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Multisindical pidió 1.500 millones de pesos

El Fisco tendrá que pagar millonaria suma a la CUT por incautación de radioemisora en 1973

por 9 junio 2010

El Fisco tendrá que pagar millonaria suma a la CUT por incautación de radioemisora en 1973
La Corte Suprema reconoció el derecho de la entidad dirigida por Arturo Martínez a recibir dineros del Estado, luego que la radio “Luis Emilio Recabarren CB-130” fuera incautada por la dictadura el 11 de septiembre de 1973. Así llega a su fin un largo juicio que perdió el CDE y donde llama la atención el empeño del Ministerio del Interior, durante la administración de Ricardo Lagos, de negar la entrega de recursos a través de la Ley de Reparación, como se hizo con los partidos políticos.

La Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó un recurso de casación presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ordenó que el Fisco el pago de una millonaria suma a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por la incautación que hizo la dictadura militar de la radio que hasta 1973 funcionaba en el edificio que hoy alberga al Ministerio del Trabajo.

De esta manera, el máximo tribunal confirmó el fallo dictado en 2008 por la Corte de Apelaciones que también estimó que se cumplían todos los preceptos contenidos en la Ley de Reparación que permite que a los partidos se les devuelvan los bienes muebles e inmuebles incautados por el régimen militar.

El fallo de la Suprema se conoce en medio de la decisión adoptada por la CUT de vender su tradicional recinto ubicado en la Alameda –que fuera regalada por el ex Presidente Ricardo Lagos- a una empresa que pretende convertirlo en un proyecto inmobiliario.

La radio –“CB-130”- que fue incautada por los militares funcionaba en el edificio que hoy alberga al Ministerio del Trabajo y llevaba por nombre Luis Emilio Recabarren, padre del sindicalismo chileno.

La emisora contaba con equipos millonarios y muy modernos para la época traídos desde la entonces Unión Soviética, como también las poderosas antenas con que contaba para transmitir sus programas a todo el país.

La CUT ganó este juicio no sin dificultades. El 22º Juzgado Civil de Santiago, rechazó la demanda en julio de 2004. Entonces, la organización decidió apelar, hecho al que se sumó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), con el fin de confirmar la negativa del tribunal, como también la decisión esgrimida por el Ministerio del Interior de no entregar dineros a la CUT por este concepto, ya que no se trataba de un partido político.

Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el fallo y acogió en todas sus partes los argumentos de la CUT. Básicamente, reconoció la existencia de la radio y que con las declaraciones de personas que en ella trabajaron y los recortes diarios de la época bastaba para acreditarlo. También citó el bando militar del 11 de septiembre: “La prensa, radiodifusoras y canales de televisión adictos a la Unidad Popular deben suspender sus actividades informativas a partir de este instante (08:43 horas del 11 de septiembre) de lo contrario recibirán castigo aéreo y terrestre”.

Para recurrir a la Suprema, el CDE intentó hacer valer un argumento formal respecto a la legalidad de la notificación, hecho que no fue aceptado por los cinco ministros de la sala constitucional: Héctor Carreño, Pedro Pierry, Sonia Araneda, Haroldo Brito y el abogado integrante Domingo Hernández.

Una de las particularidades del juicio es que una de las personas que prestó declaración en el juicio civil fue el entonces ministro del Trabajo de la era Lagos, el socialista Ricardo Solari, quien confirmó la existencia de la emisora.

Si bien la CUT, en la demanda presentada ante el tribunal civil solicitó un pago de $ 1.500 millones, el monto final debe determinarlo el gobierno, en base a la Ley de Reparación.

El fallo llega en un momento complejo para el cuatro veces presidente de la CUT, Arturo Martínez, quien tiene una fuerte oposición interna. Sin embargo, ha mantenido duros enfrentamientos con el gobierno, luego de los despidos en el sector público, amenazando con realizar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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