Cuando asumió como subsecretario de la cartera, en febrero de 2011, las organizaciones ambientalistas consideraron que su nombramiento era un guiño a favor del desarrollo en el país de este tipo de centrales. Esto, porque antes de llegar al gobierno se había manifestado en contra de las altas exigencias que debían cumplir las generadoras para poder operar, y acusó que se estaba «discriminando a la generación eléctrica». El próximo fin de semana el Presidente Sebastián Piñera resolverá si lo confirma en el cargo.
Las aprensiones que despertó el nombre de Sergio del Campo (UDI) cuando asumió en febrero del año pasado como subsecretario de Energía, por el hecho de haberse desempeñado como gerente general de la termoeléctrica Guacolda (de propiedad de AES Gener, Copec y el grupo Von Appen), volvieron a reflotar este martes tras conocerse que será él, por ahora de manera interina, quien reemplace en sus funciones al renunciado titular de la cartera, Rodrigo Álvarez.
Ya en un primer momento su llegada al gobierno fue interpretada por organizaciones ecologistas y medio ambientalistas como un gesto a favor de los proyectos energéticos a carbón, más allá de las nuevas exigencias y regulación a los que éstos deben someterse para poder operar. Y por lo anterior daban por sentado que ya de antemano el Ejecutivo vería con buenos ojos la implementación de proyectos como el de Isla Riesco o la Central Castilla, aunque esta última enfrenta por estos días un difícil escenario judicial y su futuro está ahora en manos de la Corte Suprema.
Del Campo, de hecho, manifestó en una entrevista al diario La Tercera en diciembre de 2010, cuando aún desempeñaba su cargo al frente de Guacolda, que consideraba que la norma para operar centrales a carbón en Chile era demasiado exigente.
«La norma es muy exigente. Los estándares que fueron propuestos son similares, o incluso más altos, que los de países de la Unión Europea, que son naciones que duplican el ingreso per cápita de Chile y no son comparables a nuestra realidad», dijo, aludiendo a la norma que a fines de ese año aprobó el Consejo de Ministros para limitar las emisiones de las centrales, tanto nuevas como antiguas, de material particulado fino (PM 2,5), dióxido de azufre (SO2) y óxido de nitrógeno (NOx).
Al mismo tiempo, criticó el plazo de cuatro y cinco años y medio que se dio a las generadoras para adaptarse a los nuevos estándares. «En naciones más avanzadas, como Alemania y España, se otorgaron ocho años a las centrales termoeléctricas antiguas para adaptarse a las nuevas normas de emisión, porque se tuvo en consideración la situación particular de las empresas, de las necesidades de suministro del país y de la seguridad energética».
Y enfatizó que la nueva normativa era “discriminatoria. Se está discriminando a la generación eléctrica en relación con las otras industrias, porque no es posible que tengamos normas de emisión para un solo sector y el resto no tenga».
Además de ocupar la gerencia general de la termoeléctrica ubicada en la Región de Atacama, Del Campo -de profesión ingeniero comercial de la Universidad de Concepción y MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez- fue superintendente de Educación durante el último año del régimen militar, entre los años 1989 y 1990.
También fue candidato a diputado del gremialismo en Coquimbo y se ha desempeñado en distintas empresas de generación eléctrica tanto en Chile como en República Dominicana y Argentina.
Será el Presidente Sebastián Piñera quien el próximo fin de semana, tras culminar su gira por Asia, resolverá si confirma a Del Campo en el cargo o si pone en su lugar a un nuevo ministro.
