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Balances de dineros de estas instituciones no permiten hacer seguimiento de aportes privados

La caja negra de las fundaciones de los políticos

por 20 febrero, 2014

La caja negra de las fundaciones de los políticos
Cada vez son más en el mundo político quienes se inclinan a crear estas instituciones. La pregunta es qué hacen con los recursos que reciben en su calidad de persona jurídica sin fines de lucro. Hay expertos que plantean que cada vez se hacen más necesarios estándares de transparencia que obliguen a estos organismos a especificar con detalle el uso de las donaciones.
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La mala imagen que han ido adquiriendo los políticos contrasta con la profunda conciencia filantrópica que parece haber dominado a muchos de ellos estos últimos años. No son pocos los que se han inclinado a crear fundaciones de ayuda social u otras más ligadas al mundo de la academia y la investigación. Entre estos últimos, algunos ex Presidentes de la República, que buscarían proteger el “legado” de sus respectivas administraciones, como el propio Sebastián Piñera que, aún en La Moneda, ya conforma los equipos que lo acompañarán en el organismo desde el que espera mantener vigente su figura. Aunque la labor de estas organizaciones sin fines de lucro puede ser loable, genera suspicacias su proliferación justamente en un ámbito tan cuestionado por la opinión pública, como es el político. Y no es para menos. Expertos conocedores de la ley que las rige y de su funcionamiento práctico admiten que “efectivamente son una caja negra. Una manera muy fácil de meter plata y que nadie sepa en qué se usa”.

Claro, porque las fundaciones, como todas las “organizaciones de interés público, sin fines de lucro”, se rigen por la Ley 20.500, que las obliga a presentar un balance anual, en el que deben dejar constancia de sus ingresos y egresos, ante el Ministerio de Justicia. El artículo 17 de la mencionada normativa establece que “las personas jurídicas a que se refiere este título, que reciban fondos públicos, en calidad de asignaciones para la ejecución de proyectos, subvenciones o subsidios, o a cualquier otro título, deberán informar acerca del uso de estos recursos , ya sea publicándolo en su sitio electrónico o, en su defecto, en otro medio. Anualmente, las organizaciones de interés público deberán dar a conocer su balance contable en la forma señalada en el inciso anterior”.

La vaguedad de la normativa en materia de transparencia implica que a las fundaciones “nadie las obliga a que especifiquen, por ejemplo, cuánto dinero recibieron, cuánto les pagan a las personas que trabajan allí, ni en qué ocuparon ese dinero. En general, entregan el balance con los ingresos y egresos y se da por cumplido con esa obligación. Y como son sin fines de lucro, o sea, en general viven de donaciones, ya sea de privados o del Estado, como que existe un poco de laiseez faire con estos organismos”, según explica un representante de Pro Acceso, abocado a profundizar el acceso de la ciudadanía a la información pública, entre otras materias. Incluso plantea que la atracción de los políticos por crear fundaciones puede estar relacionada con que “la constitución de un partido o movimiento político tiene muchos costos asociados, como el hecho de que debe reunir firmas para constituirse; si lo logra, queda bajo el control del servicio electoral; para subsistir depende principalmente de las cuotas que paguen sus integrantes o de las donaciones, que son reguladas”.

En el mundo político, en general, observan con desconfianza a quienes optan por extender su labor a través de organismos sin fines de lucro. Ello, porque no se descarta que estas instituciones puedan ser “mal utilizadas”, ya sea para “hacer proselitismo o para desviar recursos a las campañas políticas”, admite un representante de la Nueva Mayoría.  Algo que confirma un experto que asegura que esta es una posibilidad cierta, debido a la “falta de transparencia” con que se manejan estas organizaciones.

En cambio, las fundaciones, y organizaciones no gubernamentales en general, “pueden tener muchas facilidades para constituirse. Es muy fácil crear una, porque el Ministerio de Justicia no te molesta. Es un área en la que es muy fácil emprender”, explica un experto que ha participado en la creación de varios de estos “emprendimientos” que, se supone, son sin fines de lucro. Por lo mismo es que llama la atención que justamente sean tantos los políticos que optaron por levantar una fundación o han anunciado que lo harán, en estos últimos años. Por lo pronto, Ricardo Lagos Escobar no sólo ha mantenido su vigencia por la influencia política que significa su calidad de ex Presidente de la República y el liderazgo que siempre ejerció en la Concertación, sino que también lo ha hecho a través de la Fundación Democracia y Desarrollo. Este organismo está especialmente dedicado, según se desprende de su página web, a difundir la vida y trayectoria política del ex mandatario.

Un objetivo similar ha cumplido la Fundación Dialoga, creada por la actual Presidenta electa Michelle Bachelet luego de culminar su primer mandato. Pero quien inició este boom fue un ex candidato presidencial, Joaquín Lavín. A fines de la década de los 90, nace la Fundación La Vaca, destinada –según palabras de su creador– a la “ayuda social”, pero que, a inicios de la década del 2000 y desde la Concertación, recibió denuncias de proselitismo a favor de la UDI.

Y así otros políticos con aspiraciones presidenciales, como Pablo Longueira, quien a mediados de la década del 2000 creó la Fundación Chile Justo, con fines sociales; y más recientemente, Marco Enríquez-Ominami, que dio forma a Progresa; y Tomás Jocelyn-Holt, que anunció la creación de la fundación Tercera Generación, e incluso Franco Parisi, quien también planteó la idea de crear un organismo sin fines de lucro con el objetivo de mantener el capital que amasó en su naciente carrera política y promover las ideas que propuso durante su aventura presidencial. Quien también optó por un “emprendimiento” de esta naturaleza es el senador Francisco Chahuán, quien dio origen a Vamos que se Puede, cuyo objetico, como la mayoría de este tipo de organismos creados por políticos, apunta a ayudar a satisfacer necesidades de sectores más vulnerables de la sociedad.

Justamente por eso es que la proliferación de fundaciones creadas por políticos genera tanta suspicacia. Y no sólo en la opinión pública, sino también entre sus pares. En el mundo político, en general, observan con desconfianza a quienes optan por la opción de extender su labor a través de organismos sin fines de lucro. Ello, porque no se descarta que estas instituciones puedan ser “mal utilizadas”, ya sea para “hacer proselitismo o para desviar recursos a las campañas políticas”, admite un representante de la Nueva Mayoría. Algo que confirma un experto que asegura que esta es una posibilidad cierta, debido a la “falta de transparencia” con que se manejan estas organizaciones. Por esto, plantea que lo mejor para evitar la desconfianza hacia este tipo de instituciones sería “exigir estándares de transparencia que permitieran una fiscalización eficaz, al que la ciudadanía pudiera tener acceso libremente”. Ya que, “efectivamente, las fundaciones, son una caja negra. Una manera muy fácil de meter plata y que nadie sepa en qué se usa. Y eso pone un manto de duda sobre aquellas que hacen realmente una labor social”.

No todas las fundaciones se financian sólo con donaciones de privados. Las hay que también reciben fondos del Estado; otras, de privados y del Estado, e incluso del extranjero. Por lo que, según un abogado experto en el tema, “se pueden encontrar miles de situaciones, porque no existen cánones de transparencia que las rijan”. Por lo mismo y para evitar la creciente suspicacia que genera el surgimiento de estos organismos, añade, “existen propuestas de estándares de transparencia para que, por ejemplo, publiquen detalladamente sus ingresos y gastos o cuánto ganan sus trabajadores, entre otras muchas cosas”.  El problema de desconfianza que se ha generado en relación a las fundaciones que han surgido al alero de políticos, se debe principalmente –explica la misma fuente– a que con ellas “los políticos tienen un vehículo para obtener recursos que no les donarían como personas naturales. Es decir, así justifican la recepción de plata. La pregunta es cuánta plata reciben, quiénes se la donan y cómo la gastan, con lo que acreditarían el correcto uso de los recursos y también se sabría si existen conflictos de interés”. De ahí la necesidad de establecer los estándares de transparencia, porque el “balance anual no sirve para nada”, concluye.

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