Rubén Ballesteros y su rol de juez durante la dictadura
Entre 1973 y 1976 el magistrado integró instancias que condenaron, bajo escasas garantías, a personas por delitos que “atentaban” contra la seguridad interior. Los Consejos de Guerra, duramente criticados por diversos organismos, contaron con la participación de civiles y son parte de las críticas que recibió el Poder Judicial por su actuación bajo la dictadura.
La discusión quedó instalada cuando el Presidente, Sebastián Piñera, se refirió a los “cómplices pasivos” de la dictadura militar de Augusto Pinochet. El concepto apuntó directamente a quienes trabajaron en medios de comunicación y en el Poder Judicial después del Golpe de Estado.
Durante el acto de conmemoración que se realizó en La Moneda este lunes, Piñera evitó utilizar nuevamente el término “cómplices pasivos”, debido a las presiones que surgieron de su sector.
El informe Retting de 1991, señala que “la actitud adoptada durante el régimen militar por el Poder Judicial produjo en alguna importante medida un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales, cualesquiera que fueran las variantes de agresión empleadas”.
El viernes pasado la Corte Suprema emitió una declaración pública en la que hacía una reflexión sobre lo sucedido después del Golpe de Estado de 1973. Leída por su presidente, Rubén Ballesteros, se reconocía la “dejación y las omisiones” que cometió la justicia, pero sin pedir perdón por el papel jugado durante la dictadura.
“Este máximo tribunal, reflexionando sobre los hechos de la época, como también del rol que correspondió al Poder Judicial en los desgraciados sucesos, llega a la conclusión de que no cabe otra actitud que explicitar el reconocimiento de las graves acciones y omisiones, que en ese entonces, se incurrió, arrastrando con ello a parte de la judicatura del país, que claramente a la hora presente, y con la mesura y la altura de miras de hoy, corresponde decir que constituyó una dejación de funciones constitucionales”, sostenía la declaración.
[cita]La tercera de las sentencias es contra 16 procesados (Rol: 54-75) quienes se acusó de formar un “partido de ideas de izquierda”. Fue el intento de rearticular de forma clandestina las Juventudes Socialistas en esa región. Ballesteros votó a favor de las sentencias que fueron desde 2 hasta los 23 años de cárcel. [/cita]
Para el ex ministro interino de Minería durante el gobierno de Salvador Allende, Jorge Arrate, la declaración es positiva pero insuficiente. “Particularmente me llama la atención que la Corte siga presidida por alguien que fue parte de Consejos de Guerra. Toda declaración que él encabece como presidente me parece poco creíble. Ballesteros jamás debió asumir y ahora debiera renunciar”, afirma Arrate.
El presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, participó, entre 1973 y 1976, en varios Consejos de Guerra. En los archivos de la Vicaría de la Solidaridad quedó registro de su participación como auditor en los consejos de Osorno y en los que las penas que se exigían solían ser excesivamente altas.
Uno de los primeros Consejos (Rol: 1407-73), en los que participó Ballesteros, condenó a ocho personas a penas de entre 3 hasta 15 años de presidio. Según la justicia militar, el delito fue reunirse y planear “grupos guerrilleros para asaltar retenes y cuarteles de Carabineros con el objeto de apoderarse de armas, permitir el ingreso de extremistas del otro lado de Los Andes y despistar y desorganizar a las FF.AA. de la región”.
Otra sentencia (Rol: 568-74), en la que participó Ballesteros, fue contra dos acusados por ingresar ilegalmente al país “portando discos alusivos al Che Guevara, cartas de chilenos en Argentina y literatura marxista”. La condena fue de 20 años de cárcel. En esta ocasión Ballesteros se abstuvo de votar la sentencia, debido a que consideraba que no existían suficientes pruebas.
La tercera de las sentencias es contra 16 procesados (Rol: 54-75) a quienes se acusó de formar un “partido de ideas de izquierda”. Fue el intento de rearticular de forma clandestina las Juventudes Socialistas en esa región. Ballesteros votó a favor de las sentencias que fueron desde 2 hasta los 23 años de cárcel.
Finalmente, Ballesteros votó a favor de una sentencia contra tres procesados, entre los que había un menor de edad (Rol: 246-75). Se les acusaba de formar un grupo de “alcances políticos prohibidos” y que tenían en su poder “elementos cortantes y punzantes, consistentes en lanzas”. Las penas fueron de 1.081 días para los adultos y de 1 año para el menor de edad.
Estas instancias han sido ampliamente criticadas por quienes han revisado los fallos y procedimientos. Según el análisis que realizó la Vicaría de la Solidaridad, “la construcción de las sentencias, en general, es pobrísima. Responde más bien a un breve formulario que a una minuciosa reflexión. En varios casos ni siquiera se mencionan los hechos por los cuales se procesa. (…) No hay un razonamiento completo que demuestre la existencia del delito y la participación del inculpado, pues basta una referencia a los hechos y un encuadre en la figura penal elegida, sin tocar y desmenuzar los elementos como se acostumbra en nuestra judicatura”.
En el mismo documento se describe que las audiencias se realizaban en un “ambiente de temor”, y que durante estas había “numeroso personal militar armado en una desproporcionada condición de vigilantes”. A esto se suma una serie de dificultades que tenían las defensas para representar a los inculpados.
Para funcionar los Consejos de Guerra debían ser convocados, definiendo día, hora y lugar. La defensa debía ser por escrito y señalar los medios probatorios así como la lista de testigos, de peritos y la información en la audiencia de prueba. Iniciado el consejo, el Fiscal hacia la lectura del dictamen o cargos. Luego era el turno de la defensa. Por último, el Consejo deliberaba en secreto y después anunciaba la resolución que debía tener la aprobación final del juez militar.
Muchos civiles participaron como auditores en los Consejos de Guerra. La periodista Alejandra Matus en El libro negro de la Justicia Chilena (Planeta, 1999) documenta el funcionamiento de los consejos, así como el papel que jugaron algunos civiles, entre ellos el actual presidente de la Corte Suprema, en éstos.
“Otros como Rubén Ballesteros, Berta Rodríguez, Patricia Rocangliolo, Elba Sanhueza y Mario Torres, si bien muchas veces trataron de influir para rebajar las enormes penas que proponían los integrantes castrenses de los Consejos, en los aspectos de fondo suscribieron a la tesis del régimen”, escribe Matus en su libro.
Su trayectoria en el Poder Judicial es fecunda en fallos favorables a la impunidad de Augusto Pinochet, o hacia quienes fueron defensores de la dictadura.
Un ejemplo de ello son los votos a favor de Pinochet que realizó siendo miembro de la Corte de Apelaciones en una serie de causas criminales. Algunas de estas son; caso “Caravana de la Muerte” en junio de 2000; caso “Prats-Cuthbert-1″ octubre de 2002; caso “Calle Conferencia”, en septiembre de 2003; caso “Operación Cóndor”, en julio de 2004; el Caso “Prats-Cuthbert-2″, en enero de 2005 y el caso “Riggs-SII”, de agosto de 2005.
Utilizando como argumento central las “razones de salud” de Pinochet, se opuso a una serie de investigaciones por diversos delitos económicos. Desde el 2005, siendo miembro de la Corte Suprema ha defendido la ley de Amnistía, así como también aplicar penas bajas para quienes han sido condenados por violación a los derechos humanos.
