La empresa estatal, que imprime todos los textos legales oficiales de la república, tiene un déficit acumulado de más de $ 7 mil millones, de los cuales 2 mil se le adeudan a la Tesorería. El aludido se defiende señalando que dicho saldo se arrastra desde los 90′, contradiciendo el último informe del organismo fiscalizador, que sostiene que una parte de las pérdidas se produjeron durante su administración. Todo podría quedar resuelto hoy en la reunión del Consejo, que lo integran funcionarios del gobierno y de la Universidad de Chile.
El contralor Ramiro Mendoza y el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, pidieron la renuncia al gerente general de la Editorial Jurídica (ED), Patricio Rojas -hijo del ex ministro imputado en el caso Mirage– por una millonaria deuda impositiva que arrastra esta empresa del Estado, como también, según dejaron estampado en un acta de directorio, por su administración deficiente.
Tanto Muñoz como Mendoza pertenecen al Consejo de la «editorial de la república», como es conocida entre los jueces y abogados, encargada de publicar los códigos legales oficiales y los libros que han formado a varias generaciones de profesionales del derecho. La entidad fue creada en Agosto de 1947 bajo la presidencia de Gabriel González Videla.
La instancia, donde participan los ya mencionados, está integrada, además, por el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, el abogado Luis Ortiz Quiroga, el presidente del Colegio de Abogados, Enrique Barros, la directora de la Biblioteca del Congreso Soledad Ferreiro y dos representantes del gobierno, uno del Ministerio de Justicia -el abogado Máximo Pacheco- y otro de la cartera de Educación, más un representante del Consejo de Rectores de las universidades chilenas.
El destino de Rojas podría quedar resuelto hoy en la reunión que la entidad sostendrá a contar de las 18.30 horas.
El tesoro de Tesorería
Básicamente, la imputación que hicieron tanto Muñoz como Mendoza, una dupla de similar perfil fiscalizador, es que Rojas ha incrementado la millonaria deuda histórica desde que asumió la gerencia en 2001, dejando en condición inviable a la empresa.
De acuerdo al último informe emitido por la Contraloría en mayo de 2008, la EJ tiene más pérdidas que ingresos en cada uno de sus ejercicios, toda vez que presenta un déficit acumulado de $ 7.644 millones.
Este último documento del organismo fiscalizador, también hace mención a las millonarias deudas que la EJ mantiene con trabajadores que fueron despedidos, como también una deuda tributaria de más de $ 1.000 millones, «la que se habría originado en el período comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 2005», precisamente bajo la administración de Rojas.
Un oficio de la Tesorería reveló que la cifra aumentó en más de $ 2.400 millones, la mitad de los cuales son intereses y multas.
Y aunque la Contraloría dio por salvados algunos de estos problemas financieros, parte de la deuda con los bancos ha sido imposible de amortizar, de acuerdo con fuentes consultadas en la firma.
Miel sobre hojuelas
La versión del propio Rojas, un hombre cercano a la DC igual que su padre, es muy distinta. En una entrevista otorgada este viernes a El Mostrador, confirmó la solicitud de renuncia formulada por Mendoza y Muñoz.
Sin embargo, Rojas explicó que la editorial prepara una respuesta financiera contundente y fundamentada sobre el estado actual de la EJ, «porque el nivel de endeudamiento viene desde los años 90, por eso y por mi experiencia en editoriales internacionales se me contrató».
«En el Consejo hay algunos miembros que alaban mi gestión y hay también otros intereses», aludiendo a Muñoz y Mendoza.
Inquirido sobre el informe de la Contraloría, Rojas manifestó que este organismo ha hecho revisiones, sin hallar anomalías.
«Nunca se ha encontrado alguna irregularidad, además nosotros hemos permitido que haga las revisiones, pese a que no tiene facultades», dijo, aún cuando la entidad revisora hace lo propio con empresas del Estado que están en un estatuto similar como La Nación y EFE.
Rojas advierte que existen estudios financieros que avalan la viabilidad de la EJ como empresa. «En todo caso hemos pedido en reiteradas oportunidades recursos al gobierno, pero nunca han llegado», explicó.
Este diario requirió una versión de Ortiz Quiroga, presidente de la entidad, pero no hubo respuesta.
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