«Resulta impresentable que una corporación de educación universitaria, esté demostrando este tipo de comportamiento», sostuvo Luis Mariano Rendón de Acción Ecólogica.
La Contraloría General de la República acreditó una serie de malas prácticas en el proceso administrativo que concluyó con la emisión de un permiso de edificación otorgado por el director de Obras de Recoleta a una sociedad inmobiliaria controladora de la Universidad San Sebastián que contraviene las normas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.
El fallo, dado a conocer por las oragnizaciones ciudadanas Acción Ecológica, Ciudad Viva, Defendamos la Ciudad y las junta de vecinos Nº 35 de Recoleta y Nº 13 de Providencia, deja en claro que la Corema de la Región Metropolitana, a esta fecha, no cumple con su rol fiscalizador en materia ambiental.
Por tal motivo, los grupos ciudadanos le pedirán a la Contraloría que traslade todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que este órgano, que cautela el interés fiscal, decida el camino a seguir y en paralelo le solicitarán a los dos diputados del distrito que llamen a una comisión investigadora para que fiscalice el linitivo actuar de los Seremis de Transportes, Vivienda y Urbanismo, director de la Conama y presidente de la Corema, teniéndose en cuenta que la Cámara Baja carece de atribuciones para fiscalizar a los municipios.
«Las irregularidades son varias y en esta ocasión nos referiremos sólo a las más gravitantes que son : en primer lugar, el proyecto se emplaza en la manzana completa conformada por las calles Bellavista, Ernesto Pinto Lagarrigue, Dardignac y Pío Nono, terreno que tiene dos zonas distintas, una de las cuales, la que enfrenta Bellavista, permite construcción en altura y la que está hacia el norte, es decir, la que va hacia Dardignac, solo permite la construcción con altura media, pero la Dirección de Obras vulnerando el artículo 2.1.21. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones facilitó la construcción de 3 torres habitaciones de 20 pisos cada una en la zona que no los admite. Una de esas torres ya está terminada y las otras dos todavía no se inician», explicó Patricio Herman.
«En segundo lugar, la alcaldesa de Recoleta, a instancias de funcionarios de rango medio, firmó un Decreto Alcaldicio por un permiso precario que favorece a esa corporación sin fines de lucro, así se llaman las universidades privadas en Chile, con el cual se construyó una rampa sobre y bajo el bien nacional de uso público calle Pío Nono que opera como acceso al estacionamiento privado bajo tierra que utilizan los usuarios de esa universidad, instalación que también se explota comercialmente con los clientes de los restaurantes del sector, pasándose por alto la Ley de Concesiones que obliga a los municipios a llamar a licitaciones públicas», agregó.
«En tercer lugar, el proyecto en ejecución es clandestino porque no cuenta con una calificación ambiental favorable de la Corema región metropolitana, ello por cuanto el artículo 8º de la ley Nº 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, ordena que para iniciarse las obras de los proyectos que se someten al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) se debe contar con una calificación ambiental favorable, lo que no acontece en la especie y por ello la Contraloría instruyó a la institucionalidad ambiental para que curse las sanciones de rigor, lo que también está pendiente», concluyó el dirigente.
Por su parte, Luis Mariano Rendón de Acción Ecólogica manifestó que «resulta impresentable que una corporación de educación universitaria, esté demostrando este tipo de comportamiento, al margen de la ley. Nos preguntamos qué tipo de enseñanzas pueden entregar a sus alumnos en el plano teórico, si en la práctica no tienen escrúpulos en pasar por alto de la normativa ambiental y de ordenamiento territorial. Resulta además un coincidencia muy inquietante, que esta Universidad aparezca con vínculos al mismo partido político que ha tenido en sus manos la alcaldía de Recoleta, precisamente el Municipio que ha entregado los permisos cuestionados».
En tanto, Josefa Errázuriz de Ciudad Viva señaló que «el proceso de fiscalización ciudadana no es nuevo, se ha desarrollado durante varios años y las reparticiones responsables de ejercer los resguardos y protección del bien común, en este caso, han actuado con dejación y complicidad por omisión con los intereses privados. Las denuncias reiteradas efectuadas ante la Seremi de Vivienda, Bienes Nacionales y aún Contraloría, más otros entes fiscalizadores han sido ignoradas y sus respuestas sistemáticamente dilatadas permitiendo que los proyectos de construcción y ocupación del espacio público terminen consolidándose como hechos consumados colocando el poder económico por sobre los derechos ciudadanos».
