La máxima instancia judicial del país lamentó «el escenario al que se ha visto arrastrada» y dijo que con esto se «ha afectado el principio de separación de poderes».
La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dio a conocer este lunes la postura del Poder Judicial frente al informe emanado de la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados que indagó abusos a menores en centros del Servicio Nacional de Menores (Sename).
Los jueces salieron al paso de la idea planteada por algunos parlamentarios de levantar una acusación constitucional en contra del Magistrado Héctor Carreño, quien habría impedido hacer llegar las denuncias al Ministerio Público, para indagar la presencia de eventuales hechos constitutivos de delito.
Al respecto, el máximo tribunal del país sostuvo:
«No resulta justo ni prudente que, no obstante aceptar los señores parlamentarios que están en conocimiento de esta realidad desde hace años, no se haya legislado al respecto y se pretenda hacer recaer responsabilidad en quienes llevaron adelante acciones destinadas a determinarla en su verdadera dimensión, aprobando una reglamentación con este fin, la cual no se ha podido llevar adelante por carecer de los recursos pertinentes la autoridad administrativa».
«La Cámara de Diputados ha afectado gravemente el principio de separación de poderes, pilar fundamental en un Estado Democrático de Derecho, conforme al cual la función fiscalizadora de la referida Cámara se encuentra autorizada constitucionalmente respecto de los actos del Gobierno, pero en ningún caso respecto del Poder Judicial. Ello sin desconocer que, en el sistema de pesos y contrapesos al interior de nuestro sistema democrático, los magistrados de los tribunales superiores de justicia están sujetos a responsabilidad constitucional, mediante el correspondiente juicio político. Pero nunca por la acción de una comisión investigadora».
«La Corte Suprema de Justicia guardó silencio al observar el quebrantamiento de nuestro orden constitucional reflejado en el obrar de la Comisión Especial Investigadora del Funcionamiento del Servicio Nacional de Menores así como en su informe, en el entendido que no se estaba ante un pronunciamiento expreso de la Cámara de Diputados, el cual, en lo referido a la Corte Suprema, la Cámara tendría la oportunidad de rechazar en su integridad. Sin embargo, ello no ha acontecido, aprobando el proceder y conclusiones de la Comisión Investigadora, desestimando únicamente las propuestas específicas relacionadas con los tribunales. De esta forma la Cámara de Diputados se arrogó facultades de las que carece y que la Constitución Política de la República no le entrega».
«La Corte Suprema lamenta el escenario al que se ha visto arrastrada. Un estado democrático de derecho debe potenciar sus acciones en busca del bien común, en este caso, desarrollar los mayores esfuerzos que tiendan a afrontar un tema de la máxima preocupación. Sin embargo, aquello no se ve reflejado en ninguna acción concreta de parte de los legisladores, que pretenden traspasar la responsabilidad de su inactividad a otras autoridades, las que han afrontado, con sus limitados recursos, una tarea que le excede».
«Se destaca especialmente el proceder inconstitucional de la Cámara de Diputados al declarar anticipadamente la responsabilidad constitucional y política de un ministro de este Tribunal, sin seguir el procedimiento dispuesto por la Carta Política. Así, se ha puesto al margen de los dictados de la Constitución Política de la República y ha emitido pre-juicio sobre el fondo, lo que con miras al debido proceso garantizado por nuestra Constitución, le significa la inhabilidad para conocer de cualquier iniciativa que tienda a efectuar igual pronunciamiento».
