«Ellos acusaron que les metieron sus cabezas a la fuerza en tazas del baño, apuntaron con armas contra sus cabezas, que fueron golpeados hasta quedar inconscientes y que un oficial de policía se bajó los pantalones para mostrar sus genitales. Estos estudiantes fueron secuestrados en la práctica, detenidos en un autobús de la policía durante un máximo de ocho horas», sostuvo Marta Cisterna, vocera de la organización.
Un artículo publicado por el diario estadounidense The New York Times, sobre la labor que realizan los Observadores de Derechos Humanos en las movilizaciones estudiantiles, ahonda en las denuncias de «tortura» por parte de funcionarios de Carabineros de Chile, consigna Radio Cooperativa.
Marta Cisterna, vocera de la organización, aseguró en el reportaje publicado por el prestigioso medio norteamericano que su labor es monitorear y grabar lo que sucede cuando los policías reprimen en las protestas y ayudar a quienes se encuentran heridos. «Tenemos que registrar la evidencia de lo que estamos viendo (…) nadie más está monitoreando las acciones policiales», subrayó.
«Estamos hablando de tortura: ellos acusaron que les metieron sus cabezas a la fuerza en tazas del baño, apuntaron con armas contra sus cabezas, que fueron golpeados hasta quedar inconscientes y que un oficial de policía se bajó los pantalones para mostrar sus genitales. Estos estudiantes fueron secuestrados en la práctica, detenidos en un autobús de la policía durante un máximo de ocho horas», agrega.
«Algunos estudiantes han sufrido lesiones en la cabeza, narices rotas, convulsiones y problemas respiratorios, y otros han sido pisoteados por los agentes de policía a caballo. Según señalan los observadores, cada vez hay más detenidos que denuncian actos de humillación sexual por parte de la policía», acota Cisterna.
La nota de The New York Times resalta que los Observadores de Derechos Humanos reciben capacitación en fundamentos jurídicos y consigna que muchas veces son detenidos. Asimismo, aclara que la labor de ellos es fotografiar y grabar relatos orales de los manifestantes y testigos.
Sus reportes son enviados a la comisión de derechos humanos del Congreso Nacional, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones internacionales que tratan la materia.
