Según el texto, un 16% de los estudiantes de la RM accederán a la gratuidad, mientras que en la Región de O’Higgins el 1%
El informe que ha sido tomado como un «borrador» que incluye los cambios anunciados por la presidenta Michelle Bachelet en el pasado cónclave de la Nueva Mayoría, ratifica el 50% de cobertura y asegura poner el énfasis en financiar la oferta académica y no la demanda. por otra parte da a conocer los porcentajes de cobertura a nivel regional y hace una comparación entre IES elegibles y no elegibles.
Esta tarde en una sesión especial de la Cámara de Diputados, destinada a analizar los anuncios relativos a la reforma de gratuidad, la ministra Adriana Delpiano, acompañada del ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, se refirió a los cambios realizados al proyecto de Gratuidad.
El discurso habría estado basado en un escrito post cónclave, por lo que incluye los cambios anunciados por la presidenta Michelle Bachelet. El texto «Minuta Gratuidad 2016», cuenta de dos planas y media y da a conocer a grandes rasgos las bases para el proyecto de gratuidad.
La minuta establece que «la gratuidad garantiza la educación superior como un derecho, que no depende de la capacidad de pago sino que del mérito del estudiante», además ratifica la gradualidad de su implementación.
Según la minuta el proyecto «supone un cambio de paradigma: deja atrás la lógica del voucher o las becas asignadas al estudiante, y se pasa a una lógica de financiamiento basal a las instituciones (o financiamiento a la oferta). El estudiante es sujeto de un derecho, y el Estado financia a las instituciones para que los estudiantes puedan ejercer su derecho donde prefieran».
Además explica que es necesario «diferenciar entre Becas y Gratuidad; beca es un subsidio al estudiante (a la demanda) para pagar el arancel en una lES en que cobra aranceles (y que los define sin ninguna regulación); además existe co-pago auto-financiado del bolsillo o con un crédito (FSCU o CAE). Por el contrario, en gratuidad es el Estado quien financia el costo del pregrado en la lES (a la oferta) y los estudiantes ingresan a una lES gratuita».
El principio de financiamiento basal a las instituciones, por ende un financiamiento a la «oferta» y no a la demanda, como lo establece actualmente el sistema, vendría a ser un avance hacia una demanda proveniente desde las Universidades Estatales, así lo han determinado desde la Corporación de las Universidades Estatales (UE), por medio de su vicepresidente, rector de la Universidad de Antofagasta, quien ayer aseguró que el proyecto «debe apuntar a financiar la oferta académica y no la demanda. Poniendo énfasis en la necesidad de la sociedad y de lo que quiera potenciar el Estado».
Cercanos al círculo estatal plantean que la propuesta, a pesar de establecer una demanda histórica del movimiento por la educación, son «sólo palabras», si no establece un margen claro de acción y aumenta realmente el porcentaje de aporte basal, sin esto «no es una real gratuidad».
El documento también corrobora que la gratuidad «se implementará, como un primer paso, vía Ley de Presupuestos en el año 2016» y establece que el la ley que definirá «el régimen permanente de gratuidad», será enviado el segundo semestre al Congreso.
«La gratuidad 2016 se implementará inicialmente sobre un subconjunto de instituciones y/o estudiantes, la cobertura viene definida por:
Instituciones que cumplen con los requisitos públicos, la caracterización socioeconómica (decil1 al 5, $163.000 per cápita)», además establece que financiará el 100% de la duración de las carreras presenciales diurnas y vespertinas y su costo anual de un arancel regulado».
El texto establece que en el caso de CFT e IP, las instituciones deben estar acreditados «de acuerdo a lo establecido por la Ley 20.129, y estar constituidos como una persona jurídica sin fines de lucro».
En el caso de las universidades, deben pertenecer al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), «o ser una universidad privada creada después del año 1981 y cumplir con los siguientes criterios: estar acreditadas por 4 años o más; no poseer, como integrantes de la corporación o fundación universitaria, sociedades comerciales con fines de lucro y considerar representantes de los estamentos estudiantil y/o funcionario, a lo menos con derecho a voz, en algún órgano de gobierno superior del plantel, de acuerdo a lo establecido en los estatutos actualmente registrados en el Mineduc».
Un punto que llama la atención es el de cobertura regional, según los datos del Consejo Nacional de Educación, este 2015 la matrícula total de pregrado fue de 1.152.125 estudiantes, matrícula que es concentrada a nivel país en tres regiones, la Metropolitana (47%), del Bío-Bío (13%) y de Valparaíso (11%), las que suman el 71% del total de los estudiantes.
Según el documento el porcentaje de cobertura para el 2016 en la Región Metropolitana es de un 16%, para el Bio Bio un 23% y para Valparaíso un 27%. Panorama muy distinto al que ocurre con las regiones que concentran menos estudiantes y que son más extremas, en la región de O’Higgins, sólo el 1% de los estudiantes de 2016 accederán a la gratuidad, actualmente esta región tiene más de 29 mil estudiantes de educación superior.
Para los diputados DC Sergio Espejo y Ricardo Rincón esto ocurriría porque no se considera «las variables y características especiales de cada región, en cuanto a oferta educacional, para poder cumplir con el objetivo central: apoyar a los más vulnerables, sin discriminación». «Creemos que la mirada no debe ser centralizada e invitamos al Gobierno a mirar en detalle lo que ocurre en cada región», aseguraron por medio de un comunicado, tras la exposición de la ministra en la Cámara.
Según el experto en educación superior, Jaime Retamal, este «borrador», tiene tres problemas: primero, tiene una mirada reduccionista, ya que no se enfoca en las necesidades del país, sino que en la dicótoma de financiar la demanda o la oferta, «si vamos a entregar plata para que la gente estudie lo que quiera eso es dejar en manos del mercado», aseguró.
El segundo es la baja cobertura inicial de un 50%, «eso se debe a que se optó por incluir a las instituciones también privadas para el proyecto, me parece bastante desfavorecido darle cabida a universidades privadas», teniendo en cuenta el «bajísimo estándar» que se le requiere a estas instituciones.
Lo tercero es que «se va a financiar a CFT e IP sin fines de lucro», teniendo en cuenta que la legislación actual no les prohíbe lucrar, «de nuevo hay vicios de improvisación, dejándose llevar mucho por los intereses, no pensando en las necesidades sociales», dijo Retamal.
Desde la oposición, por medio de un comunicado enviado tras la exposición de la ministra, la jefa de Bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) e integrante de la Comisión de Educación, María José Hoffmann, dijo que «la idea de esta sesión era revertir la decisión del Gobierno de discriminar a los alumnos de la educación superior. Si bien esta semana hemos tenido noticias, el Ejecutivo no corrige completamente la discriminación y se sigue segregando, especialmente a la educación técnica». Además el diputado Jaime Bellolio aseguró que el proyecto viene «con letra chica» y enfatizó que “el foco debe estar puesto en los estudiantes más vulnerables”.
Finalmente recalcó que «queremos saber cuáles van a ser los requisitos, porque si el costo de la gratuidad es la autonomía universitaria, significa que se terminan las universidades. La autonomía de las instituciones universitarias es la esencia y alma de ellas. Terminar con la autonomía es terminar con las universidades».
Finalmente la diputada PPD Cristina Girardi, hizo hincapié en que este sería un documento previo, que «aún no incluye los cambios propuestos en un diálogo, un borrador». De todas maneras la integrante la Comisión de Educación marcó su posición e indicó que «debiesen ser solo las universidades del Estado en un inicio, antes de incluir cualquier universidades», ya que no es posible que establecer que no exista lucro en cualquiera de las instituciones privadas, debido a que «no hay ninguna investigacion acabada de parte del Estado en esta materia».
Aún no hay una fecha determinada para presentar el proyecto de gratuidad universal al Congreso, por el momento sólo se ha establecido que el envío se realizará durante el segundo semestre de este año.
