La diligencia estuvo encabezada por el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza y fue realizada por peritos del Servicio Médico Legal.
El féretro con los restos del presidente Salvador Allende fue extraído esta mañana del mausoleo familiar del Cementerio General para iniciar las pericias que determinen las circunstancias de su muerte, que según la versión más aceptada se debió a un suicidio.
La diligencia estuvo encabezada por el juez de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza y fue realizada por peritos del Servicio Médico Legal.
En la exhumación también estuvieron presentes varios familiares de Salvador Allende, entre ellos la senadora socialista Isabel Allende, hija del mandatario, que falleció en el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973, durante el golpe de Estado de Augusto Pinochet.
Al respecto, el juez Carroza detalló que la exhumación se hizo dentro de los plazos convenidos. Por su parte, el director del SML, Patrcio Bustos, dijo en Radio Cooperativa que «un equipo multidisciplinario del Servicio Médico Legal, integrado por médicos, odontólogo, antropólogo, arqueólogo y fotógrafo forense, van a realizar la exhumación del Presidente Allende, luego conducirlo a un laboratorio de antropología del SML que va a estar preparado para dedicarse en exclusiva y con un nivel de seguridad y custodia permanente para trabajar desde los distintos ámbitos periciales».
Salvador Allende falleció el 11 de septiembre de 1973 en el Palacio de La Moneda, que ardía tras ser atacado por tierra y aire por militares golpistas que apoyaron al general Pinochet.
La versión más difundida de los hechos, aceptada incluso por la familia de Allende, es que el mandatario se mató disparándose en la barbilla con un fusil de asalto AK-47 que le había regalado el líder cubano Fidel Castro.
Esta explicación está respaldada por el testimonio de los médicos Patricio Guijón y José Quiroga, colaboradores de Allende, quienes sostienen que presenciaron el instante en que se volaba la cabeza en el salón ‘Independencia’, en el ala noreste del segundo piso de La Moneda.
Sin embargo, también han surgido dudas respecto de la veracidad de esta versión y han aparecido hipótesis que sugieren que Allende pudo ser asesinado o que falló al suicidarse y tuvo que ser rematado por uno de sus colaboradores más cercanos.
Está última tesis es la que defiende el escritor y periodista Camilo Taufic, quien tras investigar la muerte de Allende durante varios años llegó a la conclusión de que la causa de la muerte del ex mandatario fue un «suicidio asistido», según reveló.
Taufic sostiene que Allende se pegó un tiro con una pistola pero quedó malherido, por lo que fue un miembro de su guardia personal, los llamados «GAP» (Grupo de Amigos Personales), quien lo remató en un «acto de solidaridad humana y política».
Refuerza esa posibilidad un informe del año 2008 del experto forense Luis Ravanal, que detectó anomalías en el análisis de la autopsia de Allende, realizada pocos días después de su muerte, y llegó a la conclusión de que el cráneo recibió dos impactos de armas de calibres diferentes.
Según ese informe, hay un orificio de entrada en la zona superciliar derecha y uno de salida redondeado en la zona posterior de la bóveda craneana que no coinciden con un disparo efectuado por un fusil, pero que podrían corresponder al de una pistola o un revólver.
Tras su muerte, el cuerpo de Allende fue sometido a una necropsia antes de que sus restos fueran trasladados a la ciudad costera de Viña del Mar, a unos 125 kilómetros de Santiago.
Entre los expertos extranjeros que participan en las pericias se encuentra el tanatólogo español Francisco Etxeverría, que ha colaborado en otros procesos para identificar a opositores de la dictadura.
También estará la doctora Mary Luz Morales, de Colombia; la doctora Douglas Ubelaker, de Estados Unidos, el perito balístico David Pryor, del Reino Unido, y Luis Fondebrider, presidente del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
A ellos se suma un equipo pericial multidisciplinario chileno, encabezado por el doctor Patricio Bustos, director del Servicio Médico Legal (SML).
El caso del mandatario de la Unidad Popular (UP) se encuentra entre las 726 querellas por violaciones a los derechos humanos que fueron presentadas en enero pasado por la fiscal Beatriz Pedrals ante el juez especial Mario Carroza, en su calidad de representante del Ministerio Público Judicial.
Las causas presentadas corresponden a casos de violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Pinochet respecto de las cuales no se habían abierto antes acciones judiciales.
