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Impulsado por crisis económica y desempleo

El vendaval que se avecina para los deudores habitacionales

por 10 febrero 2009

El vendaval que se avecina para los deudores habitacionales
El próximo 30 de junio se termina el “congelamiento” de los remates y retiros de especies anunciados por el Gobierno para el segmento PET, los más antiguos deudores con la banca. Y aunque se ha anunciado el estudio de políticas para ayudar a los sectores más vulnerables de ese grupo, la preocupación apunta a lo que sucederá con  el resto. Porque los procesos judiciales siguen. Y ni el Gobierno sabe el número de cobranzas judiciales que la banca está moviendo.

El  vendaval económico anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet ya aterrizó oficialmente en el país. Las señales son diversas: bajas en las ventas inmobiliarias, la caída de proyectos emblemáticos o el preocupante aumento del desempleo.

Nadie se salva. Ni siquiera Horst Paulmann, que tuvo que aplazar su proyecto estrella: el Costanera Center. Pero los más afectados por la tormenta serán los sectores medios y más pobres del país, entre los que hay más de 502 mil deudores habitacionales de vivienda social en Chile, según cifras oficiales. Pero que según la Agrupación Nacional de Derechos Habitacionales (Andha Chile) asciende a más de 720 mil. La diferencia, según explican en el movimiento, se centra en que al menos el 30 por ciento no posee subsidio de  ningún tipo. Y muchos de ellos estarían a la vuelta de la esquina de enfrentar el remate de sus viviendas: el próximo 30 de junio es la fecha límite del “congelamiento” anunciado por la Mandataria en 2008 de remates y retiros de especies para el segmento “Programa Especial de Trabajadores” (PET), que engloba a  191.925  deudores. Y que es el programa de endeudamiento con la banca más antiguo del sistema. De estos, unos 4.600 se encontraban con cobranza judicial a abril de 2007, según cifras entregadas por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras al Senado (SBIF).

Pero no hay datos actuales. Y a pesar de que este medio consultó a BancoEstado al respecto, éste no entregó la información. Tampoco la manejan en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), donde explicaron que sólo conocen las cifras entregadas por el SBIF.

Lo que es preocupante, puesto que ese es un dato clave para poder hacer una proyección realista de lo que se avecina. Lo cierto es que el asunto podría traducirse en miles de familias desalojadas, ya que a pesar del “congelamiento”, los procesos judiciales continúan. Y las cartas de anuncios de remates y desalojos están llegando a diario. Al igual que las llamadas y las visitas de los representantes de los bancos apurando los pagos de los deudores.

Al respecto, el jefe de cartera hipotecaria del Minvu, Juan Pino, explica que en los próximos meses se implementará una política  para ayudar a los sectores más vulnerables dentro del PET.

Pero que como el proceso de rebaja de tasas de interés iniciado en 2007 -lo que se adoptó porque tenían tasas de interés más altas que las vigentes en el mercado- no ha terminado, “no es posible adelantar lo que ocurrirá con  los remates detenidos”.

Sin casa pero con carpa
 
En la villa Cordillera de Rancagua una veintena de pobladores tienen claro el panorama que se viene. Por eso y desde el 28 de enero han liderado una protesta pacífica a la que ya se han sumado otras tres de la zona: la Villa San Ignacio, la Villa Provincial y la Población San Rafael.

La apuesta es dormir simbólicamente en carpas mientras esperan una respuesta oficial. Porque según ellos cambiarse de la casa a una tienda de campaña es el futuro que les aguarda si las condiciones no varían y no se encuentra una solución definitiva al problema, que se arrastra por años. Pero que con la crisis económica y los despidos que muchos han debido enfrentar, adquiere aún mayor urgencia.

“En mi pasaje hay gente que gana el sueldo mínimo. Y hay que pagar los gastos básicos. Entonces para muchos pagar los dividendos significa no comer. Así de crudo”, explica Paola Elizondo, de la Villa San Ignacio.

José Ramos, de la Villa Provincial, vive el problema en carne propia. “Llevamos 10 años aquí y tenemos como 18 dividendos de atraso. Estamos asustados, con pena por no encontrar una solución. Yo vendo flores y lo poco que gano sólo me alcanza para comer y pagar los gastos”.
El tema es complejo. Y también lo es la división que existe entre los distintos programas de subsidio habitacional.

El fin de los créditos hipotecarios estatales

Actualmente no es posible acceder a créditos hipotecarios estatales, ya que en 2002 el gobierno de Ricardo Lagos dictó un decreto que traspasaba la responsabilidad de construcción de las viviendas, así como los créditos, al sector privado.

Por eso, ya no es posible ser un nuevo deudor Serviu. Hoy existen 93.847 deudores de Serviu -créditos hipotecarios dados por el Estado- y Serviu Banca, que accedieron a través del Serviu pero fueron traspasados al crédito hipotecario del BancoEstado y del Banco del Desarrollo.

La diferencia del trato entre estos deudores y los demás es grande, ya que son los únicos que se beneficiaron con la subvención de la totalidad de la deuda, que dependiendo del caso puede ser en forma inmediata o luego de realizar un copago.

Técnicamente tienen solucionado el problema, pero al igual que con  los deudores PET, el período de gracia tiene una fecha de vencimiento. En este caso es el 31 de diciembre de este año.

             

Según  cifras del Minvu, hasta el momento 46.005 no han terminado el copago. Lo complejo es que aunque algunos están a 400 mil pesos de ser propietarios, la realidad económica que viven no les permite pagarlo. Muchos viven con el mínimo. Y no hay claridad de cuál será el futuro de quienes no lo hagan antes de esa fecha. Porque en este caso los procesos judiciales también están corriendo.

Quienes no compraron sus viviendas bajo este programa o el PET, no tienen período de gracia. Y hasta el momento no se han anunciado resguardos especiales para ellos.

Distintos pagos. Mismas casas

En la Villa Cordillera los departamentos son iguales. Al menos no hay diferencias estructurales entre unos y otros: al colgar un clavo se traspasa la muralla en todos. Las inundaciones de las calles las viven en conjunto y es igualmente democrática la falta de privacidad. Igual que en la película El Chacotero Sentimental.

El tamaño de las viviendas también es parejo: nadie sobrepasas los 48 metros cuadrados.

En este caso, todos los vecinos están suscritos al programa PET. Distinto al popurrí de programas de subsidio habitacional que se encuentra en otros sitios, como la Villa San Rafael. Allí las casas también son básicas y muy similares, pero es posible encontrar de todo tipo de deudores, a los que se les entregan distintos beneficios y subsidios.

La diferencia radica principalmente en el segmento económico que se encuentre cada uno y en el programa habitacional al cual accedió. Por ejemplo en el caso de los indigentes se les da un subsidio que puede llegar hasta los 12 millones de pesos. Entonces se acogen al Fondo Solidario 1, lo que dependerá de la ficha de protección social.

En el caso del Fondo Solidario 2, ya no se consideran indigentes aunque aún entran en la clasificación de “vulnerables”. Así que pueden postular pasando directamente al crédito hipotecario privado. Les dan subsidio y les permiten endeudarse en la banca.

Otro gallo canta para el resto, que están unificados bajo el decreto 62. En este segmento se encuentran los PET. Al ya no ser considerados vulnerables sino clase media, los subsidios y las garantías son mucho menores. Lo que para muchos se ha traducido en que terminan pagando tres o cuatro veces el valor real de la vivienda básica, ya que al endeudarse con la banca deben pagar altos intereses. Y sobre todo porque muchos terminan repactando sus dividendos,  lo que sumado a los intereses se transforma en un círculo sin fin.

Y, como explican los deudores ““terminamos pagando tres casas”.                                                                                                                                                                                                                     

“Los que hacen el gran negocio son los bancos. Rematan, cobran la garantía estatal, compran otra vez y vuelven a vender. Y a gente que está ganando los subsidios hoy. Repiten el negocio en un ciclo sin fin”, explica Rubén Césped, dirigente nacional de Andha Chile.

Los créditos de BancoEstado abarcan a 83 por ciento de los deudores habitacionales, seguido por el Banco del Desarrollo, que llega a  7,1 por ciento. En tanto, Banco Santander alcanza 4,1 por ciento y el Banco de Chile  2,2 por ciento. Scotiabank y Ripley tienen 1,3 y 1,0 por ciento respectivamente. BBVA, Banco Falabella, Corpbanca, BCI, Citibank suman el 1,4 por ciento restante.

Mejor prevenir que curar

Lo que los deudores piden no es que les regalen las casas. Ni que se haga la vista gorda con sus deudas. Lo que se busca es que se implemente una política habitacional en que el Estado tenga un rol fuerte y que no se limite a la protección subsidiaria.

Según datos de la Encuesta Casen 2006, el nivel de familias extendidas y allegadas en el país supera las 830 mil.  Cifra que no ha variado casi nada a la de 2003, por lo que se puede concluir que no se ha avanzado realmente en resolver el problema de la falta de viviendas sociales.

Lo que además podría transformarse en un dolor de cabeza crónico para el Estado y las familias afectadas, si no se pone freno a la lluvia de remates que amenaza en los próximos meses a los segmentos más pobres del país.

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