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Defendamos la Ciudad cuestiona "envío secreto" a Contraloría de proyecto de expansión urbana

por 26 abril, 2012

Defendamos la Ciudad cuestiona
Sin informar a la opinión pública, el Gobierno envió el 29 de marzo pasado al organismo fiscalizador la resolución administrativa que cambia el uso de suelo de 10.000 hectáreas agrícolas en la Región Metropolitana.
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La Fundación Defendamos la Ciudad realizó una serie de cuestionamientos al Gobierno por el envío bajo reserva a la Contraloría General de la República de una resolución  sobre la expansión urbana de la Región Metropolitana.

Sin informar a la opinión pública, el Gobierno envió al organismo fiscalizador la resolución administrativa que cambia el uso de suelo de 10.000 hectáreas agrícolas a urbanas.

Según informó Defendamos la Ciudad, la organización detectó “casualmente” la existencia del oficio Nº 145 del 29 de marzo de 2012, firmado por la intendenta de la Región Metropolitana Cecilia Pérez, dirigido al Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, en donde le entregaba la Resolución Nº 50/2012 sobre este proyecto de expansión urbana solicitándole la correspondiente toma de razón, con lo cual se podría publicar en el Diario Oficial.

Patricio Herman sostuvo que "lo más grave en esta operación de lucrativos negocios es que dicho polémico proyecto expansivo, denominado PRMS-100, no fue sometido a la necesaria votación en el Consejo Regional (CORE), con lo cual se vulneró la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y además el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, promotor de esta iniciativa, majaderamente se ha resistido a dar los nombres de las personas jurídicas y naturales beneficiadas con estos cambios de usos de suelo”.

Herman anuncio que ante esta citación “todas las organizaciones ciudadanas que promueven el desarrollo urbano sustentable recurrirán en los próximos días ante la Contraloría impugnando esa Resolución Administrativa, es decir, no respaldada por un cuerpo legal”.

“Este PRMS-100 tampoco contó con un democrático proceso de participación ciudadana, lo que significa que el gobierno, presionado por los privados interesados, actuó de manera opuesta a sus propios lineamientos oficiales, es decir, con transparencia. En resumen, estamos seguros que la Contraloría nuevamente rechazará este intento de entregar plusvalías patrimoniales a algunos propietarios de tierras rurales de ocho comunas periféricas de la ambientalmente saturada Región Metropolitana de Santiago", aseguró.

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