Eran todos amigotes cuando el gobierno de Lagos promovió la agenda Pro- Crecimiento, entre cuyas medidas estaba crear el TDLC. Pero una de las monedas de cambio que el empresariado digitó a través de la Sofofa fue quitar las penas de cárcel contra las conductas monopólicas. La ley se votó casi por unanimidad, pero ahora, el esfuerzo por reponer las sanciones penales son políticamente correctas, y por tanto urgentes y transversales.
Eran otros tiempos. El 21 de mayo de 2002 el entonces presidente Ricardo Lagos enviaba un proyecto al Senado para modernizar la legislación antimonopolios contenida en el antiguo Decreto con Fuerza de Ley 211 de 1973. Juan Claro era presidente de la Sociedad de Fomento Fabril y de la Confederación de la Producción y desde esa inmejorable posición articuló las reformas incluidas dentro de lo que se bautizó como Agenda Pro Crecimiento. Nicolás Eyzaguirre (PPD), por entonces todopoderoso ministro de Hacienda, y el propio Claro condujeron el período más amistoso del que se tenga memoria entre gobierno y empresarios.
Entre las reformas legales estaba la institucionalidad para proteger la libre competencia y el proyecto que el Presidente Lagos mandaba al Senado básicamente reemplazaba las Comisión Resolutiva y a las Comisiones Preventivas antimonopolios por la creación del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) que se sumaba a las mayores atribuciones que por ley se habían aprobado para la Fiscalía Nacional Económica.
Los tres primeros ejes del proyecto detallaban la composición, financiamiento y atribuciones del TDLC. «La creación del Tribunal de la Libre Competencia significará un salto sustancial en la calidad de nuestra legislación económica y permitirá que aquellas acciones que amenazan un bien tan indispensable como la libre competencia, tengan un lugar apropiado de resolución, que acreciente la confianza y la seguridad en nuestro sistema económico», decía el mensaje a través del cual Ricardo Lagos enviaba el proyecto al Congreso.
Los criterios vagos.
Gracias a estas esperanzadoras palabras, el cuarto eje de la iniciativa pasó casi inadvertido, pero a la luz de los hechos recientes en torno a la colusión de las farmacias, recién cobra vigencia. El proyecto que modificó el DFL Nª 211, que derivó en la ley 19.911 mediante la que se creó el TDLC, contemplaba terminar con las sanciones penales para las personas que atentaran contra la libre competencia.
Hasta ese momento la ley penalizaba con presidio menor en cualquiera de sus grados (61 días a 5 años) «al que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que tienda a impedir la libre competencia dentro del país en las actividades económicas». Pero el artículo fue sustituido por las comisiones mixtas, que asesoradas por distintos especialistas, discutieron el proyecto. Todos coincidieron en que el criterio contenido en la antigua ley, para determinar las conductas que merecían cárcel, era demasiado vago y especialmente en que «rara vez se ha dado paso a la acción penal y se estima que no se ha logrado disuadir las conductas contra la libre competencia», según consignó el mensaje presidencial.
La tramitación del proyecto duró más de un año, desde mayo de 2002 hasta noviembre de 2003 cuando la ley fue promulgada. En ese lapso, la discusión se centró en las atribuciones que debería tener el TDLC, y en el monto de las multas, contenidos en los distintos numerales del artículo 17
El congreso unánime
El 3 de abril de 2002 el proyecto se aprobó en general en el Senado por todos los parlamentarios, incluyendo el actual candidato presidencial Eduardo Frei. El único que se abstuvo fue Nelson Ávila, pero no porque quisiera reponer las sanciones penales, sino porque dudaba de la autoridad del TDLC en la práctica.
El 15 de mayo de 2003 el proyecto que creaba el Tribunal de la Libre Competencia, y que de paso eliminaba las sanciones penales para las prácticas monopólicas, se aprobó por unanimidad en su segundo trámite en la Cámara de Diputados.
El entonces ministro de Economía y actual presidente de EFE, Jorge Rodríguez Grossi, agradeció en la Cámara la rapidez de la corporación para legislar y antes por si el ambiente de consenso dejaba alguna duda, que el proyecto era «la materialización de los compromisos asumidos a partir del proceso iniciado con la ley Nº 19.610 (que dio más atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica), y corresponde, según se ha dicho, a una de las iniciativas consensuadas por el Gobierno y la Sociedad de Fomento Fabril en la denominada «Agenda Pro Crecimiento».
Hoy, algunos de los parlamentarios que se han convertido en paladines contra las farmacias, hacen su mea culpa: «Asumimos la responsabilidad en un contexto en que todos actuamos de buena fe, la mayoría por lealtad al gobierno. Fue un acuerdo cerrado a cambio de fortalecer la institucionalidad, pero a la luz de los hechos no tenían razón», dice el senador PPD Guido Girardi. Y ahora, el parlamentario asegura que usando los artículos 285 y 286 del código penal que sancionan el aumento fraudulento de precios, se van a querellar contra las farmacias
Y aquí vamos de nuevo
La semana pasada un grupo de parlamentarios oficialistas se reunió con el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera- Gallo para presentarle un proyecto de ley en el que se propone reponer las sanciones penales y subir las multas. Los congresistas pretenden refundir esta iniciativa con el proyecto que el gobierno de Bachelet presentó el 2006 y que en estos días se ha discutido con especial énfasis. El mensaje presidencial esta vez aseguraba que «la supresión del carácter penal de las sanciones para quienes atentan contra la libre competencia, ha provocado que los agentes económicos, en tanto sujetos racionales, asuman un riesgo real de ser sancionados, pero sin sujeción a normas claras en la determinación de las multas, de manera que todavía algunos pueden incurrir en tales conductas bajo la esperanza de no ser descubiertos».
Entre los parlamentarios que auspician el nuevo proyecto, está también el diputado PPD Enrique Acorssi, que también se arrepiente de su votación anterior. «Creímos que la regulación del ministerio sería suficiente, pero nos dimos cuenta que la voracidad es tan brutal que además de las penas de cárcel proponemos subir las multas y que además el tribunal pueda disolver las sociedades que atenten contra la libre competencia, yo creo que eso les asusta más que la cárcel», señala el diputado, quien asegura tener los votos de todas las bancadas oficialistas, del PRI y de algunos parlamentarios de RN. Total, después de la guerra son todos generales.
