El estamento estará coordinado por los abogados Luis Hermosilla y Juan Domingo Acosta, quienes “en conjunto con los abogados de la subsecretaría del Interior van a desarrollar todas las acciones tanto administrativas como judiciales para la determinación de las eventuales responsabilidades que pudieron haber existido en el otorgamiento de estas pensiones irregulares».
El gobierno anunció la creación de un equipo jurídico para investigar las responsabilidades jurídicas, administrativas por la entrega de beneficios previsionales a exonerados políticos falsos, responsabilizando a los gobiernos pasados de las irregularidades.
Así lo dio a conocer el vicepresidente Andrés Chadwick, quien se reunió este sábado con diputados de la Alianza en La Moneda para analizar este tema.
Chadwick dijo que el equipo será coordinado por los abogados Luis Hermosilla y Juan Domingo Acosta, quienes “en conjunto con los abogados de la subsecretaría del Interior van a desarrollar todas las acciones tanto administrativas como judiciales para la determinación de las eventuales responsabilidades que pudieron haber existido en el otorgamiento de estas pensiones irregulares».
El ministro del Interior también señaló que durante la mañana conversó con el Presidente Sebastián Piñera, quien realiza una visita oficial a Estados Unidos.
«He recibido instrucciones del Presidente de la República con quien he hablado telefónicamente con el objetivo de que el gobierno desarrolle todas las acciones que estén a disposición en el ámbito judicial administrativo y legislativo con el propósito no solo de determinar las responsabilidades que han ocurrido en los gobiernos pasados con respecto a esta situación de defraudación al fisco sino que fundamentalmente también y con urgencia poder poner término al pago de estas pensiones de exoneración política otorgadas de forma irregular en el pasado. El Presidente me ha señalado en forma muy clara que el Estado de Chile no puede permitir que pensiones que se han otorgado de forma ilícita e irregular se sigan pagando como si nada hubiese pasado», explicó.
Respecto a las responsabilidades políticas, Chadwick señaló que estas «están claras y evidentes en el hecho de que éstas situaciones se produjeron en los gobiernos pasados, y hubo épocas en que se concentró, que coinciden con épocas de carácter electoral».
Del mismo modo, el secretario de Estado sostuvo que el Ejecutivo «respalda» la iniciativa legal que le plantearon este sábado las bancadas de la Alianza, de presentar en las próximas semanas un proyecto de ley que, el conglomerado político oficialista prepara, con el fin de terminar con las pensiones a falsos exonerados.
«Con esto queremos cumplir con una exigencia de Gobierno; no podemos permitir que situaciones de esta envergadura, presuntos fraudes al fisco, que pueden ser los más grandes que se han producido en nuestra historia, no sean investigados ni menos permitir que se sigan consumando mes a mes, pagándose pensiones a personas que no lo debieran recibir y por el contrario, postergando, a quienes legítimamente sí tenían derecho a ello», sostuvo Chadwick.
Asimismo, llamó a ser «acompañados en esta decisión por todas las instituciones de Estado, que no se resten a ello las instituciones administrativas ni judiciales, y poder contar con todos los sectores políticos, porque no podemos permitir y no es el Chile que queremos cuando ocurren este tipo de defraudaciones, que perjudican los recursos de todos los chilenos, y al mismo tiempo, los derechos que puedan tener otras personas legítimamente a poder tener recursos para sus pensiones, su salud y para su educación, cuando existe un grupo que se ha establecido para defraudar al fisco».
El titular de Interior se reunió con los diputados Cristián Monckeberg (RN), Karla Rubilar (RN), Leopoldo Pérez (RN), Gustavo Hasbún (UDI) y Cristián Letelier (UDI), los cuales le informaron sobre la preparación del proyecto de ley con el fin de que no se sigan cancelando esas pensiones, en caso de resultar fraudulentas.
Monckeberg explicó que «la manera más rápida y más expedita es que así como el Parlamento le dio una facultad al gobierno y al Presidente de la República para otorgar la calidad de exonerado político y darle la pensión a quienes le correspondía, tiene que ser el mismo Parlamento, a través de una ley, quien le quite esa calidad a quien la obtuvo de forma fraudulenta».
Por su parte, el senador y timonel del PPD, Jaime Quintana, dijo en declaraciones a radio Bío Bío que el caso también afecta al gobierno, debido a que se continuó pagando pensiones e incluso el vicepresidente Andrés Chadwick, firmó algunos certificados en su época cuando era legislador.
La Contraloría emitió un informe en el que se indica que existen anomalías en la entrega de dichos beneficios, ya que se examinaron nueve mil expedientes de un total de 74 mil, tres mil no cumplían con los requisitos para ser considerados exonerados políticos. De estos, 1.187 correspondían a ex empleados de partidos políticos.
