El biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, insistió esta noche que se mantiene el alza del tres por ciento, aunque aseguró que los subsidios para las familias más humildes se han duplicado, «lo que significará que prácticamente no existe el alza».
Los habitantes de la Región de Magallanes mantuvieron el paro en protesta por el alza de precios del gas al quebrarse nuevamente la mesa de negociaciones, pese a que el gobierno anunció la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado contra los dirigentes de la movilización.
Los dirigentes de la Asamblea Ciudadana que representan a los habitantes de esta zona austral del planeta confirmaron este lunes el quiebre de las negociaciones porque, en su opinión, se mantenía en otra parte de la Gobernación de Magallanes un encuentro con los alcaldes de la región.
Eugenio Bahamondes, uno de los dirigentes de esa agrupación, acusó a los alcaldes de mantener «negociaciones paralelas» y no ajustarse al «mandato» de la ciudadanía, aunque el edil de la austral ciudad de Punta Arenas, Vladimiro Mimica, descartó esa situación.
El propio ministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, quien viajó este lunes a Punta Arenas para reactivar las negociaciones, confirmó a los periodistas el quiebre de la mesa de diálogo.
Golborne insistió esta noche que se mantiene el alza del tres por ciento, aunque aseguró que los subsidios para las familias más humildes se han duplicado, «lo que significará que prácticamente no existe el alza».
El ministro dijo que se mantendrá en la zona «porque tiene la esperanza» de que las conversaciones vuelvan a empezar y precisó que no le cabe duda de que se llegará a una solución.
En tanto, la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, que permite a las autoridades perseguir judicialmente a quienes alteren las actividades habituales con bloqueos de calles o caminos, fue rechazada por diversos sectores políticos y sociales, que temen una radicalización de las protestas en la región.
El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, que hace unos meses fue mediador en la solución de una huelga de hambre de presos mapuches, consideró «grave» la medida, anunciada la noche del domingo y reiterada este lunes por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
El paro fue convocado por la Asamblea Ciudadana, que aglutina a diversas organizaciones gremiales y sociales de la región, en rechazo a una subida del 16,8 por ciento en el precio del gas, principal combustible de la zona, que además es la única donde se produce y se vende subsidiado a sus habitantes.
El Gobierno anunció una reducción del alza, a sólo un tres por ciento, y mantener ese precio hasta octubre próximo, pero la oferta fue rechazada por la comunidad.
Este lunes algunos locales comerciales comenzaron a reabrir sus puertas en Magallanes y algunas entidades como la Asociación de Turismo se descolgaron del paro, pero se mantienen los bloqueos de rutas y otras medidas de presión además de las movilizaciones.
El paro ha perjudicado especialmente al turismo y unos 3.000 visitantes, principalmente argentinos, que permanecían sin poder regresar a sus lugares de origen y que fueron evacuados durante levantamientos temporales de los bloqueos.
Entre la noche del domingo y la madrugada del lunes hubo nuevas manifestaciones y algunos disturbios aislados en Punta Arenas, donde dos carabineros resultaron lesionados en un incidente con pobladores, señalaron fuentes policiales.
Según el senador por la zona Carlos Bianchi, unas 8.000 personas se manifestaron en las calles de Punta Arenas en rechazo a la eventual aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, que también fue rechazada por el alcalde Mimica. A su juicio, la medida equivale «a apagar un incendio con bencina».
Por su parte, la diputada por la zona Carolina Goic, en declaraciones a radio Cooperativa, consideró la medida como «una provocación» y «una estrategia equivocada» para tratar de quebrar a la Asamblea Ciudadana.
Dalivor Eterovic, dirigente regional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y uno de los portavoces de la Asamblea, acusó al gobierno de ser «autoritario y violento» y de estar acostumbrado a resolver los problemas mediante el uso de la fuerza.
«Lo hizo en Isla de Pascua, en La Araucanía, y ahora pretende hacerlo en Magallanes», sostuvo en declaraciones a la misma radio.
Para el presidente del Senado, Jorge Pizarro (DC), la medida «es un acto más de abuso y de autoritarismo».
En tanto, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) se declaró en alerta por la eventual aplicación de la ley de seguridad del Estado, y el senador Juan Antonio Coloma, presidente de la oficialista Unión Demócrata Independiente, también planteó sus dudas.
