Alicia Lira, de la Agrupación de Ejecutados Políticos, llamó a cerrar el penal de Punta Peuco, mientras Roberto D’Orival dijo que Agustín Edwards debe responder por instigar y promover el golpe de Estado y la violación de los derechos humanos.
Decenas de familiares y amigos de los 119 detenidos desaparecidos a los cuales la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), pretendió hacer aparecer como muertos en luchas intestinas, realizaron este jueves una manifestación pacífica frente a la sede gubernamental, al conmemorarse 39 años de la operación mediática.
Los manifestantes marcharon durante más de una hora en torno al Palacio de La Moneda y reclamaron justicia.
La Operación Colombo fue un montaje comunicacional de la dictadura que buscó desacreditar las denuncias sobre detenidos desaparecidos que habían sido secuestrados por la Dina.
El 24 de julio de 1975, los chilenos leyeron en los kioscos titulares como “El MIR asesina a 60 de sus hombres en el exterior” en La Tercera; “Identificados 60 miristas ejecutados por sus propios camaradas”, en El Mercurio; “Sangrienta pugna del Mir en el exterior”, en Las Últimas Noticias, y “Exterminados como ratones” en La Segunda.
Roberto D’Orival –hermano de Jorge D’Orival, detenido desaparecido–, coordinador del Colectivo 119, Familiares y Compañeros, señaló que la actividad pretendió “exigirle al gobierno, a la Presidenta Michelle Bachelet y a toda la sociedad una actitud más clara y decidida en contra de la impunidad”.
“Uno de los hitos relevantes en este sentido es que Agustín Edwards, el dueño de El Mercurio, pague, responda ante la justicia por su responsabilidad en la instigación en la promoción del golpe de Estado y la violación de los derechos humanos”, dijo.
“Nos es democrático que un promotor de la violación a los derechos humanos, un promotor del golpe cívico-militar siga marcando la agenda política de este país, expresó.
Asimismo, señaló que “la justicia tiene una responsabilidad muy grande, puesto que en un primer momento los jueces de la Corte Suprema negaban la existencia de nuestros familiares en los recintos de la Dina. Mediante un sencillo trámite, llamaban a Manuel Contreras y éste decía no está en nuestras manos y ellos con eso no acogían los recursos de amparo”.
Para el director y sobreviviente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Higinio Espergue, “la memoria de ellos está viva en cada uno de nosotros porque fueron hombres y mujeres comprometidos con sueños de construir una sociedad más justa y más hermosa para todos”.
“El significado de lo que hacemos hoy es que las nuevas generaciones puedan recoger estas enseñanzas de gente que tuvo un compromiso ético, de servicio social y de lucha junto a su pueblo”, puntualizó.
Por su parte, Alicia Lira, Presidenta de Agrupación de Ejecutados Políticos indicó que queremos “mostrarles a los ciudadanos, al gobierno, a casi 41 años del golpe cívico-militar, a 25 años de gobiernos democráticos, que aún estas personas, mujeres y hombres esperan que se investiguen sus crímenes y se haga justicia, este es el símbolo de la impunidad que hay en este país, por eso sacamos sus rostros, de mujeres y hombres que entregaron todo por su patria”.
“Aquí está la memoria histórica, sus familiares y la ciudadanía están comprometidos en este país para que haya verdad y justicia, tienen que aplicarse los convenios y tratados internacionales, anularse el decreto Ley de Amnistía y cerrarse el Penal Punta Peuco, que es un atentado a la dignidad de los familiares y las víctimas que tengan a los violadores a los derechos humanos en hoteles”.
En tanto, Beatriz Bataszew, sobreviviente e integrante de la Asociación Casa de Tortura Venda Sexy, llamó a las autoridades a legislar “en una iniciativa legal para tipificar el delito de violencia sexual, como un crimen de lesa humanidad, distinto al de la tortura, imprescriptible e inamnistiable, sin derecho a indulto y con penas concordantes a la gravedad del delito”.
También Bataszew instó al Ministerio Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), a hacerse “parte ante los tribunales chilenos de todas las querellas interpuestas por mujeres objeto de tortura y/o violencia política sexual durante la dictadura”.
