Recomendación de Colbún de suspender ingreso de Estudio de Impacto Ambiental de línea de transmisión de HidroAysén plantea dudas sobre el mayor y más polémico proyecto energético de Chile. Medida es interpretada como un mensaje de presión al sistema político para que dé reglas claras antes de seguir.
Los Matte son, sin lugar a dudas, el grupo económico más influyente de Chile. Los Luksic tendrán más plata, pero los Matte, más poder. Por lo que la dramática decisión de suspender anoche el ingreso del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de transmisión de HydroAysén tiene peso y es vista como un mensaje directo a La Moneda y al sistema político.
«Esto va más allá del sector energético. Es una señal de alarma para el Gobierno de lo enojado que está el sector empresarial con el actual clima. Los empresarios quieren certidumbre y lo que existe hoy es incertidumbre», advierte una fuente cercana a los Matte y al directorio de Colbún.
Un empresario minero critica que «la institucionalidad actual no da más. Las reglas son poco claras. No hay una política energética coherente».
El gerente de estudios de Celfin, César Pérez, afirmó en una entrevista con Bloomberg, que los problemas actuales para aprobar proyectos energéticos en Chile preocupan a los inversionistas y da la impresión que el Ejecutivo no les está dando el suficiente apoyo. «Lo que busca Colbún es una garantía de que el Estado va a proteger su inversión», explicó Perez.
Se estima que Chile necesita doblar su capacidad generadora en la próxima década para proveer energía a la minería, la cual tiene comprometido US$ 100 mil millones en proyectos ya aprobados.
El ejecutivo de Celfin duda que la decisión tenga impacto en las acciones, ya que el proyecto no influye aún en el flujo de caja de Colbún o Endesa, los socios en el proyecto.
Colbún informó, a través de un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros, que para la adopción del acuerdo se tuvo en consideración que “mientras no exista una política nacional que cuente con amplio consenso y otorgue los lineamientos de la matriz energética que el país requiere, se estima que no están dadas las condiciones para desarrollar proyectos energéticos de esta magnitud y complejidad”.
[cita]El abogado ambientalista Fernando Dougnac concuerda con que la decisión de los Matte es un acto de presión al gobierno. “Si su decisión se mantiene, esto significa que el proyecto completo se cae, ya que no hay para qué seguir con la planta generadora si no van a poder transmitir la electricidad. La otra alternativa es que los Matte esperen a un cambio de gobierno». Y agregó que “el Ejecutivo es cautivo de los intereses de las eléctricas”.[/cita]
“Será misión de los poderes Ejecutivo y Legislativo consensuar los cambios institucionales y regulatorios necesarios para viabilizar los proyectos de generación y transmisión que demanda el desarrollo económico y social de Chile”, agrega el documento.
Un ex ejecutivo de Endesa sostiene que es una señal clara del grupo Matte que no está dispuesto a seguir invirtiendo mientras el Gobierno no clarifique por dónde va su política energética.
“Está diciendo: llevamos US$ 200 millones invertidos y no se ve el espaldarazo a un proyecto que aporta 2.700 MW. Da a entender que paran mientras no se ordene la casa, digan lo quieren hacer primero y luego seguimos invirtiendo”, explica la fuente.
El ejecutivo observa que la declaración de Bernardo Larraín Matte, Presidente de Colbún —hijo de Patricia Matte y sobrino de Bernardo y Eliodoro—, “es una tirada de mantel muy poco conocida” y sólo asimilable con la de Endesa en 1999, cuando paralizó las obras de construcción de la central Ralco, por la incertidumbre sobre la concesión para instalar la represa.
Además, advierte que si los Matte emplazan públicamente al Gobierno y al Presidente, Sebastián Piñera, es porque las conversaciones no estaban funcionando, lo que pone en duda la gestión del nuevo ministro de Energía, el ex Copec Jorge Bunster.
“No cabe duda que es una medida de presión. Al final, están poniendo lucas sin tener una señal clara de qué hacer, ni con la carretera eléctrica ni con la política energética”, agrega.
Sin duda, asegura, Colbún consultó el tema con Endesa, pero prefirieron mandar a un grupo chileno a encarar al Gobierno, pues no se vería bien que lo hicieran los dueños ítalo-españoles los que salieran públicamente a poner los puntos sobre las íes.
El abogado ambientalista Fernando Dougnac concuerda con que la decisión de los Matte es un acto de presión al Gobierno. “Si su decisión se mantiene, esto significa que el proyecto completo se cae, ya que no hay para qué seguir con la planta generadora si no van a poder transmitir la electricidad. La otra alternativa es que los Matte esperen a un cambio de gobierno». Y agregó que “el Ejecutivo es cautivo de los intereses de las eléctricas”.
Fuentes de Gobierno señalaron que “es un asunto entre privados” y que esto “no interfiere absolutamente en nada el plan energético”, declaraciones que se suman a las dadas por el ministro de Energía, Jorge Bunster, en una breve conferencia de prensa, quien dijo que “se ha elaborado una estrategia de energía que cubre de 2012 a 2030 y el proyecto ya se ha enviado al Congreso”.
Es sabido que los Matte no estaban contentos con la forma en que se estaba desarrollando HidroAysén. Un ejecutivo del grupo (que no es pariente), aseguró que la decisión la tenían tomada hace un par de meses. No sólo les molestan las complicaciones políticas, sino también la exposición mediática y el costo sobre la imagen de la familia.
Más de un analista no descarta que los Matte vendan una parte o incluso la totalidad del proyecto a inversionistas extranjeros. En el proyecto HidroAysén ya han invertido cerca de US$ 200 millones y es sabido que Colbún y Endesa estarían dispuestos a abrirse a nuevos socios. La revista Qué Pasa reportó este mes que inversionistas chinos, brasileños y colombianos se han reunido con los Colbún y Endesa y tienen alto interés en entrar al negocio.
Los Matte lo necesitan más, ya que los costos del proyecto se han doblado y suman cerca de US$ 9 mil millones y no tiene la caja de Endesa para financiar el proyecto por sí solo, necesitando el financiamiento de la banca o de un socio estratégico, aseguran analistas.
El gerente general de SGA, Jaime Solari, quien ha dirigido más de una veintena de proyectos de impacto ambiental para empresas privadas, dice estar sorprendido por la decisión de Colbún. “No puede reclamar que no se actúa correctamente o que no están dadas las condiciones; tendría derecho a decir una cosa así si hubiera presentado un proyecto de trazado y haberlo sometido al sistema de impacto ambiental”.
Aclara que en los países desarrollados cualquier proyecto sería más exigente, mucho más complejo y más lento. “Lo que pasa es que Endesa presentó un EIA muy malo y lo rehízo con las addendas (observaciones) de los servicios públicos”. A su juicio, dada la envergadura, era previsible que HidroAysén tuviese dificultades y la compañía debiera haber estado preparada.
El anuncio de Colbún puede interpretarse “como una presión al Gobierno y Colbún no puede esperar a que el Gobierno le haga el proyecto”. A estas alturas, dice que hay muchos que piensan que HidroAysén no es necesaria. Cita, entre ellos, el estudio “Matriz eléctrica óptima de Chile al 2030”, realizado en 2011, por su empresa y la Universidad de Chile que, a partir de la opinión de 60 expertos del área económica, ambiental y social, concluye que con centrales de pasada y energías no renovables, el proyecto de Endesa y Colbún es prescindible.
A partir de la comunicación realizada por Colbún, el director de Greenpeace en Chile declaró que “el actuar de Colbún reconoce que tenemos razón, y que la falta de claridad respecto de la política energética que el país necesita a nivel de generación, distribución y consumo es abiertamente insuficiente. Chile necesita acuerdos sociales que incluyan a la sociedad civil”.
Anadió que “se trata de una potente señal que un socio de HidroAysén sea quien señala que el proyecto no sólo no está finalizado, si no que derechamente es inviable”.
El ambientalista norteamericano, Douglas Tompkins, que usó su fortuna acumulada en Esprit y North Face para comprar tierras en la zona, dice que las líneas de transmisión tendrían un impacto ambiental catastrófico.
