“Significa lograr, para quienes resulten responsables, penas de 15 años y un día hasta presidio perpetuo por intento de homicidio frustrado en contra de carabinero en acto de servicio. Lo que pasó con ella es lo más deleznable y vil que puede hacer un delincuente: atacar a una mujer, atacar a una madre, que vista o no uniforme, jamás se puede justificar”, dijo Cecilia Pérez.
La intendenta metropolitana, Cecilia Pérez, invocó el Código de Justicia Militar en una querella presentada la mañana de este viernes en el Centro Justicia, a fin de elevar las penas para quienes resulten responsables del ataque a la carabinera de tránsito Jacqueline Urbina cuya motocicleta policial resultó quemada en el centro de Santiago tras una protesta.
El anuncio lo hizo junto al subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, tras ingresar el libelo en el Séptimo Juzgado de Garantía de la capital, oportunidad en que también se amplió la querella ingresada contra los dos imputados por el ataque incendiario a un bus de Transantiago la noche del miércoles, solicitándose la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado.
“En el atentado que sufrió la carabinera Jacqueline Urbina, nosotros estamos solicitando la pena máxima, acogiéndonos al Código de Justicia Militar, que significa lograr, para quienes resulten responsables, penas de 15 años y un día hasta presidio perpetuo por intento de homicidio frustrado en contra de carabinero en acto de servicio. Lo que pasó con ella es lo más deleznable y vil que puede hacer un delincuente: atacar a una mujer, atacar a una madre, que vista o no uniforme, jamás se puede justificar”, enfatizó la máxima autoridad regional.
En cuanto al ataque del bus Transantiago, Cecilia Pérez informó que en la audiencia de control de detención de los dos imputados, Sebastián Fajardo y Eduardo Garay, ambos de 21 años, se presentó una querella criminal por el delito de ataque incendiario y porte de bomba molotov, libelo que esta mañana se amplió con un nuevo escrito solicitando que se aplique la Ley de Seguridad del Estado en esta causa.
“Tenemos la convicción y las pruebas suficientes para solicitar la pena máxima para ellos, que va de 3 años y un día a 10 años de cárcel. En la audiencia de ayer, en uno de los casos nos fue bien, porque Fajardo quedó con prisión preventiva. Sin embargo, con Garay no logramos lo que queríamos, dado que sólo quedó con arresto domiciliario, y creemos que debe estar preso en una cárcel. Por lo tanto el lunes apelaremos ante la Corte de Apelaciones, para que revoque la decisión del juez del Séptimo Juzgado de Garantía”, informó la intendenta.
