalle es que esta debía incluir a los parlamentarios, según relató un diputado. Lo que fue ratificado cuando, el jueves la derecha –más el DC Gabriel Ascencio- votó en contra la indicación del gobierno que excluía del reajuste a las más altas autoridades, entre ellas los legisladores.
Modernizar sistema de asignaciones y dietas
Después de este nuevo papelón existe un mayor grado de convencimiento de que la iniciativa del DC Patricio Walker, de que un organismo externo fije las asignaciones de los parlamentarios es indispensable. El autor de la iniciativa, junto al senador Eduardo Frei, explicó a El Mostrador.cl que pese a que durante el episodio de la asignación para bencina insistió en que se citara a la Comisión Mixta de Constitución para avanzar en el tema, hasta el día de hoy no se ha hecho nada.
Walker incluso manifiesta su apertura a que su indicación se amplíe a que este mismo organismo que propone sea el que fije la dieta parlamentaria, sobre todo “después de la experiencia de esta semana” con el capítulo del reajuste para el sector público. Si bien el diputado falangista admite que en el caso de la dieta los parlamentarios es el gobierno el que tiene la iniciativa, no descarta que para evitar situaciones como la vista este año se pudiera terminar con la homologación que se hace entre legisladores y ministros.
Además, Walker insiste en rechazar el argumento de la inconstitucionalidad de la indicación que dejaba a las más altas autoridades sin reajuste. De ser así, sostiene, el Ejecutivo tampoco habría podido presentar una propuesta con reajustes escalonados.
