Lo anterior, tras informarse que la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió a favor de los afectados dos recursos de protección por esta causa.
A través de un oficio a la Contraloría de la República, los diputados de la DC Gabriel Silber y Gabriel Ascencio pedirán a esta instancia que realice un sumario interno en las reparticiones donde se despidió a personal a contrata fuera de los plazos legales.
Lo anterior, tras informarse que la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió a favor de los afectados dos recursos de protección por esta causa. Los parlamentarios piden, además, que los jefes superiores que ordenaron los despidos restituyan al Fisco el monto involucrado por los pagos que deberán realizarse.
Al respecto, el diputado Silber explicó que “se deberá pagar a personas que no trabajaron y esto obviamente significa un perjuicio para el Fisco; los despidos no debieron efectuarse y lo que buscamos es que los jefes superiores sepan que despedir, sin fundamento e ignorando las disposiciones legales, no es gratis y que sí tiene un costo, por eso, debieran reponer estos recursos con cargo a sus remuneraciones”.
En fallos de distintas salas, de la Corte de Apelaciones de Santiago, se resolvió la situación de tres funcionarios del Ministerio Secretaría General de Gobierno; dos funcionarios del Instituto Nacional de Deportes ; y, cinco funcionarios del Ministerio de Educación, a quienes se les finiquitó con anticipación sus contratos acordados hasta el 31 de diciembre próximo.
Se consideró que los despedidos no se encuentran justificados de acuerdo a la ley, requisito indispensable para poner fin a este tipo de relación laboral, señalando que “el uso de una facultad discrecional no exime de manera alguna a la autoridad de fundamentar sus decisiones, transparentando las razones jurídicas y fácticas que le sirven de sustento, haciendo constar en sus resoluciones cómo la adecuada administración de los medios determina adoptar una cierta decisión”.
Se ordena, además, respetar los contratos de los cinco funcionarios desvinculados hasta su término y pagar los dineros que se adeudan desde su despido.
En el caso de los funcionarios del ministerio de Educación, quienes también presentaron recursos de protección, la Séptima Sala del tribunal optó por rechazarlos.
