«El curso de las iniciativas reparadoras no debería cambiar con el próximo Ejecutivo», sostuvo María Luisa Sepúlveda.
La delegada presidencial de Derechos Humanos de Chile, María Luisa Sepúlveda, afirmó este viernes que en Chile se deberían seguir persiguiendo los abusos de la dictadura de Augusto Pinochet y mantenerse las reparaciones a las víctimas, pese al cambio de Gobierno el próximo 11 de marzo.
«El curso de las iniciativas reparadoras no debería cambiar con el próximo Ejecutivo», apuntó Sepúlveda en declaraciones a la edición digital del diario El Mercurio, en las que aseguró que el país ha avanzado «enormemente» en este ámbito y que se dan «todas las condiciones para que no volvamos atrás».
En este sentido, se refirió a la Comisión Valech, que en 2005 certificó más de 28.000 casos de tortura cometidos durante la dictadura de Pinochet y que está a punto de reabrirse, por iniciativa del Gobierno saliente, para recoger nuevos datos, desconocidos hasta ahora.
«Esta comisión es (creada) por ley y no tengo ninguna duda de que va a cumplir su tarea (…)», señaló para tranquilizar las aprensiones de los grupos de Derechos Humanos respecto al futuro que tendrán las políticas de Gobierno en ese ámbito durante la administración del conservador Sebastián Piñera.
Sepúlveda explicó que la «nueva» Comisión además de investigar casos de prisión política y tortura, como hizo la primera, ampliará su campo de trabajo a denuncias por desaparición forzada y ejecución política.
En cuanto a la forma de operar, la delegada señaló que habrá un equipo de personas compuesto por abogados, asistentes sociales y psicólogos, quienes recibirán los testimonios a través de una línea especial que se habilitará.
Junto a estos profesionales trabajará un equipo de documentalistas, que revisarán los antecedentes que pudieran complementar el caso.
Sepúlveda quiso dejar claro que cuando acabe el trabajo de la Comisión no quedará zanjado el tema de los Derechos Humanos.
«No es fácil ponerlo debajo de la mesa. Siempre nos va a acompañar, pero en la medida de que podamos afrontarlo de la mejor forma, vamos a poder convivir con éste. Por decreto no se puede establecer que nunca más se hable de eso».
Por otra parte, Sepúlveda se refirió al escándalo que surgió en 2008, cuando se conoció la existencia de cuatro falsos detenidos desaparecidos, lo que puso en duda la rigurosidad del informe Rettig y del de la Comisión Valech.
Aclaró que hoy cuentan con una serie de instrumentos que permitirán verificar la autenticidad de los casos.
«(Antes) había menos acceso a la información de los servicios públicos. Hoy estamos trabajando con el Registro Civil, entonces cualquier caso de detenido desaparecido, me imagino que se va a chequear, para ver si la persona ha tenido algún movimiento en el organismo desde la fecha en que figura como desaparecido», explicó.
Aunque Sepúlveda aseguró que durante la primera Comisión se tomaron medidas especiales para comprobar la veracidad de los casos, afirmó que ahora es necesario adoptar otro tipo de medidas de precaución.
«Uno no debiera dejar jamás a una víctima que sufrió esta situación sin calificar, y por otra parte, uno debiera evitar al máximo cualquier caso que no reúna los antecedentes para calificarlo en la nómina», concluyó.
