El fiscal Álvaro Pérez tras iniciar un a investigación criminal en contra de dos ejecutivos de la empresa Dole, en la que trabajaba la víctima Dionisio Leiva Ramírez (45), gestionó un acuerdo reparatorio que es parte de la condición de suspender la acción penal.
En el marco de una salida alternativa, la fiscalía de Rancagua logró el pago de una millonaria indemnización a la familia de un trabajador que murió el 30 de julio del 2009 tras ser aplastado por un cargador frontal.
El fiscal Álvaro Pérez tras iniciar un a investigación criminal en contra de dos ejecutivos de la empresa Dole, en la que trabajaba la víctima Dionisio Leiva Ramírez (45), gestionó un acuerdo reparatorio que es parte de la condición de suspender la acción penal.
Los imputados en este caso fueron el jefe de operaciones de la empresa Dole, Luis Valenzuela Maldonado, y su administrador Guillermo Larrañaga Katalinic.
«Respecto de ambos imputados se les atribuía el no haber entregado la capacitación necesaria, ni los elementos de seguridad a Dionisio Leiva para desarrollar la tarea que realizaba al momento de ser aplastado por el cargador frontal. Por ello, estamos convencidos de que tuvieron responsabilidad directa en la muerte de este trabajador» aseguró Pérez.
Tras ser formalizados los ejecutivos este viernes se desarrolló una audiencia en el Juzgado de Garantía de Rancagua en el que los imputados y la viuda del trabajador (con quién tuvo cinco hijos) acordaron una salida alternativa condicionada al pago de los 85 millones de pesos por concepto de reparación.
Pérez expresó que «la Fiscalía no se opuso a esta salida alternativa atendiendo la precaria situación en que había quedado la familia del trabajador y ello fue también aprobado por el juez de garantía Marcelo Albornoz».
Los hechos se remontan al año pasado cuando Leiva estaba trabajando y la máquina se volcó y cayó aplastándolo. Tras esto el trabajador sufrió severas lesiones que horas más tarde le provocaron la muerte.
