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Opinión

Los riesgos de estar en los negocios y en política

por 29 septiembre 2009

No está prohibido ser político y hombre de negocios, pero las democracias ponen estrictos resguardos para separar ambos mundos porque surgen conflictos de intereses. Hace años le advirtieron a Piñera sus amigos y compañeros políticos los peligros que enfrentaba por estar en ambas actividades. Uno de los más explícitos fue el senador Andrés Allamand (RN), cuando le criticó en 1997 por haber vendido a Endesa España un paquete de acciones de una de las sociedades que controlaba, Endesa Chile, logrando un valor superior al mercado. Políticos de la UDI también le reprocharon la "doble militancia", como el senador Pablo Longueira.

El Informe Global de la Corrupción 2009: La corrupción y el sector privado (IGC) de Transparencia Internacional (TI), que menciona la sanción aplicada a Sebastián Piñera por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a raíz de la compra de acciones de LAN el 2006, va mucho más allá que un incidente en un foro televisivo entre postulantes a La Moneda, pues pone de relieve la magnitud de las tensiones y conflictos entre la política y los negocios.

La defensa hecha por sus partidarios ha aumentado la importancia del Informe de TI y del problema en cuestión, pues se da una interpretación permisiva de la regulación económica, muy distinta a la que han impulsado los gobiernos de la Concertación. ¡No da lo mismo quien sea Presidente!

Además, han desviado el problema hacia aspectos formales, cuestionando la redacción del informe, descalificando a sus redactores y criticando algunos de sus términos. Incluso se ha disminuido la importancia de la sanción aplicada -19.470 UF, equivalente a 405 millones de pesos de hoy, que Piñera pagó- argumentando que no fue por el "uso de información  privilegiada", con lo cual admiten que fue por otro motivo, de menor importancia.

Otros incurren en tecnicismos legales o interpretaciones económicas sobre cuestiones "técnicas" del mercado accionario, sugiriendo la subordinación del derecho a las decisiones económicas, desconociendo que se trata de actos jurídicos reglados por la ley, que cautela bienes jurídicos superiores, como la "transparencia, simetría y competitividad que el mercado de valores requiere para funcionar adecuadamente", como dice el texto de la sanción.

No está prohibido ser político y hombre de negocios, pero las democracias ponen estrictos resguardos para separar ambos mundos porque surgen conflictos de intereses. Hace años le advirtieron a Piñera sus amigos y compañeros políticos los peligros que enfrentaba por estar en ambas actividades. Uno de los más explícitos fue el senador Andrés Allamand (RN), cuando le criticó en 1997 por haber vendido a Endesa España un paquete de acciones de una de las sociedades que controlaba, Endesa Chile, logrando un valor superior al mercado. Políticos de la UDI también le reprocharon la "doble militancia", como el senador Pablo Longueira.  

Como los chilenos tenemos mala memoria, conviene recordar los hechos.  El 24 de julio de 2006, a las 15.59 horas, Piñera compró 3 millones de acciones a través de "Inversiones Santa Cecilia S.A.", representada por él mismo, y 250 mil acciones a través de "Inversiones Mineras del Mar Cantábrico S.A.", por un monto total de 18 millones de dólares, que representaba aproximadamente el 0,9% de las acciones emitidas por LAN a esa fecha. La compra la hizo apenas media horas después del término del directorio de LAN, iniciado a las 10.00, en el cual participó Piñera en su calidad de director.

En esa reunión se conocieron "los estados financieros" de la empresa, es decir, los antecedentes sobre el patrimonio, activo, pasivo, pérdidas o utilidades y gravámenes de la empresa. Se trata de una información de enorme importancia para conocer la fortaleza o debilidad de una empresa y sus potencialidades futuras de crecimiento. En una palabra, es una "información privilegiada" y la conoció primero el directorio.

 Los "estados financieros" fueron entregados al día siguiente, 25 de julio, a la autoridad y al conocimiento público. Al comprar las acciones antes de que se dieran a conocer los estados financieros, Piñera infringió el inciso 1º del art.165 de la ley No 18.045 que dispone que "cualquier persona que en razón de su cargo, posición, actividad o relación tenga acceso a información privilegiada, deberá guardar estricta reserva y no podrá utilizarla en beneficio propio o ajeno, ni adquirir para sí o para terceros, directa o indirectamente, los valores sobre los cuales posea información privilegiada".

La defensa de Piñera rechazó entonces el carácter de "privilegiada" que tiene la información contenida en los "estados financieros", lo cual fue rechazado por la SVS. Agregó la defensa del actual postulante presidencial que, cuando se hizo pública esa información, no se vio afectado el precio de la acción. Tampoco fue aceptado este planteamiento por la SVS, señalando que la prohibición de tomar decisiones de beneficio económico es independiente del impacto que pueda provocar el conocimiento de los estados financieros en el valor de la acción.

También sostuvo la defensa de Piñera que la fecha de la compra de las acciones no estuvo definida por el conocimiento de los estados financieros, sino que fue el resultado de "un modelo", es decir, una decisión impersonal, por lo cual no habría infringido la ley. Tampoco fue aceptada por la SVS esta justificación, porque la compra la hizo a través de sus empresas. Haberlo aceptado habría significado sentar un grave precedente de cómo esquivar la responsabilidad de acciones prohibidas por la ley, que tendría consecuencias devastadoras en el orden económico y legal.

La defensa de Piñera justificó la compra de acciones, señalando que era una práctica habitual en el mercado, pues hubo 736 operaciones de similar carácter en los últimos cinco años, que no fueron formalizadas. Este argumento ha sido repetido por sus partidarios hoy, insinuando que hubo una discriminación en su contra. Sería bueno conocer los nombres de los que compraron acciones en esas condiciones y los valores involucrados.  Se siembra un manto de sospecha sobre los inversionistas que no favorece al país, ni a los empresarios. La transparencia también debe existir en el ámbito privado, no sólo en el público. Ese argumento sólo mostraba el mal funcionamiento del mercado.

La SVS decidió corregir esas malas prácticas, enfrentando una situación producida en una empresa importante y, después de una larga y prolija investigación, sancionó a Piñera y a otro director, que compró acciones por un monto equivalente al 10% del valor de las que adquirió el postulante presidencial. Pudo haber seguido el camino fácil, investigando a una empresa mediana, buscando cortar el hilo por lo más delgado; no lo hizo para que el mensaje al mercado fuera contundente. ¿O se quiere decir que, por ser una persona importante, dispone de inmunidad que le pone por encima del ente regulador? Es decir, ¿la igualdad ante la ley rige para ciertas personas y no para todos?

Mientras nuestro sistema económico exige mejorar sus normas e instituciones para fortalecer la competencia y la transparencia en el mercado, los partidarios de Piñera, a raíz de este incidente, parecen buscar lo contrario, incluso después de la  crisis del sistema financiero del 2008.

La igualdad ante la ley es un principio fundamental en todo estado de derecho, al cual deben subordinarse todos los ciudadanos, ricos y pobres, de gobierno y de oposición, candidatos y votantes. El problema no es la redacción de un Informe de TI, sino la compra de acciones por el actual candidato presidencial de la derecha, apenas seis meses después de haber sido postulante a La Moneda en la segunda vuelta en enero de 2006.

*Carlos Huneeus es director del CERC.

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