Ya sea en la omisión de sus posiciones políticas al momento de cubrir una campaña, en los conflictos de interés entre sus dueños, la clase política y el sector privado, o en la escasez de indicadores y competencia propios de una industria desarrollada, los medios –al igual que el sistema político- terminan pareciéndose al padre Gatica, predican pero no practican la transparencia.
Al ser actores clave para la sustentabilidad de la democracia, tanto el sistema político como de medios de comunicación tienen que establecer mecanismos que fomenten la competencia y transparencia. Entre otros beneficios, las campañas electorales tendrían mayor utilidad y relevancia para los electores a la hora de decidir su voto.
En reciente columna publicada en este medio, José Miguel Izquierdo -asesor de Sebastián Piñera- argumenta que la publicación del informe de Transparencia Internacional (TI) refleja una falta de profesionalismo de los medios de comunicación. A su juicio, estos no pueden excusarse en un informe para «difundir una determinada línea editorial». Izquierdo considera esto como «una señal de que el sistema político y de comunicación social chileno carece de los filtros necesarios para soportar una campaña dura y cerrada».
En Chile el problema que afecta a los medios de comunicación -especialmente a la prensa escrita- no es de línea editorial ni de filtros, sino de transparencia y competencia. Si Izquierdo argumenta que los medios se escudan en un informe -en este caso de una institución prestigiosa y respetada como TI- lo mismo podría señalarse cuando esos medios difunden sin ningún filtro encuestas de opinión pública de dudosas metodologías.
Ya sea en la omisión de sus posiciones políticas al momento de cubrir una campaña, en los conflictos de interés entre sus dueños, la clase política y el sector privado, o en la escasez de indicadores y competencia propios de una industria desarrollada, los medios -al igual que el sistema político- terminan pareciéndose al padre Gatica, predican pero no practican la transparencia. Para una ciudadanía cada vez más escéptica de sus representantes, la revelación de escándalos se ha convertido en la única posibilidad de fiscalización del poder político y económico. En 20 años de democracia, la prensa en Chile ha evolucionado positivamente hacia la fiscalización del sector público, no así del privado.
Si bien los chilenos evalúan positivamente la denuncia de escándalos por parte de los medios, no ocurre lo mismo con la fiscalización del poder político. De acuerdo a la encuesta ICSO-UDP de 2008, un 69% considera a los medios como canales de información sobre los asuntos que afectan al país. Un 67% cree que aportan en la denuncia de escándalos. En tanto, sólo un 52% considera que los medios contribuyen a transparentar el trabajo de la clase política.
Ya que EE.UU. siempre se toma como referente en materia de campañas políticas y transparencia, gran parte de la valoración positiva de las audiencias a diarios exitosos como el Washington Post descansa en las limitaciones que tienen sus dueños para compartir la propiedad en otras empresas. Si en Chile ocurriera algo similar -condición que el candidato de la Coalición por el Cambio todavía no cumple como propietario de CHV- los medios podrían aspirar a una mayor fiscalización del sector público y privado.
EE.UU. también representa un ejemplo donde -muchas veces- los medios de comunicación hacen públicos sus apoyos a distintos candidatos durante las campañas electorales. Lo vimos en la campaña presidencial recién pasada en ese país donde el New York Times apoyó públicamente a Obama, mientras su competidor el New York Post hizo lo mismo con McCain.
Dado el importante rol que cumplen como canales de información entre políticos y electores, el problema actual de los medios no está en sus filtros ni en sus líneas editoriales. Para disminuir las asimetrías de información en la ciudadanía -especialmente en periodos electorales- el sistema de medios chileno -al igual que el político- requiere de mayor competencia y transparencia. La misma que debiera ser fomentada por los actuales candidatos presidenciales y sus asesores. Con ello podrán estimular la participación y credibilidad de la ciudadanía en los procesos políticos e instituciones.
*Arturo Arriagada es Profesor/Investigador, Escuela de Periodismo, UDP. Actualmente realiza estudios de postgrado en LSE (UK).
