La presidenta de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, Dafne Concha, sostuvo que durante el encuentro se les informó que este jueves se publicará la resolución de la entidad fiscalizadora respecto a la legalidad del programa instituido por el Gobierno.
Acompañados del diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, un grupo de apoderados y estudiantes llegó a la Contraloría General de la República para conocer los avances del dictamen respecto al plan “Salvemos el año Escolar” impulsado por el Ministerio de Educación y al que no se inscribieron de 50 mil estudiantes, según cifras oficiales.
La presidenta de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, Dafne Concha, sostuvo que durante el encuentro se les informó que este jueves se publicará la resolución de la entidad fiscalizadora respecto a la legalidad del programa instituido por el Gobierno.
“Nosotros esperamos de esta resolución poder tener claridad respecto a lo que es el marco jurídico del plan ‘Salvemos el año Escolar’. Porque de ese marco jurídico dependen las acciones que nosotros podamos realizar para determinar qué es lo conveniente a seguir en el caso de los 50 mil estudiantes que no se han inscrito. Todo va a depender de esta resolución”, precisó Concha.
La dirigenta agregó que “hay distintos caminos legales, distintas figuras que podemos utilizar, pero todo depende de cuál sea la letra que está ahí, no el espíritu, sino la letra de lo que está ahí escrito. Porque no cabe interpretación sino lo que verdaderamente tiene que ver con los decretos legales que sustentan el plan ‘Salvemos el año Escolar’”, subrayó.
Por su parte, el diputado Hugo Gutiérrez indicó que ante la eventual entrega del fallo se va a abrir un nuevo escenario, dependiendo de si es favorable o impugna la propuesta gubernamental.
El parlamentario comunista dijo que “hay que tener certeza legal de que este plan reúne los requisitos jurídicos para ser implementado por el gobierno de Piñera y luego tendremos que ver las acciones judiciales en el evento de que este plan sea considerado legal por la Contraloría. Y en el caso que no lo sea, por supuesto que el gobierno tendrá que ser interpelado por el dictamen, a fin de que corrija lo que a nuestro entender es una irregularidad legal”.
