El documento llegará a La Moneda pocas horas después de conocerse un informe del ministro Jaime Ravinet, que limita el indulto a mayores de 70 años, enfermos graves o terminales que hayan cumplido la mitad de la pena, situación en la que se encuentran unos 35 ex uniformados. A ello se suma la reunión que sostuvo el mandatario con las hijas del asesinado general Carlos Prats, quienes le manifestaron personalmente su rechazo a cualquier medida que beneficie a quienes cumplen penas por este tipo de delitos.
El debate sobre la eventual inclusión de violadores de los derechos humanos en un indulto especial propuesto por la Iglesia católica con motivo del Bicentenario se acrecentó este martes, con rechazos y apoyos a tal posibilidad.
Ello, en medio de versiones extraoficiales de que la Conferencia Episcopal presentaría este miércoles la propuesta al gobierno, aunque el episcopado mantuvo silencio sobre el asunto.
Algunos obispos han adelantado, no obstante, que la propuesta se basa en principios cristianos sobre clemencia y misericordia, que no hacen distinciones entre los beneficiados.
El presidente Sebastián Piñera afirmó en una entrevista publicada el pasado domingo que «cuando aplicamos razones humanitarias debemos tener el mismo criterio para civiles y militares».
Ello, poco días después que su ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se manifestara contrario a los indultos, que a su juicio son «un resabio monárquico» y dijera que a veces, la Iglesia católica «hace planteamientos que no son del campo religioso».
Mientras las hijas del asesinado ex jefe del Ejército Carlos Prats, tras ser recibidas hoy por Piñera, rechazaron tajantemente el indulto a los violadores de los derechos humanos», el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, confirmó haber enviado un informe reservado al mandatario, sobre eventuales indultos a uniformados.
El documento, según trascendió, limita el indulto a mayores de 70 años, enfermos graves o terminales que hayan cumplido la mitad de la pena.
Fuentes judiciales dijeron que hay unos 35 militares presos que reúnen esos requisitos e incluso comenzaron a circular algunos nombres, como el general Odlanier Mena, ex jefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI), que cumple una pena de seis años de prisión.
Según el abogado de derechos humanos Nelson Caucoto, «el Estado de Chile no puede decretar indulto alguno en crímenes de guerra o lesa humanidad porque está prohibido por el Derecho Internacional».
«Ni el presidente, ni la conferencia episcopal, ni el Congreso pueden decretar indultos para los delitos de lesa humanidad», añadió.
Similar opinión expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Wright Watch, quien precisó que la norma rige para delitos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.
El senador Juan Antonio Coloma, presidente de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), apoyó el indulto, señalando que «a un enfermo terminal no le voy a preguntar si usaba o no uniforme», mientras el diputado del mismo partido José Antonio Kast consideró que el indulto a militares «es necesario para la reconciliación».
«Los delitos de lesa humanidad son irreconciliables», afirmó en tanto Karina Fernández, abogada del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que añadió que si el presidente Piñera indulta a violadores de derechos humanos actuaría «de forma inconstitucional».
En tal caso, «Chile estaría vulnerando obligaciones internacionales, se podrían hacer presentaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y Chile debiera ser sancionado en esta materia», añadió en declaraciones a Radio Coopeartiva.
Según la abogada, este tipo de delincuentes han tenido un trato privilegiado de la Justicia, ya que «de los 220 condenados por violaciones a los derechos humanos sólo 64 están cumpliendo pena efectiva (en prisión) y hay 144 que se encuentran con beneficios».
Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), dijo que el informe de Ravinet «es una decisión disfrazada con palabras de buena crianza», pues el Gobierno tiene supuestamente un compromiso «de dejar impunes a estos asesinos».
