Juan Antonio Gómez Cisternas debía poco más de $2 millones, pero el máximo tribunal estimó, basándose en la ley que regula este tipo de servicios, que debía cancelar otros $83 millones como compensación por no cumplir sus compromisos comerciales, luego de evadir los peajes. En 2007 la misma instancia judicial condenó a otra persona a pagar más de 200 millones por la misma infracción.
Una persona que adeudaba la cuenta de su TAG, deberá pagar a la concesionaria más de $ 85 millones luego que la Segunda Sala de la Corte Suprema, confirmara una demanda presentada por Vespucio Norte Express.
La resolución de seis páginas contó con la unanimidad de los votos de los ministros Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller y afectó a Juan Antonio Gómez Cisternas.
De esta manera, el máximo tribunal confirmó la sentencia que en el mismo sentido dictaron tanto el Juzgado de Policía Local de Recoleta, revocando la emitida por la Corte de Apelaciones de Santiago por estos peajes evadidos. De hecho, existe desde que se implementó la Ley de Concesiones una diferencia de opiniones jurídicas entre ambos tribunales superiores respecto de la aplicación de esta norma.
Los $ 85 millones están desglosados en poco más de dos por la deuda y casi $ 83 millones como indemnización compensatoria a la empresa. En otras palabras 40 veces el valor adeudado.
[cita]Los $ 85 millones están desglosados en poco más de dos por la deuda y casi $ 83 millones como indemnización compensatoria a la empresa. En otras palabras 40 veces el valor adeudado.[/cita]
La norma que faculta a dicho pago está contenida en la Ley de Concesiones y ha sido ampliamente criticada, debido a que opera fuera de la lógica comercial del cobro de intereses. Sin embargo, en distintos fallos, tanto los emitidos por la Suprema, como del propio Tribunal Constitucional (TC), se ha confirmado el criterio que los legisladores dejaron estampado en el cuerpo legal.
El primer fallo del máximo tribunal en esta materia fue dictado en 2007. En este se condenó a una persona a pagar más de $ 200 millones, criterio que la Suprema ha mantenido inalterable.
Abogados que han tramitado casos similares ante los juzgados de policía local, recomiendan solucionar las deudas con la concesionaria lo antes posible, ya que la ley está de parte de las empresas en esta materia y, salvo que la Suprema cambiara de opinión, todo indica que perderán cualquier recurso que presenten.
