De acuerdo al escrito formulado por el edil del gremialismo, se solicitó al organismo fiscalizador investigar la actuación del jefe comunal del Partido Comunista, Daniel Jadue, quien el pasado 13 de marzo firmó el Decreto Exento 940-2013, mediante el cual se procedió a la contratación directa de la empresa Hemisferio Sur S.A. para el suministro de los elementos de protección «para la seguridad del señor alcalde y sus asesores directos, en sus salidas a terreno en las poblaciones conflictivas de la comuna de Recoleta».
Una presentación ante la Contraloría General de la República (CGR) realizó el concejal UDI Ricardo Sáez, a fin de que se indaguen las presuntas irregularidades en las que habría incurrido la municipalidad de Recoleta en la adquisición de cuatro chalecos antibalas requeridos para el alcalde y sus asesores.
De acuerdo al escrito formulado por el edil del gremialismo, se solicitó al organismo fiscalizador investigar la actuación del jefe comunal del Partido Comunista, Daniel Jadue, quien el pasado 13 de marzo firmó el Decreto Exento 940-2013, mediante el cual se procedió a la contratación directa de la empresa Hemisferio Sur S.A. para el suministro de los elementos de protección «para la seguridad del señor alcalde y sus asesores directos, en sus salidas a terreno en las poblaciones conflictivas de la comuna de Recoleta».
Sáez sostuvo que la compra de los chalecos antibalas es ‘improcedente’ puesto que los argumentos esgrimidos por el municipio fueron ‘contradictorios’, y a su parecer no se ajustaron a los procedimientos que implica una adquisición de este tipo, «ya que no se llamó a una licitación pública, pues se debe considerar que en el mercado hay más de cincuenta oferentes para participar en este concurso».
El concejal de la UDI arguyó que existe discordancia en los fundamentos del mencionado decreto, puesto que se invoca la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (Artículo 8 letra c) que contempla la circunstancia de proceder al trato o contratación directa «en casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones especiales para casos de sismos y catástrofes contenidas en la legislación pertinente».
«Por ello solicitamos a la Contraloría que se investiguen dos situaciones que nos parecen revisten gravedad: la primera es contratar en forma directa y esgrimir razones de urgencia. El hecho de establecer o querer establecer que ésta es una compra realizada bajo el amparo de una situación de urgencia, como lo es un incendio o comprar una media agua, por ejemplo, pero comprar chalecos antibalas como nunca se habían comprado para el alcalde de Recoleta y sus asesores nos parece impresentable», declaró.
«Resulta contradictorio que se invoque un ítem de emergencia para la compra de elementos que no están estipulados bajo ese concepto», dijo.
Asimismo reprochó que se haya esgrimido también por parte de la alcaldía que los chalecos antibalas son requeridos «por tratarse en este caso de la necesidad urgente de informar a los vecinos de la comuna de Recoleta, respecto del permiso de circulación, y el breve plazo de adquisición del mismo».
Al respecto el concejal de la UDI sostuvo «de qué estamos hablando, es decir, con este criterio se está estigmatizando a la comunidad, lo cual no corresponde».
«El decreto en si carece de una serie de elementos que a nuestro juicio deberían hacerla concordante con lo que está solicitando. Básicamente en un momento se establece que en una de las justificaciones es que se requiere para informar a los vecinos respecto de los permisos de circulación; el decreto nos parece inconsistente, mal hecho, un copy paste que está de moda en el último tiempo y lo que hoy le pedimos a la Contraloría es que en uso de las atribuciones que tenemos como concejales, es que se investigue esta situación que se constituyó hace un mes y medio atrás», arguyó.
Además del escrito presentado ante entidad fiscalizadora, dijo que se ingresó a la oficina de partes del municipio una solicitud de antecedentes con respecto a esta adquisición, anunciando que el próximo martes «en sesión de consejo ordinario, se requerirá información de lo acontecido y la aclaración de parte del alcalde no solamente con este decreto en particular, sino que de otras situaciones».
Por ello Sáez emplazó públicamente al alcalde Jadue a que «le diga a la comunidad de Recoleta cuáles son las poblaciones, que de acuerdo al decreto, considera conflictivas y que justifiquen la adquisición de estos elementos».
Agregó que «llevo doce años en Recoleta y nunca necesité de un escolta policial para ingresar a determinadas zonas de la comuna. Yo creo que cuando uno va a un lugar buscando hacer el bien para la comunidad no veo por qué de deba temer y tener que entrar a una población con chaleco antibalas».
«Esta definición que se hace de sectores de la comuna no hace otra cosa más que estigmatizar a nuestra comuna, siendo que claramente, como al igual que en el resto del país, existen problemas de seguridad, pero que es un hecho real que la amplia mayoría de las personas que habitan en Recoleta son personas de bien, son personas que trabajan, que tienen hijos que van al colegio, que tienen hijos que van a la enseñanza superior y que hacen un esfuerzo muy grande por sacar adelante a su familia. Por lo tanto, me parece de una injusticia tremenda, de una inmoralidad que un alcalde establezca que requiere de un chaleco antibalas para él y sus asesores para entrar a zonas conflictivas de nuestra comuna», sostuvo el concejal.
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