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Reforma educacional medirá muñeca política del presidenciable

La prueba de fuego de Lavín

por 25 noviembre 2010

La prueba de fuego de Lavín
Aunque en el oficialismo nadie ha anunciado que negará sus votos para la nueva batalla del gobierno, lo cierto es que no son pocos los que le han encontrado algún bemol. Por lo pronto, el aumento de las horas a lenguaje y matemática, en desmedro de otras materias, parece ser la piedra de tope para algunos sectores de la Alianza por Chile. Por lo que se puede vaticinar que la búsqueda de acuerdos no será fácil.

Rubricada por el propio Presidente Sebastián Piñera como “la madre de todas las batallas” de la actual administración, la reforma a la Educación ya da señales de un fuerte debate en el Congreso. Pero las diferencias no surgen sólo entre el oficialismo y la oposición, como para muchos sería natural en el juego democrático, sino que también enfrenta rechazo, en aspectos determinados, desde las filas del gobierno. A cambio, unos cuantos parlamentarios de la Concertación se han mostrado más abiertos a apoyar ciertos aspectos de este nuevo cambio al sistema educacional. Así las cosas, esta podría convertirse en la prueba de fuego para gestión de Joaquín Lavín, dado que el proyecto ingresaría al Parlamento con suma urgencia, por lo que el titular de la cartera tendría un mes para ordenar a su sector y lograr un acuerdo con la colación opositora.

En el gobierno tienen la convicción de que, pese a las dudas que se han expresado desde sus filas, podrán ordenar a los parlamentarios oficialistas; y están conscientes de que no será tan fácil llegar a acuerdo con la oposición. La dura batalla que se enfrentó en la tramitación de la Ley de Reconstrucción y de presupuesto, respectivamente, le plantea a La Moneda la aprensión de que la Concertación cierre filas tras argumentos netamente políticos para bloquear la iniciativa.

Por lo pronto, el anuncio de que en el currículum escolar se aumentarán las horas para matemáticas y lenguaje, en desmedro de materias como ciencias sociales y tecnología, provocó reacciones en contra, desde los partidos oficialistas. De hecho, las críticas más duras vinieron del vicepresidente de Renovación Nacional, alcalde de Puente Alto, Manuel José Ossandón, y del diputado de la UDI Manuel Rojas. Si bien el primero reaccionó con dureza el mismo 18 de noviembre, cuando se conoció la iniciativa, días después moderó sus dichos, traspasándole a la ex Presidenta Michelle Bachelet –sin ninguna lógica- la responsabilidad de ordenar a la Concertación tras el ya polémico proyecto. Con lo que coloca sobre la mesa, la idea de que este será un nuevo gallito político gobierno-oposición.

Hablando de volteretas…

La primera reacción de Ossandón podría ser considerada como de antología. El jefe comunal advirtió que “con esta iniciativa lo único que logramos es formar más empresarios y menos gente con conciencia social. Las personas se forman sabiendo más de su pasado, de su cultura y de las tradiciones. Si quitas horas a ese ramo (ciencias sociales) corremos riesgos que podemos pagar caro en el futuro”. Y por si fuera poco, agrega al debate un  elemento en el que nadie había puesto atención al cuestionar las razones para esta modificación, afirmando que “no quiero pensar que esto se hace para elevar las estadísticas de la educación chilena, en virtud de que los parámetros internacionales siempre se hacen en relación a lenguaje y matemáticas: si es así, estaríamos cometiendo un error incalculable”.

La dura batalla que se enfrentó en la tramitación de la Ley de Reconstrucción y de presupuesto, respectivamente, le plantea a La Moneda la aprensión de que la Concertación cierre filas tras argumentos netamente políticos para bloquear la iniciativa.

Pero también sostiene que la medida anunciada “no se la comunicaron ni consultaron a nadie, ni a los apoderados ni a las corporaciones, que son los sostenedores de la educación pública. La educación, creo yo, es debate, y cuando las decisiones se toman de manera unilateral el futuro no se ve con buenos ojos”. Aunque el lunes pasado, coincidentemente con la reunión de directiva de su partido, dio un notorio giro a su postura original, señalando que la Concertación ha criticado la reforma “sin siquiera analizarlas en su fondo” y que “la gente es inteligente y se da cuenta que la oposición está encaprichada a decir a todo que no” e instó a la ex mandataria a “poner orden” en las filas opositoras. Aún cuando, reivindica su posición de rechazo al aumento de las horas de matemática y lenguaje en desmedro de ciencias sociales.

Quien está en una posición similar a la de Ossandón es su compañero de  coalición, el diputado gremialista Manuel Rojas. Lo que le preocupa al legislador es la “integralidad” de los educandos. Es por ello que plantea que estos deben estar sometidos a una educación completa y que aún cuando es positivo el aumento de las horas en matemática y lenguaje, esto se debe complementar con el incremento también en aspectos como la educación física, pensando en que no todos estudiantes apuntan a carreras como medicina o ingeniería, sino que también “hay jóvenes que pueden tener un desarrollo útil para la sociedad a través del arte y el deporte”.

En esta línea instó al titular de Educación a que “antes de tomar cualquier medida, el ministro Lavín debe realizar una evaluación de la Jornada Escolar Completa, algo que pedimos por largo tiempo al gobierno de la Concertación y nunca lo hizo”. Ello, porque en su opinión el mejoramiento de la educación era el objetivo de este sistema, cuando se discutió en el Congreso.

Las platas siguen siendo problema

Otro elemento que podría ser un problema para el gobierno es el que plantea en su propuesta el senador de RN Francisco Chahuán. El parlamentario estima que en el proyecto del Ejecutivo se debería incorporar la deuda histórica de los profesores. Así, ni más ni menos. Junto con señalar que se sería adecuado “corregir” la decisión original de reducir las horas de historia, afirma que se debería incorporar “de alguna manera, como un elemento adicional, el reconocimiento de la deuda histórica del Magisterio”.

Por su parte, el alcalde de Santiago Pablo Zalaquett (UDI) hace una advertencia que no es menor y que deja al descubierto las dudas que, desde el estamento municipal siguen teniendo respecto de reformas, en el plano de la educación, que ellos deben administrar. En su calidad de presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, el jefe comunal dejó claro que los municipios no cuentan con los recursos para financiar la reforma. Por lo mismo, sentenció que “vamos a exigir el financiamiento” y pidió que “no estrujen lo que no hay, los municipios no tenemos ni para tapar los hoyos de las calles”.

No hay votos seguros

Frente a este escenario no es difícil vaticinar que la tarea entregada a Lavín de buscar un acuerdo va a ser, al menos, complicada.

En tanto, si bien en la Concertación también hay algunas posturas menos intransigentes, ello no implica que exista apertura total a respaldar la iniciativa del Ejecutivo, que tal como lo plantea Rojas, echa por tierra lo postulado por la JEC, que tanto esfuerzo le costó sacar adelante a la Concertación. En este sentido, el senador Jaime Quintana (PPD) reconoce, como ya ha planteado públicamente, que “esta es una medida mucho más progresista que las que propuso la Concertación” en su momento. Porque estima que el aumento en las horas de lenguaje y matemática va en directo “apoyo de los sectores más vulnerables”.

También aprueba las condiciones de retiro para los profesores y no duda en reconocer que en los gobiernos de la Concertación “faltó decisión política” para implementar algo así. Sin embargo, también plantea que así como respalda algunos aspectos de la polémica reforma, también tiene aprensiones respecto de otros. Una de ellas dice relación con los incentivos para los jóvenes que quieran estudiar pedagogía. A su juicio, estos podrían pasar al otro extremo y alumnos que tuvieran otra vocación optara por pedagogía debido justamente a los incentivos que propone el Ejecutivo, como por ejemplo costear la carrera de aquellos que obtengan un puntaje superior a 600. Por otra parte, estima que el despido del 5 por ciento del profesorado anualmente “es mucho” y que eso habría que replantearlo. Así y todo, además sostiene que el hecho de que esté de acuerdo con algunos aspectos de la normativa no significa que esté asegurando su voto.

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