14 militares deberán cumplir condena por secuestro y asociación ilícita
El general (r) y ex auditor del Ejército, Fernando Torres Silva, tendrá que cumplir una pena de 10 años de cárcel sin beneficios. En el aspecto civil, el máximo tribunal acogió el recurso de casación planteado por el fisco y se rechazó la demanda civil presentada por familiares de la víctima.
La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la investigación por los delitos de asociación ilícita, secuestro y homicidio del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos Sagredo, ilícitos perpetrados a partir de octubre de 1991, en Chile y Uruguay.
En un fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Lamberto Cisternas– rechazó los recursos de casación y confirmó las penas dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de 14 militares en retiro de Chile y Uruguay, incluido el ex fiscal militar y ex auditor del Ejército Fernando Torres Silva, quien tendrá que cumplir una condena de 10 años y un día de presidio, sin beneficios, como autor del delito de asociación ilícita.
El voto disidente corrió por parte de Dolmestch, quien estuvo por acoger dichos recursos, y de dictar «el correspondiente fallo de reemplazo de la sección penal, absolutorio por ese cargo».
En el aspecto civil, se acogió el recurso de casación planteado por el fisco y se rechazó la demanda civil presentada por familiares de la víctima.
Torres Silva, conocido como uno de los Fiscales Favoritos de Pinochet, fue reconocido por llevar los procesos en contra del FPMR, también acusó a la Vicaría de la Solidaridad de amparar a terroristas. En 1973 integró los Consejos de Guerra, luego fue asesor presidencial de Pinochet.
El abogado estuvo a cargo de la investigación del atentado contra Pinochet y de la internación de armas en Carrizal Bajo. En su obsesión por el FPMR llevó una línea investigativa en contra de la Vicaría de la Solidaridad, empecinado en que estaba infiltrada por los militantes del grupo de resistencia a la dictadura.
En 1988, según el archivo de la Vicaría de la Solidaridad, «por cuatro votos contra uno, la Corte Marcial acoge sorpresivamente un recurso de queja del vicario de la Vicaría de la Solidaridad, Sergio Valech, alegando que el fiscal Torres ha sobrepasado sus atribuciones al entrometerse en la organización y funcionamiento de la Vicaría. El fallo le ordena a Torres mantener la investigación sólo respecto de los hechos estrictamente vinculados con el asalto a la Panadería Lautaro –que llevaba desde un inicio–. Seis días después, Pinochet le pide la renuncia a toda la plana mayor del escalafón de Justicia del Ejército, entre ellos el general Joaquín Erlbaum, quien había votado contra Torres», sentencia que posteriormente fue revocada.
En 1989 el fiscal cierra la investigación sobre el atentado a Pinochet, pide la pena de muerte para los 9 militantes de FPMR que han sido detenidos por el atentado de 1986. Ya en democracia estuvo a cargo de la defensa judicial de los militares implicados en casos de violaciones a los derechos humanos. Además, sindicado como uno de los responsables de no advertirle a Pinochet que su viaje a Londres podría ser peligroso, tras el cual es detenido.
El caso Berríos no es como otros, el químico de la Universidad de Concepción, fue militante de Patria y Libertad, antes de ser parte de la DINA, allí estuvo a cargo del proyecto Andrea, a partir de cual experimentó con el gas sarín, que causa la muerte a través de parálisis neurológica, sigilosa arma utilizada en dictadura en los casos de la muerte del Conservador de Bienes Raíces Renato León Zenteno (1976), y el caso del cabo del miembro del Ejército y agente de la DINA Manuel Leyton (1977), entre otros.
El químico habría estado implicado en distintas causas: en el asesinato de Orlando Letelier, cometido el 21 de septiembre de 1976. En la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva y el envenenamiento de prisioneros políticos, en 1981. Y por último en la muerte del diplomático español Carmelo Soria, en julio de 1976.
Eugenio Berríos no mantenía un bajo perfil, en reiteradas ocasiones se denominó como «el químico de Pinochet», que podía causar la muerte con una sola gota de su fórmula. En plena transición, en octubre 1991, el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Adolfo Bañados citó a Berríos a declarar en la investigación del asesinato Letelier, lo que fue un problema para los pinochetistas, ya que Berríos al ser civil no estaba bajo los pactos de silencio de la institución, según relata el sitio Memoria y Justicia.
Esta habría sido la razón por la que la Dirección General del Ejército decide sacar a Berríos fuera de Chile. «El 26 de octubre de 1991 militares chilenos en colaboración con sus pares uruguayos sacaron a Berríos de Chile, trasladándolo a Montevideo, Uruguay por medio de Río Gallegos, Argentina. En 1991, la DINA creó una unidad con la misión específica de sacar a Berríos de Chile».
Durante 1992, Berríos residió en Montevideo, bajo vigilancia constante de militares chilenos. En noviembre 1992 fue trasladado a la propiedad del capitán Jaime Torres Gacitúa, en Parque de Plata, Uruguay, ese mismo mes el químico llamó al Consulado de Chile y pidió la documentación necesaria para regresar a Chile, se escapó de la casa de Parque de Plata y solicitó ayuda en una comisaría policial.
Tras ser entregado al teniente coronel Tomás Cassella, jefe de Operaciones de Contrainteligencia, Berríos siguió viviendo como prisionero otros tres meses. Finalmente fue ejecutado en la playa de El Pinar, Uruguay, sus restos fueron descubiertos en abril del 1995 y mostraron evidencia de fracturas craneales como consecuencia de dos entradas de bala. Pruebas de ADN confirmaron que los restos correspondían a Berríos.
En su calidad de oficial de justicia, Fernando Torres Silva fue uno de los hombres fuertes del régimen de Augusto Pinochet. Además de su participación en el caso Berríos, se hizo cargo durante la dictadura de los casos más relevantes de grupos de izquierda que se articularon contra el gobierno de facto y organizaciones de Derechos Humanos le atribuyen un rol clave en el entrampamiento de numerosas causas que involucraban a militares.
Además de Torres Silva fueron condenados:
–Arturo Silva Valdés: 15 años y un día de presidio, como autor del delito de secuestro con homicidio, más 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios;
–Hernán Ramírez Rurange: 10 años y un día, como autor del delito de secuestro; 10 años y un día, por asociación ilícita, y absuelto de obstrucción a la justicia. Sin beneficios;
–Eugenio Covarrubias Valenzuela: 10 años y un día, como autor de secuestro; 5 años y un día por asociación ilícita, absuelto de su participación como encubridor de secuestro con homicidio y obstrucción a la justicia. Sin beneficios;
–Jaime Torres Gacitúa: 10 años y un día, como autor de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios;
–Manuel Provis Carrasco: 10 años y un día, como autor de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios;
–Pablo Rodríguez Márquez: 10 años y un día, como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios;
–Raúl Lillo Gutiérrez: 10 años y un día, como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Absuelto del cargo de obstrucción a la justicia. Sin beneficios;
–Manuel Pérez Santillán: 5 años y un día, como cómplice de secuestro y absuelto del cargo de asociación ilícita. Sin beneficios;
–Tomás Casella Santos (militar uruguayo): 10 años y un día, como autor de secuestro y 5 años y un día por asociación ilícita. Sin beneficios;
–Eduardo Radaelli Copolla (militar uruguayo): 10 años y un día, como autor de secuestro y 800 días por asociación ilícita. Sin beneficios;
–Wellington Sarli Pose (militar uruguayo): 5 años y un día, como cómplice de secuestro y 60 días asociación ilícita. Sin beneficios;
–Marcelo Sandoval Durán: 10 años y un día, como autor de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto por infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios;
–Nelson Román Vargas: 10 años y un día, como autor de secuestro, 800 días por asociación ilícita y absuelto del cargo de infracción al artículo 295 bis del Código Penal. Sin beneficios.
El dictamen también absuelve a cinco procesados:
–Enrique Ibarra Chamorro: absuelto de responsabilidad como autor del delito asociación ilícita;
–Mario Cisternas Orellana: absuelto por su responsabilidad como autor de infracción al artículo 295 bis del Código Penal;
–Nelson Hernández Franco: absuelto por su responsabilidad como autor de infracción al artículo 295 bis del Código Penal;
–Érika Silva Morales: absuelta por su responsabilidad como autora de infracción al artículo 295 bis del Código Penal, y
–Emilio Rojas Gómez: absuelto por su responsabilidad como autor del delito de obstrucción a la justicia.
