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Miércoles, 13 de diciembre de 2017 Actualizado a las 12:10

De acuerdo a Ley de Protección al Refugiado

Juez procesado en Argentina por violaciones a DD.HH recibe visa de ocho meses al pedir refugio en Chile

por 9 septiembre, 2011

Juez procesado en Argentina por violaciones a DD.HH recibe visa de ocho meses al pedir refugio en Chile
Otilio Romano llegó al país después de que fuera citado para responder por su presunta participación en más de un centenar de delitos. Se trata de casos de casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos durante la última dictadura militar en Argentina, cuando fue fiscal de la provincia de Mendoza.

El juez argentino Otilio Romano, requerido por la Justicia de su país por su presunta participación en violaciones de los Derechos Humanos, solicitó refugio en Chile, lo que le permite recibir una visa temporal de ocho meses hasta que se resuelva su petición.

Una fuente policial que pidió el anonimato confirmó a Efe que el magistrado solicitó refugio en Chile, adonde viajó después de que fuera citado para responder por su presunta participación en más de un centenar de delitos durante la última dictadura militar argentina (1976-1983).

Según explicaron a Efe fuentes del Ministerio del Interior, a los solicitantes de refugio se les entrega una visa temporal de ocho meses hasta que se define su situación, de acuerdo a Ley de Protección al Refugiado.

En ese proceso interviene la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, presidida por la jefa de Extranjería del Ministerio del Interior, Carmen Gloria Daneri, y compuesta por dos representantes de ese ministerio y otros dos funcionarios de la cartera de Exteriores.

En esa Comisión también tiene voz, aunque no votó, un miembro del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

No obstante, este organismo tiene solo carácter consultivo y no resolutivo, puesto que la decisión final depende del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.

El juez Otilio Romano está procesado como partícipe en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos durante la última dictadura militar en Argentina, cuando fue fiscal de la provincia de Mendoza (oeste), vecina a Chile.

A raíz de ese proceso, el Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo encargado de la designación y control de jueces, suspendió por unanimidad a Romano el pasado 25 de agosto, un día después de que éste viajara a Santiago de Chile.

Después de que se conociera su salida de Argentina, un juez citó a Romano para que se presentara ante los tribunales de Mendoza, pero cumplido el plazo este miércoles, y al desconocer el paradero del juez, los querellantes de la causa pidieron su captura internacional.

En tanto, en Santiago el diputado comunista Hugo Gutiérrez entregó hoy en el Palacio de la Moneda una carta dirigida al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, en la que solicita que el juez Romano sea expulsado del país.

"En esa carta le hago ver que nuestro país suscribió la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que prohíbe de manera explícita otorgar refugio político a una persona que está involucrada en violaciones a los derechos humanos", declaró el parlamentario a Efe.

Por su parte, un senador de la oficialista Unión Demócrata Independiente (UDI), Víctor Pérez, propuso acordar con el Gobierno argentino un intercambio entre el juez Otilio Romano y el exguerrillero Galvarino Apablaza, radicado en Argentina desde 1993.

Apablaza, antiguo miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), que luchó contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), está procesado en Chile por el asesinato en 1991 del senador derechista y fundador de la UDI Jaime Guzmán.

En septiembre de 2010, la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), un organismo interministerial del Ejecutivo argentino, decidió otorgar refugio político al exguerrillero, lo que bloqueó la petición de extradición a Chile y causó molestia en el Ejecutivo del conservador Sebastián Piñera.

Hugo Gutiérrez consideró que el intercambio planteado por la UDI es "inmoral y carente de ética", porque la situación de Galvarino Apablaza "ya está resuelta" y a su juicio no se puede equiparar el caso de un "particular" con el de Otilio Romano, que fue "un agente del Estado", dijo.

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