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Bancada PS recurre al TC para frenar convenio que privatiza ‘excesivamente’ las semillas

A juicio de los parlamentarios socialistas el convenio viola la igualdad ante la ley y los derechos de las personas a la propiedad.


La Bancada de Diputados del PS presentó un recurso al Tribunal Constitucional para frenar la puesta en marcha del convenio UPOV-91 del Tratado Internacional que fortalece desproporcionadamente los derechos del obtentor vegetal, es decir, de las personas que se apropien de semillas mejoradas, en contra de los pequeños agricultores e indígenas.

A juicio de los legisladores socialistas este convenio vulnera “el principio de igualdad ante la ley y los derechos de las personas a la propiedad. Además, atenta contra estos derechos y por ende no se puede aprobar con trampa, saltándose el orden jurídico interno».

Frente a este escenario, los Diputados PS, llamaron al Presidente Sebastián Piñera a congelar el proyecto que aplica el convenio UPOV -91,  debido a que el Mandatario le puso urgencia legislativa.

“Esta iniciativa privatiza la semilla y tiene un impacto negativo en la biodiversidad, patrimonio de todos los chilenos. Además, tiene nefastas consecuencias para el desarrollo de la agricultura en general, y en especial para la pequeña y mediana agricultura y la agricultura orgánica”, aseguran los diputados PS.

“A nuestro juicio, aquí se está legislando exclusiva y precisamente para garantizarles mayores ganancias a las transnacionales monopólicas en desmedro del desarrollo de otros importantes sectores agrícolas nacionales”, señalaron los parlamentarios”, insistieron.

En este sentido, el  recurso presentado por los diputados socialistas busca que al aplicar el convenio se consulte a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

La medida, además busca que se faciliten los medios para que todos los involucrados o interesados puedan participar libremente en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsable de políticas y programas.

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