Destaca que pudo sacrificar “el contrato tácito que mediaba entre él y la derecha”
“Así, en la hora nona fue capaz de demostrar que los tics, las enumeraciones, los chistes insustanciales y el anhelo de agradar, escondían, después de todo, una alarma moral y una voluntad que estaba decidida a oírla”, explica.
El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, comentó la decisión adoptada por el Presidente Sebastián Piñera para cerrar el penal Cordillera y trasladar a todos los reos condenados por violaciones a los derechos humanos a Punta Peuco, afirmando que la determinación del mandatario estuvo más cerca de una “tensión ética” al privilegiar salvar la “dignidad de las instituciones” y sacrificar “el contrato tácito que mediaba entre él y la derecha”.
En su habitual columna en El Mercurio, Peña busca explicar la determinación de Piñera para cerrar el mencionado penal, mencionando el debate que debió tener entre cumplir la palabra empeñada a ex militares y resguardar las instituciones del país.
En ese sentido, Peña expone que “Piñera supo que el privilegio del que gozaban Contreras y los otros carecía de toda justificación, dañaba la dignidad de la ley y, por esa vía, la integridad de las instituciones”.
El académico expone las razones por las cuales un mandatario de la derecha haya sido más riguroso con los condenados por crímenes de lesa humanidad que los Presidentes de la Concertación.
“En política, podría argüirse, las decisiones no se ejecutan en el vacío, sino en un contexto. La bondad o maldad de una decisión política no depende de sus características intrínsecas, sino de sus consecuencias probables. Una decisión que en determinadas circunstancias es renuncia, en otras puede ser prudencia. Encerrar a criminales en una cárcel simulada parece renuncia; pero si es el precio que ha de pagarse para asegurar la democracia, equivale a prudencia”, sostiene.
Y agrega que “ninguna ética -podría concluirse, citando a Weber- debe prescindir del hecho que para obtener fines buenos es a veces necesario usar medios moralmente dudosos”, añadiendo que “no es plausible que en septiembre de 2004 (fecha en que el penal fue creado) la democracia chilena estuviera amenazada por una asonada militar. Tampoco es razonable apelar al contexto. ¿No es acaso ese -el contexto- el mismo argumento que esgrimen quienes exculpan los crímenes cometidos luego del golpe?”.
“En cambio, parece más plausible pensar que el penal fue el resultado de un toma y daca entre el Gobierno y el general Cheyre, el comandante en jefe de entonces. Y eso explicaría que dos meses después, en noviembre, se publicara el documento «Ejército de Chile: el fin de una visión», en el que el Ejército asume su responsabilidad institucional por las violaciones a los derechos humanos. El comandante en jefe podía así mostrarse, a la vez, severo con los crímenes; pero compasivo con los criminales”, menciona.
El académico explica que si lo anterior fue así, “el Penal Cordillera no habría sido el fruto de una tensión ética en el manejo del Estado, sino apenas el resultado de un mero cálculo de consecuencias. En la vida de los Estados este tipo de juegos de toma y daca son frecuentes. Frecuentes, es cierto; pero, la verdad sea dicha, no siempre muy atractivos”.
Peña expone, por tanto, que la situación de Piñera pareciera estar más cerca de una “tensión ética”, la cual se configura cuando es necesario escoger entre dos principios que, cualquier observador imparcial, consideraría a primera vista valiosos, por lo que “en este caso, elegir entre ser fiel con quienes lo llevaron a la Presidencia o evitar privilegios injustificados que hieren la dignidad de la República”.
El abogado sostiene que el mandatario se encontraba entre esos dos principios. “Accedió al poder con el apoyo explícito de los ex militares, con quienes se reunió más de una vez, y entre sus fuerzas políticas de apoyo, la UDI y RN, hay ex funcionarios de Pinochet, partidarios hasta hace poco entusiastas de la dictadura, personas prontas a relativizar los crímenes. En suma, partidarios suyos que merecían un trato recíproco”, precisa.
“Pero, a la vez, Piñera supo que el privilegio del que gozaban Contreras y los otros carecía de toda justificación, dañaba la dignidad de la ley y, por esa vía, la integridad de las instituciones”, afirma.
Por tanto, Peña argumenta que el jefe de Estado tuvo que escoger entre “honrar su palabra (retribuir el apoyo de la derecha pinochetista) sacrificando la dignidad de las instituciones (manteniendo el Penal Cordillera) o salvar la dignidad de las instituciones (cerrar el penal) sacrificando el contrato tácito que mediaba entre él y parte de la derecha”.
“Piñera optó por lo último. Así, en la hora nona fue capaz de demostrar que los tics, las enumeraciones, los chistes insustanciales y el anhelo de agradar, escondían, después de todo, una alarma moral y una voluntad que estaba decidida a oírla”, concluye.
