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Mandatario ha incorporado de hecho el borde costero a su propiedad en el lago

La "toma" de Piñera en Caburgua

por 22 octubre, 2013

La
Como un “remanso de paz y tranquilidad”, así han definido la casa del Presidente en el idílico lago del sur de Chile quienes han tenido la oportunidad de visitarla y disfrutar de las muchas comodidades que el anfitrión pone a su disposición. Pero no siempre fue tan grata. Lo cierto es que el Mandatario ha ido “amononándola” con el paso de los años. A tal punto que el 2011 debió solicitar la regularización de los terrenos que ha ido construyendo en la ribera del lago y que incluyen la cancha de tenis. Paralelamente, se tramita en el Congreso un proyecto que podría reducir significativamente los costos de regularizar los terrenos fiscales sin gozar de la respectiva concesión.
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El miércoles 16 de octubre la Cámara de Diputados hervía a la espera de la interpelación de la que sería objeto uno de los ministros más cercanos al Presidente Sebastián Piñera, el titular de Salud, Jaime Mañalich. En medio de este ambiente de tensión, durante la sesión ordinaria de la Sala se votó un proyecto que no ha llamado particularmente la atención y, mucho menos, el seguimiento de la prensa. Así, con muy bajo perfil, ese día sorteó su primer trámite la normativa sobre “administración del borde costero y concesiones marítimas”, de iniciativa del Ejecutivo, que lo ingresó a tramitación el 31 de julio del 2012. Este podría ser uno de muchos otros que pasan sin pena ni gloria por el Parlamento, si no fuera porque el jefe de Estado podría resultar beneficiado con su aprobación.

Como es sabido, el mandatario tiene una de sus residencias de descanso en el balneario sureño que rodea el Lago Caburgua. Mismo que ha ido ampliando, con el paso de los años, hasta llegar a tomarse gran parte del borde costero que limita con su casa. Eso es algo de común ocurrencia, por lo mismo es que existe un mecanismo para regularizar esta “ocupación ilegal” que, en su caso, se arrastra desde el año 1990, en que ha ido realizando diferentes obras adyacentes a la construcción original. Pero, después de tantos años, el Presidente decidió regularizar su situación, para lo cual, como cualquier hijo de vecino, ingresó una solicitud al Sistema de Concesiones Marítimas, dependiente del Ministerio de Defensa, con fecha 19 de abril del 2011. Este es el organismo encargado de las mencionadas concesiones y que, tras evaluar la documentación presentada, concede o deniega la petición.

En el Ministerio de Defensa explican que este es un trámite de largo aliento y que el interesado en adquirir una concesión, con el fin de regularizar la ocupación ilegal, debe esperar alrededor de dos años promedio para conocer el resultado. Mientras que los requisitos para iniciar la tramitación implican la presentación de una serie de documentos y formularios, mismos que Piñera tuvo que hacer llegar a la autoridad competente. Esto incluye un plano de la construcción y una serie de antecedentes contemplados en los artículos 26 y 27 del Reglamento sobre Concesiones Marítimas. Pero, a diferencia del común de los chilenos, el Presidente sólo tuvo que esperar casi tres meses para que el organismo evacuara la aceptación de la solicitud, cuando, a través de a Subsecretaría de Fuerzas Armadas, el 11 de julio del 2011, se decretó a la espera de “proponer opinión”, pues ya habían sido ejecutados todos los pasos del proceso, lo que queda especificado en el documento en que se le hace “otorgamiento, mejora fiscal”.

A partir de este decreto y de la labor efectuada por Impuestos Internos, si el decreto fuera firmado, el Presidente debería pagar una suma cercana a los 73 millones de pesos; con la nueva ley, esta suma se reduciría a casi 12 millones, con lo que se vería favorecido por una condonación de poco más de 60 millones de pesos. Si bien la iniciativa ingresó al Congreso en julio del 2012, el proceso para llegar a ella se había iniciado el 2010, cuando el gobierno de Piñera conformó dos comisiones para decidir si era más eficiente que el departamento de Concesiones Marítimas siguiera a cargo de Defensa, como hasta ahora, o fuera traspasado a Bienes Nacionales.

Sin embargo, el decreto que “otorga concesión marítima menor, sobre un sector de la playa y uso de mejora fiscal, en la comuna de Pucón, al Sr. Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique”, duerme el sueño de los justos en el escritorio del ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, pese a que llegó hasta ahí mientras aún Andrés Allamand era el titular de la cartera, quien debía firmarlo para cerrar todo el proceso. Al pie del decreto, sin la firma del ministro, se puede leer: “Anótese, regístrese en el Ministerio de Bienes Nacionales, tómese razón y comuníquese. Por orden del Presidente de la República. Fdo. Andrés Allamand, ministro de Defensa Nacional, lo que se transcribe para su conocimiento, Alfonso Vargas Lyng, subsecretario para las Fuerzas Armadas”.

Proyecto ad hoc

Mientras el decreto espera sólo la firma para la toma de razón, sin que nadie haya intentado apresurar el proceso, paralelamente el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley sobre “administración del borde costero y concesiones marítimas”, boletín 8467-12, que ingresó a tramitación el 31 de julio del 2012, por la Cámara de Diputados, después de un largo proceso de elaboración. Desde esa fecha ha sufrido varios cambios de urgencia de simple a suma. Finalmente, el 10 de octubre de este año, el gobierno volvió a ponerle suma urgencia y la iniciativa fue votada en Sala el 16 de octubre, siendo aprobada en particular y sorteando así su primer trámite, por lo que ahora será analizada en la Cámara Alta.

El Párrafo 10, del Capítulo II “De la Administración del Borde Costero del Litoral" del proyecto, es el que se preocupa “de la ocupación ilegal”, en los artículos que van desde el 71 al 74, ambos inclusive. De estos, es el 73 el que genera suspicacias respecto de la iniciativa y el proceso en que se encuentra el Presidente de la República. Ello porque el citado artículo establece que “si a la persona que hubiere incurrido en una ocupación ilegal se le otorgare Concesión Marítima, como retribución por el uso del bien deberá enterar en arcas fiscales, conjuntamente con el primer pago de la renta y tarifa de la concesión, la renta y tarifa que corresponda al tiempo de la ocupación ilegal, la que será fijada en el mismo decreto que le otorgue la Concesión Marítima, de acuerdo con los montos y normas vigentes a la fecha de expedición de dicho decreto. Las obras o construcciones realizadas durante el período de ocupación ilegal, que permanezcan al otorgar la respectiva concesión, son Mejoras Fiscales, y les será aplicable lo dispuesto en el artículo 46”.

Cancha de Tenis al borde del Lago Caburgua.

Cancha de Tenis al borde del Lago Caburgua.

El detalle es que en el título final, relativo a las “disposiciones transitorias”, el artículo 6º transitorio, establece que “no obstante lo dispuesto en el artículo 73, la renta y tarifa correspondiente al tiempo de la ocupación ilegal que se determine en los decretos de concesiones marítimas  cuyas respectivas solicitudes se encuentren actualmente en trámite o se presente antes de que se cumplan dos años de vigencia de esta ley, tendrá como límite máximo el equivalente a tres años, aún cuando el período de ocupación ilegal fuere mayor”. De ahí la suspicacia acerca del hecho de que el decreto que está listo para la firma desde el 2011, siga pendiente. Según el Decreto Supremo Nº 2 del año 2005, modificado por Decreto Supremo Nº 213 el año siguiente, en su artículo 61, “todo concesionario pagará, por semestres o anualidades anticipadas, según lo determine el respectivo Decreto Supremo o resolución, una renta mínima equivalente al 16 por ciento anual del valor de tasación de los terrenos, practicada en cada caso por la oficina del Servicio de Impuestos Internos correspondiente, sobre los terrenos concedidos. Las mejoras fiscales comprendidas en una concesión pagarán una tarifa anual equivalente al 10 por ciento del avalúo comercial de las mejoras, según tasación que practicará la respectiva oficina del Servicio de Impuestos Internos”.

A partir de este decreto y de la labor efectuada por Impuestos Internos, si el decreto fuera firmado, el Presidente debería pagar una suma cercana a los 73 millones de pesos; con la nueva ley, esta suma se reduciría a casi 12 millones, con lo que se vería favorecido por una condonación de poco más de 60 millones de pesos.

Lago Caburgua, Región de la Araucanía.

Lago Caburgua, Región de la Araucanía.

Si bien la iniciativa ingresó al Congreso en julio del 2012, el proceso para llegar a ella se había iniciado el 2010, cuando el gobierno de Piñera conformó dos comisiones para decidir si era más eficiente que el departamento de Concesiones Marítimas siguiera a cargo de Defensa, como hasta ahora, o fuera traspasado a Bienes Nacionales, que es uno de los principales objetivos del proyecto. Pero llegado el momento y pese a que representantes de ambos ministerios tenían argumentos para defender la dependencia –la ex ministra Catalina Parot y, en representación de Allamand, el subsecretario AlfonsoVargas–, según  quienes conocieron el contenido de esta cita, el representante de Defensa no alcanzó a exponer ante el Mandatario, porque, cuando llegó su turno, el propio Piñera le habría comunicado que no era necesario, porque ya estaba tomada la determinación de cambiar Concesiones Marítimas de Defensa a Bienes Nacionales. Tras lo cual, se inició la elaboración de la iniciativa que está en tramitación.

Y las sospechas acerca de las razones por las que el decreto, que está listo para la firma desde hace alrededor de dos años, no haya sido cursado aún, apuntan justamente a que la iniciativa en trámite podría favorecer en algún aspecto al Mandatario. Sobre todo, porque ambos procesos fueron casi en paralelo, aun cuando a quienes se les asignó la labor de trabajar en la concesión solicitada por Piñera se les advirtió que debía tener prioridad. De allí que un ciudadano común y corriente deba esperar como mínimo dos años, la mayoría mucho más, debido a la sobrecarga de trabajo que existe en la repartición, y al jefe de Estado le haya tomado sólo tres meses el mismo proceso. Por lo mismo y dada la celeridad con que el equipo encargado debió trabajar en esta tarea, no se entiende que el decreto continúe sin ser firmado para cerrar el proceso.

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Envíada por Rodrigo Pérez de Arce | 20 septiembre, 2018

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