Carlos Cortés cuestiona los seis meses de reserva decretado por el Ministerio Público
Respecto a las facturas y boletas ideológicamente falsos, el defensor del legislador gremialista sostiene que «en estos casos, los contribuyentes pagaban las boletas en cuestión, por lo que, tal como lo señaló el abogado Samuel Donoso, es bastante estúpido pensar que para ahorrarse 300 pesos, la empresa haya pagado una boleta de 1.000 pesos».
Carlos Cortés, abogado del senador de la UDI Jaime Orpis, insistió en que el legislador gremialista es inocente de los cargos que se le imputan y cuestionó los seis meses de reserva de la investigación en el caso Corpesca que decretó el Ministerio Público.
En entrevista a La Tercera, Cortes señaló que “es imposible vincular el financiamiento de campaña a la tramitación de una ley que surgió años después”, en referencia a los $ 230 millones que la empresa pesquera le canceló a Orpis.
En cuanto a que el decreto de reserva afecta el debido proceso, el abogado señaló que «el derecho a conocer las diligencias y el curso de la investigación es un derecho de todo imputado. Invocar la norma que permite decretar el secreto de la investigación en el contexto actual afecta derechamente el derecho a la defensa. La norma de la Ley de Lavado de Activos se justifica en casos que los hechos investigados se estén desarrollando en paralelo a la investigación y la publicidad de la investigación o sus diligencias pongan en peligro el éxito de las diligencias. Aquí estamos hablando de hechos ocurridos hace más de cinco años y de una investigación que todo Chile sabe que existe. Ciertamente estamos en presencia de un abuso».
Asimismo, rechaza que puedan existir antecedentes que podrían vincular al senador con delitos de lavados de activos, mencionando que ese tipo de delito «supone y exige la concurrencia de delitos bases. En el caso del senador Orpis no ha cometido ningún delito».
Respecto a cuándo declarará el legislador opositor, Cortés precisa que lo hará cuando sea citado y «lo hará en el lugar que coordinemos con el Ministerio Público. Qué fiscal concurra es resorte del fiscal nacional».
«Para que exista el delito de cohecho, debe de existir una oferta o solicitud de un beneficio económico vinculado a un acto propio del cargo del funcionario público respectivo. En primer lugar le debo señalar que el financiamiento de la campaña del senador fue acordado en 2010. La Ley de Pesca no existía a la fecha. Su tramitación comenzó más de un año y medio después. Por tanto, es imposible vincular el financiamiento de campaña a la tramitación de una ley que surgió años después. En segundo lugar, ya a finales del año 2011, la gerencia general de Corpesca se manifestó en contra del proceso de licitación que establecía el proyecto de ley. ¿Sabe cómo votó el senador Orpis?, a favor de las licitaciones, en contra de los intereses de Corpesca. En relación al tema tributario, la pregunta debe ser respondida por quienes recibieron dichas boletas. Es de público conocimiento que Corpesca rectificó dichas boletas y el SII aceptó el pago de acuerdo al tratamiento que la ley le da al gasto rechazado», explicó.
El abogado también explica las razones por las que su cliente le llegaban minutas de Corpesca, afirmando que «recibió múltiples documentos, de ONGs, Asociación Gremial de Pesqueros del Norte y otros. Siempre los parlamentarios reciben opiniones de todos los actores afectados durante la tramitación de los diferentes proyectos de ley. Lo relevante es la votación final que realice el parlamentario en cuestión. El senador votó a favor de un proyecto que iba en contra de los intereses manifestados públicamente por Corpesca».
Además, descartó que Orpis haya presentado un requerimiento a la Contraloría para rectificar la cuota de pesca del jurel, indicando que «Lo que se verificó fue que él, junto a todos los senadores que representan al norte y de todas la representaciones políticas, consultaron sobre la legalidad de un decreto, situación que fue analizada por la Contraloría y les dio la razón. El decreto estaba mal hecho».
Respecto al temor que la fiscalía pueda formalizar a Orpis solicitando medidas cautelares como la prisión preventiva, el abogado explica confiar en que los antecedentes que serán entregados en la investigación sean suficientes para que «los fiscales se convenzan que aquí no se ha verificado delito alguno».
Sobre las facturas o boletas ideológicamente falsas, Cortes señaló que «los delitos tributarios, en general, están dirigidos a sancionar a los contribuyentes. Dicho eso, debe precisarse que el fin último de la norma penal tributaria es penalizar a quién por un medio fraudulento busca pagar menos de lo que debe. Ahorrarse a lo que está obligado. En estos casos, los contribuyentes pagaban las boletas en cuestión, por lo que, tal como lo señaló el abogado Samuel Donoso, es bastante estúpido pensar que para ahorrarse 300 pesos, la empresa haya pagado una boleta de 1.000 pesos».
