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Sin embargo, señala que fue una decisión “justa y correcta”

Piñera admite que decisión de ratificar a Van Rysselberghe puede tener costos políticos

por 27 febrero 2011

Piñera admite que decisión de ratificar a Van Rysselberghe puede tener costos políticos
El mandatario explicó que tras las denuncias del senador Alejandro Navarro el gobierno tomó cinco días hábiles para estudiar los antecedentes, afirmando que “no hubo irregularidades, no hubo falsificación de certificados de inhabilidad como acusó el senador y no hubo mal uso de recursos públicos”. Además, negó haber cedido a presiones de la UDI para mantenerla en el cargo.

A pesar que una encuesta hecha por El Mercurio y Opina muestra a la intendenta del Biobío, Jaqueline van Rysselberghe, como la peor evaluada de todas las autoridades regionales involucradas en el proceso de reconstrucción, otorgándole un 4,0 como nota, el Presidente Sebastián Piñera ratifica su decisión de mantenerla en el cargo y sostiene que fue una decisión “justa y correcta”.

Sin embargo, reconoce que su determinación puede acarrear costos políticos en el corto plazo y desde el punto de vista del apoyo popular.

En entrevista con El Mercurio, el mandatario explica que tras las denuncias del senador Alejandro Navarro el gobierno tomó cinco días hábiles para estudiar los antecedentes, afirmando que “no hubo irregularidades, no hubo falsificación de certificados de inhabilidad como acusó el senador y no hubo mal uso de recursos públicos”.

Piñera agrega que se valoró la gestión realizada por la intendenta durante los 12 meses tras el terremoto y finalmente se tomó la decisión. “Sabíamos que podía tener costos en el corto plazo y desde el punto de vista del apoyo popular, pero pensamos que era la decisión justa y correcta”.

Asimismo, explica que como Presidente no se puede actuar en base a los resultados obtenidos en las encuestas, “tiene que pensar en qué es mejor para el país. Hay que tener coraje moral y autoridad suficiente para tomar decisiones difíciles”.

Piñera también rechaza las críticas que se le han hecho en torno a haber cedido a las presiones de la UDI para mantener en el cargo a Van Rysselberghe.

“La UDI manifestó su opinión, RN también. Y el gobierno actuó en base a los antecedentes de la investigación y pensando en lo que era correcto”, menciona.

Respecto a la crítica que ha hecho el gremialismo a la falta de conducción política de su gestión, el mandatario consideró lamentable e injustas los cuestionamientos que hizo el senador UDI, Jovino Novoa, al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

“Creo que esa fue una crítica que no corresponde y es injusta. El ministro Hinzpeter hizo una investigación de forma profunda y seria y el gobierno tomó la decisión apenas tuvo los antecedentes. Para nosotros, los temas administrativos, es decir, especificar si se había utilizado de forma correcta, si se habían utilizado bien los instrumentos públicos, son muy importantes. Por tanto, no decidimos sólo políticamente. No comparto esa crítica y creo que el ministro del Interior cumplió en forma eficiente lo que yo le pedí que hiciera”, sostiene.

Piñera también rechaza un quiebre entre RN y la UDI tras el episodio con Van Rysselberghe, luego que personeros de la tienda de Antonio Varas manifestaron su molestia tras la ratificación de la autoridad regional en su cargo.

“Esto es un poco como el matrimonio. Siempre hay que estar alimentando y mejorando las relaciones, por no ha habido un quiebre”, argumentó.

Asimismo, sobre la acusación constitucional que está preparando la Concertación en contra de la intendenta del Biobío, el jefe de Estado desestima que esta prospere en el Congreso porque cree que no existen fundamentos.

“Esta es la Constitución y aquí está el artículo 52 que establece las causales de acuerdo a nuestro orden constitucional de acusación contra un intendente. Y yo creo que basta con leer el artículo 52, en su letra E, para concluir de buena fe que no hay base ni fundamentos para una acusación constitucional. Esta es nuestra opinión y espero que en esto prime la cordura y no se utilicen las acusaciones constitucionales como parte del legítimo debate político”, precisa.

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