El juez Álvarez señaló que a pesar de haberse aceptado una querella que la sindica como imputada, esto no obliga al Ministerio Público a tomarle declaraciones.
El juez Patricio Álvarez rechazó hoy por «impertinente» la petición de un abogado de citar como imputada a la presidenta Michelle Bachelet por su eventual responsabilidad en la muerte de 156 personas en el tsunami que siguió al terremoto que devastó varias regiones chilenas el 27 de febrero de 2010.
La resolución, según informaron fuentes judiciales, la adoptó el juez en el VII Juzgado de Garantía de Santiago y se refiere a una petición del abogado Raúl Meza, que desde hace varios años busca que Bachelet sea imputada en el caso.
Meza, que representa en el caso a los familiares de algunas víctimas, presentó hace algún tiempo una querella contra la mandataria por su eventual responsabilidad en las muertes.
En la madrugada del 27 de febrero de 2010 un terremoto de 8,8 grados de magnitud devastó seis regiones del centro y sur de Chile, que dejó 526 muertos, 156 de ellos atribuido a un tsunami que siguió a la sacudida sísmica, 800.000 damnificados y daños materiales por 30.000 millones de dólares.
La justicia abrió una investigación por eventuales responsabilidades de algunas autoridades, incluidos el entonces subsecretario del Interior, Patricio Rosende, y la directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi), Carmen Fernández, por una fallida alerta del tsunami que siguió al cataclismo.
También están imputados algunos oficiales de la Marina, responsables del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa), organismo que debía dar la primera alarma de un eventual tsunami.
El juez Álvarez, en su resolución de hoy, señaló que a pesar de haberse presentado y aceptado a trámite una querella que sindica como imputada a la presidenta de Chile, «esto de modo alguno importa una obligación para el Ministerio Público en orden a tomar declaración al querellado en calidad de imputado».
Recordó además que el Ministerio Público «no formalizó los hechos contenidos en la querella presentada por el abogado Meza, cerrando la investigación y clausurando así toda posibilidad de reabrirla».
El magistrado, no obstante, aprobó reabrir la investigación en otra arista del caso, solicitada por la defensa del exoficial de la Armada Mariano Rojas, que era el jefe del Shoa al ocurrir los hechos.
La decisión obedece a que la aparición de antecedentes nuevos sobre María Cecilia Celaya, una oceanógrafa de ese organismo, podría aportar datos hasta ahora no considerados sobre responsabilidades en las muertes ocasionadas por el tsunami.
