De esta forma los juristas de la parte recurrida Mario Galindo (HidroAysén) y Raúl Tavolari (Transmisión) defendieron la legalidad del proceso de tramitación ambiental de la iniciativa y argumentaron que los siete recursos de protección presentados en contra de ésta no tienen sustento jurídico alguno.
Los abogados de Hidroaysén afirmaron este jueves que los recursos judiciales interpuestos por agrupaciones medioambientales en contra del proyecto energético «se enmarcan en los fracasados intentos por judicializar el proceso de calificación ambiental de grupos que se oponen a las centrales hidroeléctricas».
De esta forma los juristas de la parte recurrida Mario Galindo (HidroAysén) y Raúl Tavolari (Transmisión) defendieron la legalidad del proceso de tramitación ambiental de la iniciativa y argumentaron que los siete recursos de protección presentados en contra de ésta no tienen sustento jurídico alguno.
La Corte de Apelaciones de Puerto Montt dejó en estudio el fallo por los recursos de protección presentados por agrupaciones medioambientales en contra del proyecto. Hoy se registraron los últimos alegatos de esta causa en el tribunal de alzada de la región de Los Lagos, en donde los abogados que representan a las organizaciones de defensa de la Patagonia y del polémico proyecto que pretende construir represas en los ríos Pascua y Báker, expusieron sus puntos ante estrado.
Mario Galindo agregó que «hemos podido apreciar que los recursos de protección que se han deducido no tienen una función acorde a su naturaleza, que es la de proteger un derecho constitucional que haya sido afectado, sino que forman parte de un conjunto de acciones que buscan impedir la materialización de este proyecto y no nos parece que esa sea una pretensión que deba ejercerse a través de un recurso de protección».
Galindo enfatizó que los abogados de HidroAysén entregaron ante el tribunal «las razones suficientes, jurídicas y técnicas, como para que estos recursos sean rechazados en todas sus partes».
En tanto, el abogado de AysénTransmisión, Raúl Tavolari, dijo que «los alegatos que hicimos aclararon dudas, desmintieron informaciones que no eran verídicas y nos centramos en que éste es un problema jurídico que tiene que resolverse por un tribunal de derecho, en lo jurídico».
La decisión de dejar el fallo en estudio implica que aún no existe un acuerdo tomado por los jueces, por lo que se estima que la discusión podría demorar incluso dos meses, considerando que uno de los magistrados que integra el tribunal hará uso de su feriado legal.
Las acciones judiciales emprendidas fueron presentadas ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique por las organizaciones medioambientales, en contra de la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del plan hidroeléctrico.
Finalmente es la Corte de Apelaciones de Puerto Montt la que definirá estos requerimientos, porque no existían los jueces competentes suficientes en la austral ciudad para definir el requerimiento presentado.
El presidente del tribunal portomontino, Hernán Crisosto, informó que Hidroaysén deberá estar paralizado hasta que se resuelva el fondo del requerimiento.
