A menos de una semana que comiencen alegatos en La Haya
En Palacio siguen analizando fríamente el fallo “salomónico” de la Corte Internacional de Justicia conocido la semana pasada. Pese a las declaraciones formales, se estima que un escenario parecido se dará en el caso chileno-peruano y que, por lo mismo, habrá algún nivel de derrota. En tanto, en Lima analistas creen que Chile podría seguir los pasos de Bogotá, que ha anunciado que se retirará del pacto que reconoce jurisdicción de La Haya.
Mientras Santiago le bajó el perfil al fallo que no favoreció al nuevo aliado de la administración Piñera, Colombia, la prensa peruana puso especial atención al carácter “salomónico” y que ratifica el criterio de equidad con que habitualmente falla la máxima instancia de jurisdicción mundial. Equidad entendida en el plano de entregar, por justicia, algo a ambas partes.
Que algo se va a perder en este juicio ya está internalizado en la administración Piñera, aunque el discurso oficial sea otro. A puerta cerrada se reconoce que no será una victoria para Chile —lo que quedó ratificado por el tema colombiano— y, por lo tanto, hay que trabajar para que el impacto en la opinión pública sea el mínimo, sostienen en el gobierno.
Las consecuencias de un fallo adverso para Chile es materia de debate en La Moneda y fue uno de los temas principales abordados en el consejo de gabinete del jueves pasado. Ahí se planteó derechamente cómo podría afectar al gobierno en su conjunto y a la imagen presidencial, y también cómo podría arrastrar negativamente al candidato de la Alianza. Fuentes de Palacio también sostienen que el gabinete no está totalmente convencido de que la política de “hacerse los lesos” sea la mejor en este momento. Algunos ministros discrepan y creen que fue un error del Canciller, Alfredo Moreno, mantener el nivel de relaciones con Lima como si nunca hubiera pasado nada.
En Lima este fallo también es materia de análisis. El influyente diario La República señalaba la semana pasada que “La Corte Internacional de Justicia de La Haya ratificó el criterio de equidad que rige sus fallos al reconocer la soberanía de Colombia sobre los siete cayos del archipiélago de San Andrés pero, a la vez, otorgar una franja mayor de mar para Nicaragua, decisión que —aunque no genera precedente— crea un clima optimista para el Perú y su demanda de límites marítimos con Chile”.
Siempre en Perú, el ex canciller y abogado Eduardo Ferrero analizó el fallo Nicaragua-Colombia y sostuvo que “no obstante ser casos diferentes y que no pueden asimilarse uno al otro, también es evidente que en este caso hay ciertos principios de derecho a la delimitación marítima que la corte ha reiterado, y que Perú hace suyos en su demanda contra Chile”.
Ferrero —integrante del equipo de juristas que defiende la causa peruana para lograr la delimitación marítima con Chile—, informó que el grupo consultivo del Ministerio de Relaciones Exteriores está evaluando los alcances de esa sentencia, la que a su juicio contiene elementos que favorecen la posición peruana, ad portas de la fase oral del contencioso jurídico con Chile que se inicia el 3 de diciembre.
Según el ex jefe de Torre Tagle, “la búsqueda del principio de la equidad, que la Corte claramente hace en el caso Nicaragua-Colombia, es también un principio fundamental en la demanda de Perú contra Chile; así como también la proporcionalidad de lo que le tocaría a cada uno de los dos Estados una vez que se establezca la delimitación marina”, indicó.
Recordó que ese mismo principio de equidad y proporcionalidad fue aplicado en el caso Nicaragua-Honduras, lo cual representa para La Haya su propia jurisprudencia y su accionar conforme a los preceptos del derecho internacional.
Uno de los escenarios que se están barajando en Chile, a partir de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), es que en el caso chileno-peruano se aplique el principio del uso y la costumbre en relación al límite marítimo, que por años (más de medio siglo) ha sido reconocido como tal por Perú, por lo tanto debiera mantenerse tal cual, pero sí podría dejar este límite de línea recta solamente en 12 millas náuticas desde la costa, es decir 19,321 kilómetros y luego aplicar una bisectriz u otra fórmula que le permita a Perú tener acceso a un área de explotación marítima más efectiva, lo que no sucede actualmente. Aplicando así el principio de equidad.
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Las consecuencias de un fallo adverso para Chile es materia de debate al interior de La Moneda y fue uno de los temas principales abordados en el consejo de gabinete del jueves pasado. Ahí se planteó derechamente cómo podría afectar al gobierno en su conjunto y a la imagen presidencial, y también cómo podría arrastrar negativamente al candidato de la Alianza. Fuentes de Palacio también sostienen que el gabinete no está totalmente convencido de que la política de “hacerse los lesos” sea la mejor en este momento. Algunos ministros discrepan y creen que fue un error del Canciller mantener el nivel de relaciones con Lima como si nunca hubiera pasado nada.[/cita]
Es importante recordar además que Perú sostiene que es la Línea de la Concordia la que debiera fijar el límite marítimo como prolongación natural, en tanto Chile ha fijado desde el llamado Hito 1 el límite que va en paralelo a la línea del Ecuador. En este punto, La Moneda cree que La Haya no acogerá la pretensión limeña porque sería acoger una materia en la que no hay diferencias entre Perú y Chile como es el límite terrestre. Ahora si La Haya se pronuncia al respecto, no hay escenario previsible al respecto, según revelan fuentes de la Cancillería. Asimismo sostienen que comunicacionalmente no habría cómo enfrentar una derrota de esa magnitud.
Ante la cierta posibilidad de que a Chile “le vaya mal”, Palacio ha optado por una política de control sobre los medios de comunicación, en el sentido de dar orientaciones perentorias a los principales medios masivos para mantener la información lo más acotada posible, sin atisbos nacionalistas ni análisis que pudieran “perturbar la paz social”. Es decir, La Moneda quiere que se informe pero de manera sutil sin grandes titulares y sin exacerbar el espíritu nacionalista. Pero, lo que no dice La Moneda, es que no tiene plan “B” para enfrentar una derrota diplomática de esta envergadura, puesto que durante esta administración se optó por el “abuenamiento” con Lima, dejando de lado el principio aplicado por la administración Bachelet de que “Perú ha hecho un gesto inamistoso” y que, por lo tanto, la comunidad internacional debe entender que es Perú el que está desconociendo un tratado.
Piñera y Moreno desecharon el lenguaje diplomático universal y optaron por la diplomacia comercial, bajo la lógica de que el mercado todo lo soluciona. Aunque hasta ahora no hay antecedentes claros que la diplomacia comercial pueda solucionar conflictos en que la soberanía de un Estado se ve involucrada. Un solo detalle que vale la pena recordar: la Guerra del Pacífico o del Salitre comenzó por un tema comercial y no político o territorial.
El Presidente colombiano anunció la semana pasada el rechazo parcial a la resolución de la CIJ, que le otorgó 90.350 kilómetros cuadrados de territorio marítimo a Nicaragua, según cálculos del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter). Toda una victoria para Managua que pudo comprobar que La Haya, a diferencia de lo que cree Chile, no emite dictámenes netamente jurídicos, sino que políticos, y que no es casualidad que en este fallo se vea favorecido un país más débil y con mayores índices de pobreza. La ampliación de su territorio marítimo le permitirá a Nicaragua explotar las riquezas naturales del que fuera mar colombiano hasta antes del fallo.
El rechazo colombiano al fallo ha encendido las alertas en Perú y un sector importante de analistas cercanos al Presidente Humala creen que esta actitud podría ser adoptada por Chile también, a pesar de las muchas declaraciones que han formulados autoridades chilenas que reafirman que se acatará lo que determine La Haya. Aunque públicamente no lo dicen, en Lima hay cierto temor a que Santiago tome la misma actitud de Bogotá. Ante este escenario, Perú ha optado por enviar señales sutiles pero decidoras a Chile en materia militar. A menos de 24 horas del fallo Colombia-Nicaragua, el gobierno de Humala anunció que se modernizarán las FF.AA., además se potenciará la industria militar nacional. Una semana antes anunciaba el carácter de secreto para las compras militares para el VRAE (zona donde se combate a grupos terroristas). Nuevamente la política de disuasión va tomando fuerza. Perú, que ha sostenido de manera casi majadera que Chile ha propiciado una carrera armamentista, hoy está acelerando el paso para, a lo menos, equiparar fuerzas.
De hecho los contratos de reparación y repotenciación de las naves de la Fuerzas Aérea Peruana con empresas rusas, terminan durante el próximo año lo que supone la recuperación del 50 % de la capacidad militar aérea.
