Sábado, 1 de octubre de 2016Actualizado a las 21:38

Las fricciones entre autoridades y organizaciones sociales tras incendio en Valparaíso

Aquí manda el cerro

por 22 abril 2014

Aquí manda el cerro
En un inicio, el gobierno y la municipalidad apostaron por concentrar la ayuda en los albergues y desalojar los cerros arrasados por el incendio que quemó cerca de 3 mil casas en Valparaíso. Pero no resultó. Los pobladores en su mayoría se quedaron acampando en sus terrenos y con la ayuda de estudiantes y voluntarios levantaron organizaciones que ahora se articulan para solucionar los problemas que los afectan, saltándose la institucionalidad. Ya preparan una propuesta de reconstrucción, y afirman que no dejarán que la autoridad tome decisiones por ellos. En el oficialismo reconocen que se equivocaron, pero aseguran que han remediado sus errores y que, con el paso de los días, se han desplegado en los territorios quemados.

Es viernes 18 de abril y han pasado seis días desde que un incendio arrasara con cerca de 3 mil casas en Valparaíso. Uno de los cerros más afectados fue Las Cañas, donde más del 90% de sus viviendas fueron reducidas a cenizas por el fuego proveniente de las quebradas y de los predios forestales que rodean el Camino La Pólvora. Aquí se quemaron el consultorio y la comisaría, prácticamente nada quedó en pie.

Cuando hoy se recorren sus calles y pasajes, se puede observar un puesto levantado por la Subsecretaría de Salud que atiende a los vecinos aquejados por problemas dentales, oftalmológicos y psicológicos. Cerca de ahí, una empresa de alimentos entrega colaciones a los cientos de voluntarios y damnificados que conviven entre polvo y cenizas. Al mismo tiempo, funcionarios del Ministerio de Vivienda recorren la zona aplicando la encuesta de emergencia que servirá de catastro para entregar los bonos anunciados por la Presidenta Michelle Bachelet. Pero no fue así desde el comienzo.

Los primeros días la autoridad no estuvo presente en los cerros. La ausencia de instituciones que organizaran la situación en medio de la emergencia fue el caldo de cultivo para que voluntarios y organizaciones sociales se asociaran y se hicieran cargo de administrar la ayuda que llegaba por toneladas al puerto. Hasta hoy, son ellos quienes administran la mayoría de los centros de acopio, comedores populares y albergues que se esparcen por los cerros afectados.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María, Jorge Maldonado, critica el trabajo de las autoridades y asegura que, más que ayudar, han entorpecido la labor de los voluntarios: “Somos críticos del trabajo que se hizo con las autoridades. Más que aportar, entorpecieron el trabajo de las organizaciones estudiantiles. Como federación, elaboramos credenciales para identificarnos, pero después ellos lanzaron las pulseras que se entregaron de forma muy desordenada. Nos tuvieron horas haciendo filas para entregarlas y después nadie fiscalizó. Antes de eso estábamos funcionando súper bien”.

Paula Quintana, ex ministra de Planificación en el primer gobierno de Bachelet y actual concejal PS por Valparaíso, reconoce que en un inicio el gobierno se equivocó. “Se tomó una decisión en algún minuto de trabajar con la gente damnificada en los albergues, esperando que no hubiera una instalación tan rápida de la gente afectada en los cerros”, afirma.

Ricardo Valdés, encargado de emergencia del municipio de la ciudad puerto, y miembro del Comité Operativo de Emergencias –instancia compuesta por las autoridades del gobierno, el municipio y las fuerzas armadas–, defiende la decisión tomada en un inicio, asegurando que se buscó resguardar la seguridad de los ciudadanos: “¿Cómo puedes tú subir, cuando recién antes de ayer Conaf dio por superado el evento? Tú no puedes subir la misma noche o al otro día a la zona cero, porque no se puede. Los únicos que podían estar ahí son quienes estaban combatiendo el fuego.

“Evacuamos la zona de peligro, llevamos a los afectados hacia el plan. Abrimos los albergues, les dimos abrigo y alimentación. La orden que había era que todo el mundo tenía que evacuar, ahí no debía haber nadie. Nosotros primero teníamos que ayudar a los que evacuamos”, señala Valdés.

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Varios días después de ocurrido el incendio, la autoridad se desplegó en los cerros afectados.

El funcionario municipal aprovecha de criticar a quienes decidieron quedarse en los cerros y no acudir a los albergues. “Los que están arriba no pueden decir nada, porque les hemos entregado la ayuda. Ellos no fueron valientes, sino que fueron arriesgados. Mucha gente no acató la orden evacuada desde la Onemi”.

Aunque Valdés señala que no cuenta con la información de cuántas personas bajaron y cuántas se quedaron, existe consenso respecto a que la mayoría permaneció en las cimas de Valparaíso.

Las críticas entre los afectados son dirigidas en su gran mayoría a las autoridades. Acusan descoordinación y abandono. La concejala Quintana agrega que el municipio colapsó ante la tragedia, lo que colaboró al caos generalizado de los primeros días: “Creo que el municipio ha estado colapsado con la situación, la municipalidad se vio sobrepasada para enfrentar la crisis, no dio abasto”. Con el paso de los días, las diversas autoridades han reconocido problemas logísticos para entregar la ayuda, pero todos afirman que esos problemas se han ido corrigiendo y que ahora la cosa está más ordenada. Dicen que la designación del delegado presidencial para Valparaíso –Andrés Silva, el jueves 17, cinco días después que se desataran las llamas–, vino a poner orden. La fecha coincide con el despliegue de autoridades que comenzaron a subir a los cerros.

Como sea, las organizaciones sociales se anclaron en las poblaciones afectadas por el incendio, y todas coinciden en que seguirán trabajando coordinados, a pesar de los esfuerzos de la autoridad por tomar el control de la situación.

Organizados por fuera

En el límite entre el Cerro La Cruz y Las Cañas, una garita donde se guardan los colectivos de la línea 53 funciona ahora como centro de acopio. Eduardo Ávila, trabajador de los colectivos, organizó el trabajo y ha recibido la colaboración de federaciones estudiantiles. Entre el ajetreo de la descarga de los camiones de ayuda, se da un tiempo para relatar cómo ha funcionado el espacio. Al igual que otros entrevistados, dice que ninguna autoridad lo ha contactado.

“Como a mí no se me quemó nada, me acordé de la garita y del espacio que acá había. Me conseguí las llaves con el secretario y me vine. Sólo se había quemado una parte, arreglamos los baños, con los universitarios sacamos los escombros y lo bautizamos como centro de acopio línea 53. Hoy entregamos 250 almuerzos. Como conozco a todas las personas, los entregamos de forma personalizada. Hasta el momento ninguna de las autoridades se ha acercado. Les pedimos un generador y plástico, pero no ha llegado nada”, señala.

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En varios de los cerros afectados ya se pueden ver pancartas. Las leyendas van desde el agradecimiento a los voluntarios, hasta críticas a las autoridades.

En el mismo cerro, pero más arriba, en la Unidad Vecinal N° 18, la estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Viña del Mar, Miriam Schalchly, acude por turnos a trabajar junto a los pobladores. Asegura que el control de lo que se hace o deja de hacer, lo tienen las organizaciones. “La autoridad intentó ordenar el tema, pero los estudiantes ya estábamos acá. Nosotros hemos dejado en claro que la ayuda de las autoridades se recibe, pero nosotros organizamos”.

La estudiante asegura que la noche del martes pasado se formó un caos en una de las sedes del cerro, porque una delegada de la gobernación llegó a entregar ayuda, “pero no entendía la lógica del cerro y la gente terminó tirándole la comida por la cabeza, porque ella pretendía entregarla según número de familias, y resulta que acá se turnan para ir a buscar la ayuda, porque algunos se quedan cuidando sus terrenos, para que no se los tomen otras personas”. Schalchly agrega que existe rabia con las autoridades, “porque cada vez que suben, lo hacen con cámaras”.

Los ejemplos son numerosos y es cosa de recorrer las zonas afectadas para detectar decenas de organizaciones espontáneas que organizan las soluciones inmediatas para los pobladores. Incluso, los carabineros y militares que resguardan el orden público almuerzan en los comedores levantados por la ciudadanía.

Es viernes al mediodía y en el Club Deportivo Juventud Pajonal, ubicado en pleno Cerro Merced, los vecinos invitan a un grupo de militares que llevan toda la mañana bajo el sol –sólo acompañados por sus fusiles sin cargador-, a almorzar en el comedor comunitario que levantaron apenas ocurrida la tragedia. Cuando los uniformados ponen el primer pie en el caluroso galpón donde opera el Club, una voluntaria española se para de su asiento y les grita “¡yo no puedo estar bajo el mismo techo que unos milicos asesinos!”.

La tensión dura poco, “estos militares son jóvenes que ni siquiera habían nacido para el golpe militar. Además, estamos en otro contexto”, explica Claudio Cisternas, pediatra del Hospital Gustavo Fricke y profesor de la Universidad de Valparaíso, quien desde el primer día tras el incendio se hizo cargo de organizar un centro de salud en el subterráneo del Club Deportivo.

Este mediodía varios estudiantes de Medicina atienden a vecinos que requieren ayuda psicológica y atención por dolores de cabeza y heridas leves. En medio de las camillas instaladas en el lugar, el doctor Cisternas dice que hasta el momento han funcionado bien: “No hemos necesitado al gobierno”. El profesional es de la idea de entregarle ese espacio a la Seremi de Salud, con quien se reunió esta misma mañana. El doctor es un hombre de consensos, aunque reconoce que la relación entre gobierno y comunidad no ha sido fácil.

“Hubo un poco de tensión porque ellos al principio querían hacerse cargo de un espacio que era de la comunidad, pero poco a poco se ha ido solucionando”, plantea.

El miércoles pasado, en conversación con El Mostrador, el dirigente del Club, Eduardo Hidalgo, daba cuenta de lo complicado de las relaciones: “Hemos funcionado tres días, sólo hoy hemos servido más de 1.200 almuerzos, sólo con aportes de gente común y corriente. Tenemos una organización gigantesca, en el comedor hay más de 50 voluntarios trabajando, entre estudiantes, dueñas de casa y dirigentes del club. Nosotros en el Club tenemos centro médico, ayuda psicológica y hasta ayuda veterinaria. Y ante esto, el gobierno viene y dice que nos van a quitar nuestro club para hacer un centro de acopio, sólo porque quieren tomar el control. Ellos están muy desorganizados, tienen todo derrumbado, no saben qué hacer”.

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En el Club Deportivo Juventud Pajonal, Cerro Merced, funciona un centro de acopio, un comedor y un centro de ayuda médica.

Pero a dos días de ese episodio, las cosas han cambiado. Ahora una delegada del gobierno se pasea entre el ajetreo de voluntarios y damnificados con una chaqueta institucional y un megáfono colgado del hombro. Aunque debe preguntarle al dirigente cada decisión que se toma. Hoy Eduardo no quiere agudizar ningún conflicto. “Nos interesa mostrar el trabajo que estamos haciendo”, dice, y agrega que “ahora el trabajo se concentrará en trabajar para la reconstrucción. Queremos instalar una oficina técnica con vecinos del sector para pensar el tema, además vamos a hacer mesas de trabajo con las organizaciones”.

En los próximos días el Club Deportivo Pajonal deberá decidir si le entrega la administración de ese espacio definitivamente a las autoridades. Mientras, están coordinados con las organizaciones que se agruparon en torno al Centro Cultural El Trafón, ubicado en Avenida Francia, y que hoy opera como centro de acopio, albergue y comedor comunitario. Totalmente desligado de las autoridades, tanto del municipio como del gobierno.

Una de las dirigentas que participan de esa coordinadora, Andrea González, encargada de la recién creada Red de Comedores Populares, dice que la organización nació como una forma de ordenar el trabajo, ante el déficit logístico de las autoridades: “La idea nace a partir de las necesidades, pero también se ha ido constituyendo el objetivo de tener puntos de reunión para la gente que va a colaborar con los espacios afectados. La idea es ayudar a los vecinos. La institucionalidad en general entrega ayuda parcelada, y en los últimos días hemos visto que han obstaculizado más que ayudado”.

González cuenta que actualmente tienen funcionando 30 comedores en los cerros afectados, que algunos de ellos alimentan hasta 300 familias, y que la idea es establecer un trabajo a largo plazo. “Nosotros no sólo catastramos, sino que al mismo tiempo compartimos la necesidad de volver a construir tejido social, esa es una de las principales diferencias que tenemos con la institucionalidad. En nuestro caso, la ayuda no es con ojos cerrados, nosotros queremos establecer lazos que coordinen a los pobladores”.

En el corazón del Cerro La Cruz, un ir y venir de vecinos llama la atención. Una pequeña escalera da la bienvenida a una casa donde quedó en pie solamente una reja de madera. En los alrededores sólo se divisan carpas, fogatas y una hilera de escombros compuesta por latones y pedazos de viga. En cambio, tras la reja hay mesas, sillas y fogones. Un grupo de mujeres pican verduras y algunos vecinos almuerzan, pese a que ya son cerca de las siete de la tarde.

Nicolás Eyzaguirre -hijo del ministro de Educación- participa en el Centro Cultural Teatro Container. Mientras observa cómo van y vienen los platos de comida, cuenta que, apenas ocurrió el incendio, junto a sus compañeros se lanzaron a los cerros a levantar comedores populares. “Hay algo que es claro, las organizaciones independientes hemos sido mucho más rápidas y efectivas en resolver los problemas concretos, porque estábamos en los cerros desde hace mucho tiempo”, señala, mientras se limpia la tierra que le decora el rostro.

“Las autoridades entregan canastas familiares, pero acá no hay utensilios ni cocinas. Ellos planifican todo desde el plan”, asegura, haciendo referencia al cuartel general de las autoridades ubicado en el centro de Valparaíso. “Me parece muy valiosa la relación que se empieza a producir entre voluntarios, vecinos y ciudadanos en general”. Una especie de sinergia que crece por fuera de la institucionalidad. Tanto es así, que Eyzaguirre explica que en tan sólo una semana han podido levantar cuatro comedores, ubicados en El Vergel Alto, Las Cañas, La Fontaine y el último en el Cerro La Cruz, donde conversa con El Mostrador.

Algunas horas antes, en el Centro Comunitario Las Cañas, Mauricio Salazar, director de ese espacio, plantea algo similar. “Estuvimos desde el inicio combatiendo el fuego. Tenemos albergue, comedor y centro de acopio. Nosotros controlamos aquí. Las autoridades están perdidas, no cachan lo que está pasando”.

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Mauricio Salazar, del Centro Comunitario Las Cañas.

Salazar asegura que están realizando asambleas para “elaborar una propuesta para la reconstrucción, no nos vamos a quedar con lo que nos diga el gobierno. Nos interesa el tema de la vivienda y un plan de prevención de incendios”. Si bien reconoce que las autoridades han subido a los cerros durante los últimos días “lo han hecho de acuerdo a lo que nosotros les decimos. Pero han actuado mal”.

Mauricio habla rápido y mientras desarrolla su planteamiento, registra todo lo que pasa a su alrededor. Los vecinos le preguntan cuándo van a llegar cocinillas, y él les pide paciencia e informa que hay almuerzos comunitarios. Bajo su dirigencia ordena el trabajo de voluntarios de la Universidad de Playa Ancha, de la Santo Tomás, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, YMCA, y de la comuna de Buin, que llegaron esta mañana a bordo de un bus a colaborar. Salazar cuenta que su Centro Comunitario agrupa a las unidades vecinales 62 y 63, y que son parte de la coordinación que funciona en El Trafón.

Institucionalidad a tropezones

En Las Cañas nadie defiende a las autoridades. Patricio Toro, voluntario de la Universidad Católica de Valparaíso, dispara críticas tanto al gobierno como al municipio. “Se han movido mal, como quieren controlarlo todo, al final no controlan nada. Llevan más de una semana tratando de ponerse de acuerdo y no lo logran”.

La mañana del viernes, el Instituto Nacional de la Juventud intentó ordenar el trabajo de los voluntarios. Para ello, los convocó frente a la Intendencia Regional para entregarles unas pulseras. Las había de siete colores diferentes. El plan era que cada color sirviera para acceder a un cerro específico. Se suponía que se controlaría que sólo pudieran subir a ayudar quienes tuvieran puesta la pulsera. Pero nada de eso ocurrió, nadie fiscalizó las famosas pulseras y, una vez más, subió quien quiso.

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Los grupos de voluntarios disminuyeron luego del llamado de las autoridades a no acudir en masa a los cerros. A pesar de eso, en las federaciones estudiantiles aseguran que seguirán trabajando junto a los pobladores.

Los voluntarios cuentan que perdieron varias horas haciendo filas para obtener una pulsera, y es el reclamo del día entre los jóvenes estudiantes.

La directora regional de Injuv, Cristina Pavés –quien asumió el cargo recién el miércoles–, justifica lo sucedido, apuntando a la geografía de Valparaíso. “El proceso de acreditación buscaba establecer que los jóvenes que subían estuvieran preparados para hacerlo. Les entregamos pulseras a las federaciones. Efectivamente hubo un problema en el control en el acceso a los cerros, pero también muchos de los voluntarios que suben a los cerros acceden por caminos aledaños. Mucha gente pernoctaba en los cerros. Hay un control que no se puede tener”, aclara.

El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Técnica Federico Santa María, Jorge Maldonado, critica el trabajo de las autoridades y asegura que, más que ayudar, han entorpecido la labor de los voluntarios: “Somos críticos del trabajo que se hizo con las autoridades. Más que aportar, entorpecieron el trabajo de las organizaciones estudiantiles. Como federación, elaboramos credenciales para identificarnos, pero después ellos lanzaron las pulseras que se entregaron de forma muy desordenada. Nos tuvieron horas haciendo filas para entregarlas y después nadie fiscalizó. Antes de eso estábamos funcionando súper bien”.

La directora regional del Injuv califica las críticas de injustas, al tiempo que apunta a su buena intención. “Las críticas me parecen un poco mucho, el gobierno ha tratado de tener una buena relación con las organizaciones, entendiendo que son una piedra angular para reconstruir Valparaíso”. Pero la polémica está sazonada por el llamado que hicieron diversas autoridades a fines de la semana pasada para que no asistieran más voluntarios a colaborar en los cerros. Las críticas aumentaron cuando se constató que el número de jóvenes voluntarios bajó considerablemente. De hecho, el Canal 24 Horas dio cuenta este lunes de que solo seis personas estaban ayudando en Ramaditas, uno de los cerros afectados.

El llamado a frenar la ayuda fue la gota que rebasó el vaso para los dirigentes estudiantiles. Maldonado asegura que ahora trabajarán de forma independiente: “Por las descoordinaciones que existieron por parte de las autoridades, nos desligamos de ese trabajo con ellos y apostamos por trabajar de forma más autónoma, y eso lo mantenemos hasta el día de hoy”.

El encargado de emergencia del municipio de Valparaíso, Ricardo Valdés, se defiende y dice que las palabras del alcalde de la ciudad, Jorge Castro, que pidió explícitamente por los medios que no llegaran más voluntarios a la zona, fueron mal interpretadas: “Esa no fue una decisión política, no culpo a ninguna de las autoridades. Claramente discutimos las decisiones que se podían tener, y creo que en este caso la decisión es emanada por el escenario, por la seguridad de ellos. Ya habíamos tenido accidentados. Hay una mala interpretación absoluta de las palabras del alcalde, yo jamás le escuché decir que ‘estos cabros no vengan para acá’. La primera ayuda que ha recibido el vecino yo creo que fue del voluntariado y del estudiante”, asegura.

“Se tomaron malas decisiones. La decisión del alcalde de llamar a que no vengan voluntarios, ha sido un desastre. El fin de semana disminuyeron los voluntarios. Yo haría un llamado a que vengan los voluntarios, porque se necesitan muchas manos. Se hizo una ofensiva comunicacional para que no vengan voluntarios, pero eso fue erróneo, el municipio lo hizo porque había perdido el control”, acusa Paula Quintana.

El panorama no se ve fácil para los próximos días. En Ramaditas ya hace dos noches que algunos vecinos protestan con cacerolazos, alertados por las declaraciones de las autoridades que plantean que deberán expropiar algunos terrenos, debido al riesgo que conlleva volver a construir casas en esos lugares, lo que provoca la ira de vecinos que prefieren mantenerse donde están. En paralelo, las organizaciones que ya se coordinaron trabajan en propuestas de reconstrucción y piden un plan de prevención de incendios.

Para Paula Quintana, lo mejor es acercar la autoridad a las organizaciones ciudadanas. “Hay que facilitar la relación directa con las organizaciones vecinales que se han logrado mantener, es importante que se acerquen directamente a los dirigentes y a los lugares en que hay encargados de territorio. Ellos ya están, eso es mucho más eficiente y mucho más rápido que hacer una planificación 100% centralizada. Porque es la gente del territorio la que tiene la información”, remata.

Flickr: Claudio El Poc 

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