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Cuestionan motivos de renuncia del ex ministro Solís como asesor de jueces abocados a estas cuasas

Casos de DD.HH. desatan presiones sobre el Poder Judicial y salpican a nuevo comandante en jefe del Ejército

por 12 marzo 2014

Casos de DD.HH. desatan presiones sobre el Poder Judicial y salpican a nuevo comandante en jefe del Ejército
A pocos días de que Sebastián Piñera pusiera al general Humberto Oviedo a la cabeza de la institución, un fallo dictado por el ministro Álvaro Mesa ordenó procesar, por su participación en el homicidio de siete hombres en 1973, a su hermano, el general (r) Carlos Eduardo Oviedo. El hecho habría puesto en alerta al Ejército ante la posibilidad de que nuevos fallos salpicaran a militares retirados que ocuparon alguna vez posiciones en el alto mando. No sólo eso, nuevos avances pondrían de manifiesto la complicidad de algunos magistrados con la impunidad de las Fuerzas Armadas.

La renuncia que en marzo presentó el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Solís, a sus funciones como asesor del equipo de jueces dedicados exclusivamente a resolver juicios por violaciones a Derechos Humanos durante la dictadura militar, habría sido sólo la punta del iceberg en una serie de presiones ejercidas por el Ejército e iniciadas en noviembre pasado, cuando fue procesado y encargado reo un general (r), hermano del general Humberto Oviedo Arriagada, quien asumió hace dos días la comandancia en jefe del Ejército, según reveló un reportaje publicado por Ciper.

Se trata del general (r) Carlos Eduardo Oviedo Arriagada, procesado, junto a otros 25 militares y civiles, por el asesinato de cinco estudiantes universitarios, un obrero y un agricultor en noviembre de 1973. El fallo fue dictado por el ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa. El hecho desató la alarma en el Ejército, a pocos días de que el entonces Presidente Piñera oficializara su decisión de poner al general Humberto Oviedo a la cabeza de la institución.

Según explica el reportaje, Mesa habría recibido un llamado del ministro de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, coordinador nacional de los procesos por delitos de Derechos Humanos desde junio de 2012, para solicitarle recibir a la parte militar para coordinar el traslado de los uniformados procesados hasta la Corte respectiva. Algo peculiar, si se considera que no está entre las atribuciones de Mesa el intervenir frente a las medidas que adoptan los 32 jueces que en todo el país se dedican a esta función con plena potestad de sus actos. "Lo que sí es un hecho es que en la Sala Penal de la Corte Suprema, donde tiene su sillón el ministro Hugo Dolmestch, también tiene su lugar el auditor del Ejército, Waldo Martínez, quien la integra sólo cuando se ven en esa sala los procesos que llegan desde la Corte Marcial. Una cercanía que facilita la comunicación", consigna el reportaje.

Causa extrañeza que el caso tardara 40 años en obtener un fallo que hiciera justicia a sus víctimas. "Una de las razones que podrían explicar esa demora es que varios de los militares inculpados llegaron a ocupar posiciones de generalato y alto mando en el Ejército. Y también, que abrir esa compuerta implica sumergirse en la complicidad que tuvieron con la impunidad funcionarios del Poder Judicial de esa zona que hicieron carrera", señala la investigación. Al día siguiente de cometidos los asesinatos, el propio Ejército aseguró a la prensa que los cadáveres correspondían a militantes de grupos extremistas, versión que finalmente resultó ser falsa.

Cuando el ex ministro Alejandro Solís arribó para colaborar en estos casos de violaciones a los DD.HH., ninguno de los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago con dicha labor se mostró contrario a su llegada. No es de extrañar, si se considera que el grupo de magistrados tiene sobre sus espaldas el deber de lidiar con más de mil causas que aún están pendientes. No así lo manifestó en su momento el abogado de militares procesados, Jorge Balmaceda, quien expresó su rechazo al nombramiento de Solís, calificándolo de "improcedente", mismo argumento que usaría el ministro Hugo Dolmestch para impugnar la contratación de Alejandro Solís.

Consultado por esta materia, Dolmestch aseguró que "lo que se debiera haber hecho es contratarlo bajo mi dependencia para organizar la base de datos y otros apoyos. Y eso es lo que yo iba a plantear en el pleno del viernes (7 de marzo). Pero ya renunció. No es de mi responsabilidad", según consigna el medio de investigación.

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