Patricio Herman sostiene que las consultas ciudadanas se contemplan para dilucidar materias urbanas de Planes Reguladores Comunales, por lo que el terreno donde se ubica la planta no admite tal infraestructura.
La Fundación Defendamos la Ciudad explicó que no es posible llamar a plebiscito en la comuna de Puchuncaví para que sea la ciudadanía la que decida sobre la paralización de la planta termoeléctrica Campiche.
Patricio Herman dijo que se ve en la necesidad de rectificar “amistosamente” a Félix González, presidente del Partido Ecologista, quien el viernes pasado manifestó en el Servel de Valparaíso que está promoviendo con los grupos ambientalistas de esta comuna realicen una consulta ciudadana respecto al proyecto de la Planta de AES Gener.
“Estamos a favor de la vida de los habitantes de esa zona ya muy contaminada desde 1994 y por ello hemos celebrado el fallo de la Corte Suprema que invalidó el permiso ambiental de la Corema V Región”, explicó.
Agregó que “llamar a un plebiscito en esa comuna, para que los electores se pronuncien sobre ese proyecto, carece de todo sentido práctico, ya que tales plebiscitos se contemplan, entre otras cosas, para dilucidar materias urbanas contenidas en los Planes Reguladores Comunales (Ej. Vitacura) y está claro que el terreno en donde se está construyendo esa planta no admite tal tipo de infraestructura, de tal forma que no hay nada que plebiscitar”.
Agregó que la ministra de Vivienda y el ministro del Interior firmaron un decreto supremo publicado en el diario oficial el 31/12/09, en donde se modificó la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), “instrumento de mayor rango que los planes reguladores, tanto intercomunales como comunales”.
“Procedieron así para que el titular del proyecto termoeléctrico lo ingrese nuevamente al sistema de evaluación de impacto ambiental, con la certeza de que su aprobación ya no podrá ser objetada por los tribunales de justicia, pues ahora con el cambio en la OGUC, un terreno que tiene dos usos de suelo distintos, sólo basta que el 30% de esa superficie admita infraestructura para que el resto del 70% se asimile al anterior y en el caso de Campiche el 33% de la superficie del suelo es para esa actividad productiva. Por lo tanto esos dos ministros le entregaron un traje a la medida a AES Gener violentando un fallo del máximo tribunal jurisdiccional del país”, mencionó.
Sin embargo, aclaró que el partido Ecologista y el alcalde de Puchuncaví pueden reclamar ante la Presidenta Michelle Bachelet, “teniéndose en cuenta que ella no firmó este burlesco decreto supremo y si el resultado de esa gestión es negativo, denunciar esta vergonzosa práctica administrativa en la OCDE, organización internacional que exige altos estándares de probidad a los países que adscriben a ella, teniéndose en cuenta que Chile acaba de ser acogido en esa instancia conformada ahora por 31 países».
