La entidad dijo que es «de vital importancia para nuestro sistema de acceso a la información, que los órganos del Estado tengan la obligación de conservar registro de sus comunicaciones electrónicas por un periodo de tiempo bien determinado en una norma legal».
La Fundación Ciudadano Inteligente solicitó al gobierno de Michelle Bachelet que restablezca la obligación de conservar los registros de correos electrónicos por al menos seis años, tras conocerse que hace pocas semanas la administración del ex Presidente Sebastián Piñera derogara el Decreto Supremo vigente desde el año 2004, que sí establecía esa obligación.
Mediante un comunicado, la entidad advirtió que la situación generó un vacío legal , ya que dejó a discrecionalidad de los funcionarios públicos la decisión de borrar o no un correo que puede ser relevante en el futuro para los ciudadanos, los órganos contralores, la Justicia y el propio Ejecutivo.
Si bien la normativa en cuestión es consistente con la postura del Gobierno del ex Presidente Piñera de entender los correos electrónicos como comunicaciones privadas asimilables a las telefónicas, y no como intercambio de correspondencia, cabe destacar, señala la fundación, que dicha postura es contraria a las decisiones del Consejo para la Transparencia y a la indicación presentada por el mismo Gobierno al proyecto que modifica la Ley N° 20.285 sobre transparencia y acceso a la información pública. «En dicha indicación se clarifica que los correos son información pública, aunque establece limitantes según los distintos tipos de contenidos que traten», sostiene.
Por ello, Ciudadano Inteligente consideró «de vital importancia para nuestro sistema de acceso a la información, que los órganos del Estado tengan la obligación de conservar registro de sus comunicaciones electrónicas por un periodo de tiempo bien determinado en una norma legal. De lo contrario, la profundización de la incertidumbre que ha afectado a la materia nos seguirá llevando a la vistosa judicialización de las solicitudes de acceso a la información, deteriorando la confianza ciudadana en nuestra institucionalidad de acceso a la información».
Agrega que con esto, «el debate sobre el acceso a la información contenida en la mensajería electrónica que emana de cuentas institucionales de órganos del Estado ha sufrido un notable retroceso». Además, consideró que esta es una oportunidad «para generar estándares que clarifiquen el contenido de los correos electrónicos que pueden enviar los funcionarios del Poder Ejecutivo, estableciendo la obligación de que los correos institucionales sean utilizados exclusivamente para fines acordes con la función que desempeñen».
Finalmente, Ciudadano Inteligente solicitó al Gobierno de Bachelet «que impulse en el Congreso la aprobación de una modificación a la Ley N° 20.285 -sobre transparencia- que consagre los correos electrónicos institucionales del Estado como públicos, y más importante aún, nos parece fundamental demandar una reforma a la Constitución que incluya un reconocimiento explícito al derecho de acceso a la información en su artículo 8°. Lo anterior hará firme el criterio pro acceso que ha tenido el Consejo para la Transparencia, y que se ha visto afectado por los fallos del Tribunal Constitucional en desmedro del derecho de acceso a la información que hoy tenemos los ciudadanos».
