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Piñera habría recibido carta en 2012 con informe sobre abusos y deficiencias en centros del Sename

por 1 agosto, 2013

Piñera habría recibido carta en 2012 con informe sobre abusos y deficiencias en centros del Sename
La evaluación consignada en el documento fue realizada por los jueces de familia Mónica Jeldres y Germán Núñez a diversas residencias de menores y que derivó en un informe entregado al poder judicial en agosto de 2011.
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En junio de 2012, una carta que contenía un informe con deficiencias en centros del Servicio Nacional de Menores (Sename) fue entregada al Presidente Sebastián Piñera, según señaló el senador del MAS, Alejandro Navarro, al diario La Tercera.

Se trataba de la evaluación realizada por los jueces de familia Mónica Jeldres y Germán Núñez a diversas residencias de menores que derivó en un informe entregado al poder judicial en agosto de 2011. El informe evaluó recintos de Valparaíso y Santiago, y denunció la existencia de casos de abusos de menores, deficiente infraestructura, escasas medidas de seguridad, mala alimentación, personal insuficiente y mezcla de adolescentes infractores con vulnerados.

Los hechos que este informe constató fueron reiterados en la nueva evaluación que hizo la misma jueza Jeldres, junto a Unicef, y cuyos polémicos resultados salieron a la luz en julio pasado, poniendo en duda el desempeño del director del Sename, Rolando Melo.

La carta que envió Navarro al Presidente con todos estos antecedentes fue respondida por el gobierno a través de Melo en noviembre de 2012 cuando aseguró que “en cuanto a los casos judiciales constitutivos de delito ocurridos en el sistema residencial, la mayoría de ellos se encuentra con sanción aplicada”. Asimismo destaca que el Sename envió tres instructivos a los dueños de las residencias estableciendo “los procedimientos de denuncia y protección de los niños, niñas y adolescentes en caso de maltrato, asimismo la entrega de criterios y directrices para que Sename ejerza la acción penal a través de la querella”. El documento incluye también procesos  penales y los cierres de residencias tras vulneraciones constitutivas de delito contra menores, tales como prostitución, abuso sexual y estupro, entre los años 2005 y 2011.

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