«Aquí ha habido una intromisión clara del Gobierno», hizo hincapié Mauricio Villarroel.
«Los favores políticos se pagan», sostuvo Mauricio Villarroel, la pareja de Andrea Urzúa Cid, una de las procesadas por el denominado «caso bombas».
En entrevista con Radio Cooperativa, aseguró que el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, le está pagando un «favor político» al ex fiscal Alejandro Peña al incluirlo en un alto cargo en su cartera.
«Aquí ha habido una intromisión clara del Gobierno a través del ministro del Interior a cambiar un fiscal que llevaba cinco años en la investigación, el cual con los mismos antecedentes dijo que estas personas no son jurídicamente procesables. En menos de un mes se cambió ese fiscal, llegó el fiscal Peña y resolvió procesar a 14 personas», sostuvo.
Agregando que «los favores políticos se pagan, creo que el Ministerio del Interior y este Gobierno a través del señor Hinzpeter le está devolviendo el favor de haber procesado a gente inocente en este montaje».
Por su parte, el abogado defensor, Rodrigo Román, dijo estar sorprendido con el alejamiento del Alejandro Peña. Esto, a su juicio, «confirma la tesis de esta defensa de que aquí hay una operación política montada desde el gobierno, y precisamente de esta dupla, porque este idilio entre Hinzpeter y Peña quedó descubierto en julio del 2010».
En entrevista con Radio ADN, señaló que «es poco decoroso, un atentado a la caballerosidad en lo que dice relación al ámbito profesional» y deja al descubierto «un montaje orquestado desde las más altas esferas (..) resulta poco ético, una irresponsabilidad formalizar, encarcelar a las personas, acusarlas con las penas del infierno y abandonar el buque a las 24 horas».
De esta forma, la renuncia de Peña revela, a su opinión, que «el delito de asociación ilícita terrorista, lo que nosotros creíamos que sólo existe en la mente del (ex) fiscal, parece que hoy día queda al descubierto que es una orquestación que viene también desde el poder político».
