Los detenidos presionan para ser juzgados «por un tribunal imparcial» y que se excluya la legislación antiterrorista en los procesos contra comuneros, pese a que en su caso se aplicó en definitiva la legislación común.
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Hugo Gutiérrez, anunció que buscará reunir a familiares de cuatro presos mapuches que llevan 38 días en huelga de hambre para buscar una salida a la situación.
Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical ingieren sólo líquidos desde el pasado 16 de marzo, cuando fueron condenados a largas penas de prisión por delitos cometidos en el marco del denominado conflicto mapuche, en el sur de Chile, originado en demandas de tierras por parte de algunas comunidades.
Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), fue condenado a 25 años de prisión, mientras Llanquileo, Huenuche y Huillical fueron sentenciados a 20 años por un tribunal oral, que los encontró culpables de haber atentado contra un fiscal y de un asalto a un predio particular.
Con la huelga, los presos presionan para ser juzgados «por un tribunal imparcial» y que se excluya la legislación antiterrorista en los procesos contra comuneros, pese a que en su caso se aplicó en definitiva la legislación común.
El diputado Gutiérrez, del partido comunista y abogado de derechos humanos, calificó de «cosméticas» algunas modificaciones a la legislación antiterrorista aprobadas en los últimos meses pues, según dijo a los periodistas, no han tenido ningún efecto y «hoy tenemos más jóvenes todavía procesados en virtud de esa ley, que viene de la dictadura».
Agregó que en ese contexto, «hemos resuelto convocar a familiares y abogados porque lo mejor es escuchar, para continuar ayudando como lo hemos hecho hasta ahora».
Los cuatro mapuches, que permanecen en la cárcel de la ciudad de Angol, a 600 kilómetros de Santiago, en la región de La Araucanía, forman parte de los más de 30 pesos que el año pasado mantuvieron una huelga de hambre de 80 días con las mismas demandas y también de mejores condiciones carcelarias.
El director regional de Gendarmería (Servicio de Prisiones), David Espinoza, aseguró hoy que los cuatro comuneros se encuentran en buen estado de salud.
«Nuestro deber es salvaguardar la integridad de los presos», dijo a Radio Cooperativa Espinoza, que añadió que los cuatro están en un sector de la cárcel «dónde habitan internos de esta etnia, y están tranquilos, sin ningún problema».
La Corte Suprema de Justicia acogió a tramitación, esta semana, un recurso de la defensa de los cuatro comuneros para que se anule el juicio que los condenó y se celebre otro.
El máximo tribunal chileno dispone de un plazo de dos meses para pronunciarse sobre la petición, dijo el defensor público Pablo Ardouin, que representa a los mapuches, para quien la sentencia del primer juicio «no cumple los requisitos necesarios».
Los comuneros fueron visitados hoy por la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fries, quien advirtió que la aplicación de la ley antiterrorista en su contra les impide tener un juicio justo.
«Para el Instituto, la aplicación de la ley antiterrorista es un atentado a la posibilidad de un juicio imparcial y a las garantías del debido proceso», dijo a Radio Cooperativa.
Según Fries, aunque los cuatro no fueron condenados por la ley antiterrorista, durante la investigación se ocuparon las ventajas procesales de la ley antiterrorista, como el uso de testigos protegidos, lo que provoca un desequilibrio contra quienes son imputados.
