Familiares de desaparecidos exigieron pronunciamiento de Carolina Echeverría
«Como ministro de Defensa, más allá de las opiniones que pueda tener la propia Presidenta de la República sobre esto, que obviamente son más importantes que la mía, estoy absolutamente abierto a escuchar esas opiniones y a analizarlas», dijo el diputado DC y futuro titular de la cartera.
El diputado DC y futuro ministro de Defensa, Jorge Burgos, manifestó este miércoles que está abierto a escuchar y analizar la petición que hiciera la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, de degradar a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros responsables de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura militar.
«Me parece que es un planteamiento que hay que analizar, no lo conozco en detalle, pero todos esos temas hay que analizarlos, ver las posibilidades jurídicas de lo mismo, las posibilidades legales. No son simplemente decisiones que se puedan hacer producto de una legítima posición al respecto, tienen también elementos jurídicos legales, que habrá que analizarlos», sostuvo.
Burgos explicó que «como ministro de Defensa, más allá de las opiniones que pueda tener la propia Presidenta de la República sobre esto, que obviamente son más importantes que la mía, estoy absolutamente abierto a escuchar esas opiniones y a analizarlas».
También se pronunció sobre la ratificación tácita que recibió la próxima subsecretaria de FF.AA. Carolina Echeverría, reiterando que considera «complejo» que ella deba responder por las torturas y abusos que, de acuerdo al testimonio de distintas víctimas, cometió su padre, el coronel (r) del Ejército Víctor Echeverría.
«Me parece que hay un pronunciamiento más que suficiente, si usted me pide que una persona tenga que pronunciarse públicamente sobre el padre, lo encuentro más complejo, para eso están los tribunales de justicia en nuestro país (…) Toda persona que asuma un cargo público de envergadura puede estar sujeta a ciertos cuestionamientos y me parece legítimo que tengan opinión, pero aquí lo central es que la señora presidenta de la República, en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales, ha determinado cuál es el equipo de ministros y subsecretarios que la va a acompañar», dijo.
Pero su posición es diamatralmente opuesta a la planteada por la AFDD, donde consideran que el punto no debe centrarse simplemente en que ella es hija de un oficial (r) acusado de violar los Derechos Humanos, sino que por las acciones y decisiones que tendrá que tomar respecto a las instituciones castrenses en su calidad de subsecretaria de Fuerzas Armadas, considerando el rol no ajeno a los cuestionamientos que desempeñó como subsecretaria de Marina durante el anterior gobierno de Michelle Bachelet.
Por lo anterior, Lorena Pizarro puso énfasis en que la ratificación de Echeverría «no es una buena señal». Asimismo, sostuvo que «sin duda que nuestro cuestionamiento no está ligado a que ella sea hija ‘de’; tiene que ver con la cartera en la cual está asumiendo su responsabilidad y las acciones que allí tiene que desarrollar».
La dirigente dijo que ahora sólo les resta esperar que «ella se comporte a la altura del cargo y con lo que representa un programa que conocemos» y que también «dé respuesta positiva en torno a todas las demandas que significan el avance de verdad y justicia».
Pizarro explicó que «el tema no son las personas, el tema con Carolina Echeverría tiene que ver con una conducta que tuvo en un periodo anterior. Fundamentalmente, aquí tiene que ver con que ya no vamos a resistir más la lógica de la política de los empates, siempre la denunciamos y siempre la rechazamos; hoy vamos a demandar con más fuerza. Los violadores de los derechos humanos envejecieron y no se pueden morir en la impunidad y, además, también hay que enjuiciar a los civiles».
Y también insistió en la propuesta de la AFDD de despojar del grado militar a los ex uniformados que violaron los DD.HH., indicando que tal medida, de concretarse, podría aplicarse al coronel (r) Echeverría.
«Esto significa el enjuiciamiento de los responsables de torturas, dentro de los cuales está su padre, la degradación de los genocidas de los derechos humanos, la democratización de las Fuerzas Armadas», señaló.
La posibilidad de que las instituciones despojen de su grado militar a violadores a los Derechos Humanos, como es el caso del general (r) Manuel Contreras y del brigadier (r) Miguel Krassnoff, entre otros, es considerada una «deuda pendiente» que permitirá separar de las Fuerzas Armadas a quienes «han manchado su uniforme», como lo señaló un editorial de El Mostrador que fue publicado el 30 de septiembre de 2013, a propósito de la conmemoración de los 40 años del golpe militar.
El artículo sostiene que «la decisión del Presidente Piñera ha marcado un hito importante en el cuenta gotas nacional de los temas pendientes de nuestro desarrollo político e institucional como República después de recuperada la democracia. Uno de los pendientes es perseverar para separar a las Fuerzas Armadas, tanto en su formación como en su doctrina, de aquellos que han manchado su uniforme».
«Ello requiere en gran medida una profunda reflexión interna de las propias instituciones y decisiones fuertes de su parte, como directamente degradar a los violadores de derechos humanos. Ser más que parecer es la leyenda de una condecoración militar chilena. Las Fuerzas Armadas debieran aplicar ese sentido y evitar que su corrección provenga de espasmos externos como el cierre del Penal Cordillera», concluye.
