La sociedad Inversiones Torres del Paine S.A. deberá restituir a la Corporación de Fomento a la Producción $2.496.579.342.
La Corte Suprema ordenó a la Sociedad Inversiones Torres del Paine restituir a la Corporación de Fomento a la Producción (Corfo), más de 2 mil millones de pesos obtenidos de las operaciones derivadas de la sustracción de instrumentos financieros por ejecutivos del holding Inverlink.
En fallo dividido, la Tercera Sala del máximo tribunal -integrada por los ministros Sergio Muñoz, Héctor Carreño, María Eugenia Sandoval y Alfredo Pfeiffer (suplente), además del abogado integrante Jorge Baraona- acogió el recurso de casación presentado por la Corfo, en contra de la sentencia que rechazó la acción de restitución (por dolo ajeno) presentada en contra de la sociedad Inversiones.
Los hechos se remontan al periodo de enero-marzo de 2003, lapso en que fueron sustraídos desde la Corfo una serie de instrumentos financieros de propiedad del holding Inverlink, los que fueron entregados a diversas sociedades, las que cobraron los fondos depositados.
En el caso de la sociedad Inversiones Torres del Paine S.A., logró rescatar $2.496.579.342 (dos mil cuatrocientos noventa y seis millones quinientos setenta y nueve mil trescientos cuarenta y dos pesos), dinero que, tras el fallo de la Corte Suprema, deberá ser restituidos a la Corfo.
“Ha quedado establecido que el rescate de la inversión por la demandada fue íntegramente pagado con dineros obtenidos mediante actuaciones fraudulentas cometidas en perjuicio de la actora. En la especie, el provecho necesario para interponer la acción de autos se manifiesta en que Inversiones Torres del Paine S.A., gracias a la sustracción y venta de instrumentos financieros de CORFO, logró obtener el rescate de los fondos que había confiado al Grupo Inverlink, pues por la insolvencia de esta última al mes de febrero de 2003 no existía posibilidad alguna de que los inversionistas pudiesen recuperar sus fondos”, sostiene el fallo.
La decisión se adoptó con los votos en contra del ministro Pfeiffer y del abogado integrante Baraona, quienes consideraron que la acción judicial se encuentra prescrita.
